Gobierno anunció que cerrará en dos meses la zona de excombatientes en Putumayo, pese a tutela que ordenó mantenerla seis meses

El Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella anunció que cerrará en un plazo de dos meses la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) de Valle del Guamuez (Putumayo), donde permanecen excombatientes de los Comandos de la Frontera, estructura vinculada a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB). El anuncio lo hizo Carlos Andrés Ríos, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y consejero comisionado de paz encargado, durante una sesión de la Comisión Legal de Paz del Congreso celebrada el miércoles 14 de octubre.

La decisión contrasta con lo ordenado por la justicia. Según reportes de prensa, Ríos sostuvo que la zona no se mantendrá "no porque no la quiera tener", sino por falta de presupuesto, y se preguntó cómo cumplir la tutela sin recursos para hacerlo. También afirmó que el Gobierno no puede permitir que los jueces sean "instrumentalizados" para estos fines.

El 8 de octubre, el juez Carlos Alexander Coral Cuatín, del Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Puerto Asís, falló una acción de tutela presentada por 62 exintegrantes de los Comandos de la Frontera contra la Presidencia de la República. La tutela es el mecanismo constitucional que permite a cualquier persona pedir a un juez la protección inmediata de sus derechos fundamentales.

El despacho amparó los derechos a la vida, la seguridad e integridad personal, la reincorporación y el tránsito a la vida civil, el debido proceso administrativo, la confianza legítima y la paz. En consecuencia, suspendió por seis meses la terminación de la ZUT, contados a partir de la notificación, lo que en la práctica extendería su funcionamiento hasta abril de 2027.

En ese lapso, la Presidencia y la Oficina del Consejero Comisionado de Paz deben consolidar y socializar con los excombatientes un plan de cierre ordenado que incluya aspectos jurídicos, documentales, migratorios, logísticos y de seguridad. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación deberá definir la situación jurídica de los concentrados y resolver lo relativo a las órdenes de captura; según el fallo, cinco de los 62 accionantes tienen una orden vigente.

El juez reconoció que existe una hoja de ruta del Gobierno, pero consideró que aún "requiere de concreción" y de articulación entre entidades. Varias de las instituciones llamadas a ejecutarla entre ellas la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), la Registraduría, Migración Colombia, la Cancillería, el Ministerio de Defensa, la Policía y la Unidad Nacional de Protección manifestaron que no participaron en su diseño. La Defensoría del Pueblo, que coadyuvó la tutela, advirtió sobre fallas en atención en salud y en medidas de protección.

El Gobierno había fijado inicialmente el cierre para el 30 de septiembre mediante la Resolución 389 de 2026. El 24 de septiembre, el mismo juzgado suspendió de forma provisional esos efectos mientras decidía el fondo del caso. Pese a ello, el Ejecutivo expidió una nueva resolución y, posteriormente, movió la fecha de cierre al 3 de diciembre, con salida de los excombatientes a más tardar el 30 de noviembre. Los accionantes, además, promovieron un incidente de desacato, figura que permite al juez sancionar a quien incumple una orden de tutela.

La ZUT se creó tras la dejación de armas de 99 integrantes de los Comandos de la Frontera el 18 de junio de 2026, en el marco de los diálogos de paz del anterior gobierno. Actualmente permanecen allí 58 personas, según la información conocida.

La sentencia de primera instancia puede ser impugnada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa. Hasta el momento no se ha informado oficialmente si la Presidencia presentó ese recurso. Mientras la orden judicial esté vigente, su incumplimiento podría dar lugar a un nuevo trámite de desacato, cuyas sanciones incluyen multas y arresto, previa decisión del juez.

Paralelamente, el ministro de Justicia, Iván Cancino, señaló que los excombatientes de la ZUT serían "una primera muestra" de la política de sometimiento a la justicia, cuyo proyecto de ley radicó junto con el ministro del Interior, Rodrigo Lara.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué decisión tomó el Gobierno sobre la zona de excombatientes en Putumayo?

El Gobierno anunció que cerrará la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) de Valle del Guamuez en un plazo de dos meses, a pesar de una orden judicial que exigía mantenerla por medio año.

¿Por qué el Ejecutivo no acatará el plazo de seis meses fijado por el juez?

El comisionado de paz encargado, Carlos Andrés Ríos, argumentó que no cuentan con el presupuesto necesario para financiar la permanencia de la zona por el tiempo ordenado por la justicia.

¿Qué derechos buscaba proteger la tutela fallada a favor de los excombatientes?

El fallo amparó derechos fundamentales como la vida, la seguridad, el debido proceso y la reincorporación, ordenando un plan de cierre coordinado que incluya seguridad y definición de la situación jurídica de los concentrados.