Contraloría advirtió al Congreso sobre riesgos en contratos de Defensa

La Contraloría General de la República puso bajo seguimiento varios contratos relacionados con el sostenimiento y la modernización de las capacidades aéreas, navales y fluviales de las Fuerzas Militares. El informe, conocido el jueves 15 de octubre y firmado por la contralora delegada para el sector Defensa y Seguridad, Doris Noemí Pizarro Melgarejo, presenta avances en la recuperación de recursos públicos y situaciones que requieren nuevas verificaciones.

El documento no declara responsables fiscales ni confirma pérdidas de dinero público en los casos expuestos. Su alcance consiste en revisar las actuaciones adelantadas por las entidades y establecer qué asuntos deben continuar bajo vigilancia.

Uno de los puntos centrales corresponde al contrato 012 de 2024, suscrito entre el Ministerio de Defensa y la compañía estadounidense Vertol Systems Company por 32.463.400 dólares. El acuerdo tenía como propósito garantizar el mantenimiento de los helicópteros MI-17 del Ejército Nacional, cuya disponibilidad se vio afectada por las dificultades para contratar con las empresas rusas que tradicionalmente prestaban esos servicios, en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania.

En octubre de 2025, el organismo de control había advertido sobre el riesgo asociado al anticipo entregado al contratista. Para ese momento, la empresa había recibido 13.586.873 dólares, equivalentes aproximadamente a la mitad del valor contractual, mientras el avance físico de los trabajos rondaba el 8 %.

Según el nuevo informe, el Ministerio de Defensa recuperó el saldo del anticipo y adelantó el cobro de la cláusula penal a la aseguradora, mecanismo previsto para sancionar el incumplimiento de las obligaciones contractuales. En enero de 2026, la entidad había comunicado que el Tesoro Nacional recibió 20 millones de dólares provenientes de la compañía aseguradora.

Pese a la recuperación de esos recursos, la Contraloría señaló que todavía hay helicópteros MI-17 pendientes de mantenimiento. Por esa razón, el Ministerio estructura un nuevo proceso contractual que será objeto de revisión en una próxima auditoría al Ejército.

La situación también tiene un componente judicial. La Fiscalía General de la Nación adelanta una investigación penal relacionada con el contrato. En abril de 2026, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción solicitó declarar en contumacia al exviceministro de Defensa Luis Edmundo Suárez Soto, es decir, que el proceso pudiera avanzar ante su incomparecencia, con el propósito de formularle imputación por presuntos delitos como peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Estas actuaciones no constituyen una condena. La responsabilidad penal de Suárez Soto y de los demás involucrados deberá establecerse en el proceso judicial, con respeto por la presunción de inocencia.

El segundo asunto examinado corresponde al contrato 07 de 2025, celebrado entre el Ministerio de Defensa y la Fuerza Aeroespacial Colombiana en el marco del Sistema Integral de Defensa Nacional (Siden).

Este programa está orientado a renovar y fortalecer los sistemas de armas y las capacidades estratégicas del país.

De acuerdo con el informe, una orden de pago liquidada el 20 de enero de 2026 utilizó una tasa de cambio de 4.936,96 pesos por euro. Sin embargo, la tasa de referencia publicada por el Banco de la República para esa fecha era de 4.339,41 pesos.

La diferencia podría representar un pago superior al correspondiente por $2.130.297.503,75. La Contraloría incluyó esta situación para su verificación, sin establecer todavía que exista un detrimento patrimonial confirmado ni atribuir responsabilidad a funcionarios determinados.

La revisión deberá permitir establecer las circunstancias de la liquidación, la tasa aplicable y si hubo un desembolso superior al que correspondía según las condiciones contractuales.

El documento también recoge los resultados de la auditoría financiera de 2025 practicada a la Fuerza Aeroespacial Colombiana. El ejercicio comprendió contratos de mantenimiento, apoyo logístico, suministro de repuestos y modernización de aeronaves.

Durante la revisión inicial se identificaron posibles debilidades en los mecanismos de supervisión contractual. No obstante, después de estudiar las respuestas y explicaciones entregadas por la institución, la Contraloría determinó que no había lugar a configurar hallazgos fiscales en esos casos.

El informe evidencia la importancia del seguimiento a los contratos destinados a garantizar la operación de las capacidades militares y el uso adecuado de los recursos públicos. Mientras avanzan las verificaciones, el mantenimiento pendiente de los helicópteros y la diferencia identificada en el pago del programa Siden permanecen entre los asuntos que requieren atención institucional.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Cuáles son las principales alertas de la Contraloría en el sector Defensa?

El organismo advirtió sobre el mantenimiento pendiente de la flota de helicópteros MI-17 del Ejército y un posible sobrecosto de más de 2.130 millones de pesos en un contrato de la Fuerza Aeroespacial por diferencias en la tasa de cambio del euro.

¿Qué sucedió con el contrato para el mantenimiento de los helicópteros MI-17?

Tras el incumplimiento de la empresa Vertol Systems Company, el Ministerio de Defensa recuperó 20 millones de dólares del anticipo y la cláusula penal, pero la flota sigue sin mantenimiento y el caso es investigado penalmente por la Fiscalía.

¿Existen responsables confirmados por estos hallazgos?

No, la Contraloría aclaró que se trata de riesgos y advertencias bajo vigilancia, no de un daño patrimonial establecido ni de condenas en firme contra funcionarios.