Consejo de Estado falla en contra de Álvaro Leyva Durán ¿De qué es la demanda interpuesta?

El Consejo de Estado falló en contra del excanciller de Colombia, Álvaro Leyva, en una demanda que él y su familia habían interpuesto contra la Nación, exigiendo una indemnización de $3.000 mil millones de pesos por perjuicios morales derivados de una orden de captura emitida en 1998.

Esta orden, dictada por la Fiscalía, lo acusaba de recibir dinero del Cartel de Cali, lo que llevó a su captura y posterior extradición desde España. Alvaro Leyva fue juzgado por el ingreso a sus arcas de un cheque por 50 millones de pesos, que salió de una de las cuentas de fachada del cartel de Cali.

Estos hechos que dieron origen a esta disputa judicial se remontan a 1998, cuando la Fiscalía acusó a Leyva de haber recibido $50.000.000 millones de pesos de la mafia, vinculándolo con actividades ilícitas del Cartel de Cali.

Como resultado, se emitió una orden de captura en su contra, lo que provocó que Leyva permaneciera fugitivo de la justicia durante más de cuatro años, hasta que fue capturado en Madrid, España, en octubre de 2002.

Tras su extradición a Colombia, fue dejado en libertad en diciembre de ese mismo año.

En junio de 2003, Leyva fue absuelto de las acusaciones bajo el argumento de «atipicidad de la conducta». En su defensa, Leyva afirmó que el cheque de $50.000.000 millones de pesos correspondía a una transacción comercial legítima relacionada con la importación de repuestos para volquetas y servicios de asesoría técnica, actividades que, según él, no tenían vínculos con el Cartel de Cali.

Posteriormente, Leyva presentó una demanda contra la Nación, en la que reclamaba una indemnización por los supuestos perjuicios morales que tanto él como su familia habrían sufrido durante el proceso judicial y su tiempo como fugitivo. La demanda exigía el pago de $3.000 mil millones de pesos como compensación.

Sin embargo, tanto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en primera instancia, como el Consejo de Estado, al ratificar esta decisión, concluyeron que Leyva no logró demostrar que la Fiscalía fuese responsable de los trámites que condujeron a su captura y extradición.

Sin embargo, un año y tres meses después, durante la etapa del juicio, el fiscal delegado para el caso, Andrés Ramírez, solicitó la absolución de Leyva al valorar nuevamente las pruebas.

En su criterio, de la cuenta de la que salió el dinero también se encontraron sumas de procedencia lícita y, por lo tanto, no se tenía certeza de si la plata entregada a Leyva tenía su origen en actividades relacionadas con el narcotráfico.

Ramírez explicó ayer que el juez tomó la decisión al determinar que desaparecieron los requisitos sustanciales para mantener vigente la medida de aseguramiento en contra de Leyva al no existir contundencia del material probatorio.

Como consecuencia de esta decisión se convierte en improcedente la solicitud de extradición que pesaba en su contra y desaparecen las órdenes de captura vigentes, agregó el fiscal.

Ramírez también aseguró que el principal testigo en contra de Leyva se retractó durante la etapa de juicio.

En consecuencia, su demanda fue desestimada, cerrando así una larga disputa legal que ha acompañado al ahora canciller durante años.

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