Promigas y Gases del Caribe afirmaron que decisión de tribunal canadiense sobre Canacol aún no tiene efectos en Colombia

Tras el fallo emitido por la Corte del Banco del Rey de Alberta, en Canadá, que autorizó a Canacol Energy a finalizar diversos contratos de transporte y suministro de gas natural como parte de su proceso de reestructuración financiera, Promigas S.A. E.S.P. y Gases del Caribe S.A. E.S.P. manifestaron que dichos contratos continúan vigentes bajo la legislación colombiana y que la decisión judicial extranjera no tiene aplicación automática en el territorio nacional.

Las dos compañías explicaron que el pronunciamiento del tribunal canadiense, conocido como Disclaimer Order, debe ser sometido previamente al procedimiento de reconocimiento previsto en la legislación colombiana. Ese trámite corresponde a la Superintendencia de Sociedades, entidad que deberá establecer si la decisión cumple con los requisitos establecidos en la Ley 1116 de 2006 y verificar que no afecte el orden público económico ni los derechos de los acreedores en Colombia.

Promigas informó que el fallo hace referencia a dos contratos de transporte firme de gas natural suscritos en 2020, además de un contrato de fiducia mercantil de garantía y administración firmado en julio de 2023. Entre tanto, Gases del Caribe indicó que la decisión comprende los contratos de suministro identificados como CECSAS-CF-GDG-45-2022 y CNE-CI-GDC-05-2025.

Las empresas señalaron que continuarán adelantando las actuaciones jurídicas correspondientes tanto en Colombia como en Canadá con el propósito de defender los derechos derivados de esos contratos y preservar la continuidad del servicio para los usuarios.

La decisión adoptada por la justicia canadiense también generó reacciones en el sector industrial colombiano debido a las implicaciones que podría tener sobre el suministro de gas natural. Uno de los casos expuestos fue el de Cerro Matoso, compañía que informó que aproximadamente el 82 % del gas utilizado en su operación proviene de Canacol Energy.

De acuerdo con la empresa minera, durante las últimas semanas ya se habían registrado reducciones unilaterales en la entrega del combustible, situación que, según indicó, podría comprometer la continuidad de sus actividades productivas si el suministro llegara a interrumpirse.

Cerro Matoso explicó que la eventual suspensión del abastecimiento de gas afectaría el funcionamiento de los hornos utilizados para la producción de ferroníquel. La compañía sostuvo que una detención de estos equipos podría ocasionar daños estructurales y que su recuperación demandaría un periodo superior a diez meses, además de inversiones estimadas entre 550.000 y 730.000 millones de pesos por cada horno.

La empresa también señaló que una eventual interrupción de sus operaciones tendría efectos sobre cerca de 2.000 empleos directos y sobre aproximadamente 50.000 personas pertenecientes a 25 comunidades ubicadas en el área de influencia de la mina en el departamento de Córdoba.

En materia fiscal, Cerro Matoso indicó que una suspensión prolongada de la producción podría representar una reducción cercana a los 3.000 millones de pesos diarios en ingresos para el Estado por concepto de impuestos y regalías. Asimismo, advirtió sobre la posibilidad de que la incertidumbre en la oferta de gas genere efectos sobre las tarifas para usuarios de la región Caribe.

Finalmente, la compañía informó que cuenta con un plazo de 21 días para presentar un recurso de apelación ante la segunda instancia de la justicia canadiense, mientras continúan los procedimientos judiciales relacionados con la decisión adoptada dentro del proceso de reorganización financiera de Canacol Energy.

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