La Agencia Nacional de Tierras (ANT) emitió este viernes 26 de junio un comunicado en el que expresó su rechazo frente a los hechos de violencia registrados durante la última semana contra comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes en distintas zonas del país.

Según la entidad, los ataques no corresponden a situaciones aisladas, sino que responderían a un patrón de intimidación y persecución dirigido contra personas beneficiarias de los programas de acceso a tierras impulsados por la Reforma Agraria.

La ANT sostuvo que el incremento de estas acciones violentas buscaría frenar los avances en la implementación del Punto 1 del Acuerdo Final de Paz, relacionado con la reforma rural integral.

En el comunicado, la Agencia expuso cuatro hechos que calificó como especialmente preocupantes.

El primero ocurrió en la vereda Nare, en Puerto López (Meta), donde una familia campesina beneficiaria del programa de acceso a tierras en el predio La Primavera fue atacada por hombres armados durante la madrugada del 25 de junio. De acuerdo con la ANT, los agresores ingresaron a la vivienda, golpearon a sus ocupantes —entre ellos una menor de edad—, incendiaron sus pertenencias y destruyeron elementos utilizados para su sustento.

El segundo caso corresponde a la Hacienda La Palmira, en Córdoba, un predio recuperado por la Agencia en julio de 2025. Allí, los campesinos beneficiarios habrían recibido amenazas de muerte por parte de particulares que, según la entidad, buscan mantener el control ilegal de esos terrenos.

La ANT también denunció amenazas contra integrantes del consejo comunitario Zabaletas, en Tuluá, Valle del Cauca, las cuales tendrían como propósito intimidar a comunidades afrodescendientes asentadas en tierras entregadas por la entidad.

Finalmente, informó que un contratista de la Agencia en Antioquia fue amenazado por un grupo que se identificó como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

La entidad señaló que estos hechos se producen en un contexto más amplio de agresiones contra líderes y comunidades rurales, entre los casos mencionados se encuentra el asesinato del campesino Alfredo Vasco, ocurrido semanas atrás en el predio La Regina, ubicado en Valle del Cauca y administrado por la Sociedad de Activos Especiales. Asimismo, recordó el homicidio de la lideresa indígena Omaira Pancho, registrado el pasado 22 de junio en el municipio de Inzá, Cauca.

Ante este panorama, la Agencia Nacional de Tierras hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación, a la fuerza pública y al Ministerio Público para que adelanten de manera inmediata las investigaciones correspondientes, identifiquen a los responsables materiales e intelectuales de los ataques y fortalezcan las medidas de protección para las comunidades que se encuentran en riesgo.

La entidad reiteró que el acceso a la tierra constituye un elemento fundamental para garantizar condiciones de vida digna y fortalecer la soberanía alimentaria del campesinado colombiano.

Finalmente, la ANT manifestó su solidaridad con las víctimas de los recientes hechos de violencia y afirmó que continuará desarrollando la política de Reforma Agraria, al señalar que este proceso seguirá adelante pese a las amenazas denunciadas.

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