Más de 800 armas y tecnología incautadas en Operación Dominó del INPEC ¿Por qué no se hizo en la cárcel de Itagüí?

En una operación llevada a cabo en las ultimas horas, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) realizó la Operación Dominó, y reportó la incautación de 796 celulares, 813 armas de fabricación artesanal, y 1.250 litros de alcohol en 124 centros reclusorios del país.

Esta intervención, según el instituto, se enmarca en la «emergencia carcelaria y la lucha contra la corrupción» del INPEC.

Las autoridades intervinieron a un total de 23,470 personas privadas de la libertad, con la participación de 3,179 funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia. Entre los elementos tecnológicos confiscados se encuentran 2,712 accesorios para celular, 485 tarjetas SIM, un módem WiFi y 17 USB. Además, se decomisaron casi 13 kilogramos de estupefacientes y 44 elementos de pólvora.

A pesar de estos hallazgos significativos, persiste la preocupación sobre las condiciones dentro de las cárceles.

¿Y La Paz?

Tras estos operativos surge un interrogante sobre por qué no se realizaron estas intervenciones en la cárcel de máxima seguridad de La Paz en Itagüí, donde se encuentran recluidos varios cabecillas que forman parte de la mesa de paz urbana en Medellín.

Según fuentes, este centro penitenciario, fortín de los combos de Medellín, es prácticamente administrado por la Senadora Isabel Zuleta quien tendría intereses políticos alrededor de la «Paz Total».

Recientemente Zuleta, en sus redes sociales, avaló el discurso de la mesa de paz de Itagüí respecto a la reducción histórica de los homicidios en la capital de Antioquia y es ella quien hace «seguimiento» a los avances de la llamada «Paz Total».

Cabe recordar que en junio de 2023, luego de instalada la mesa de Itagüí en la que figuran voceros de las estructuras criminales como «Carlos Pesebre» y alias Lindolfo, se reveló que al centro carcelario fueron ingresados materiales de construcción permitiendo a los reclusos modificar espacios a su antojo.

La directora del INPEC en el noroeste del país, Imelda López Solórzano, confirmó esos hallazgos entre los que incluso hubo cambio de pisos en las celdas, colchones ortopédicos y hasta el ingreso de piscinas inflables para celebraciones para los hijos de los privados de la libertad. Para la fecha, López solicitó un proceso de control interno para esclarecer cómo se permitió dicha situación y afirmó que desconocía quién emitió las autorizaciones. Hasta el día de hoy no hay resultados de dicha investigación.

Quedan en el ambiente varias preguntas: ¿Porqué no se intervino en la Cárcel La Paz? ¿Acaso hay algo que ocultar? ¿Quién o quienes tienen el control de dicho centro penitenciario? ¿Gozan los cabecillas de la estructuras criminales del Valle de Aburrá de privilegios?

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