Campaña de De La Espriella pide investigar posibles presiones armadas al voto en la primera vuelta presidencial

La campaña presidencial de Abelardo De La Espriella anunció la radicación de una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación con el propósito de que se investiguen eventuales hechos relacionados con presiones al electorado en algunas regiones del país durante la primera vuelta presidencial.

Según el comunicado divulgado por el movimiento Defensores de la Patria, la denuncia está orientada a determinar si existieron conductas que pudieran configurar el delito de constreñimiento al sufragante, contemplado en el artículo 387 del Código Penal colombiano.

La acción judicial fue presentada por el abogado constitucionalista Germán Calderón España y se apoya en un estudio elaborado por el exsenador Rodrigo Lara Restrepo, en el que se analizan los resultados electorales obtenidos en determinados municipios y su relación con territorios identificados por la Defensoría del Pueblo como zonas con riesgos electorales asociados a la presencia de grupos armados ilegales.

Municipios de alto riesgo concentran la atención de la denuncia

De acuerdo con la información presentada por la campaña, el análisis revisó el comportamiento electoral en municipios de los departamentos de Cauca, Chocó y Nariño.

Según el documento, en 109 municipios de estas regiones, el candidato Iván Cepeda habría superado el 70 % de la votación analizada. Asimismo, se señala que 100 de esos municipios coincidirían con territorios previamente clasificados por la Defensoría del Pueblo dentro de niveles de riesgo electoral por la presencia o influencia de organizaciones armadas ilegales.

La denuncia sostiene que en algunos casos los porcentajes de votación alcanzaron niveles superiores al 97 %, situación que, según los denunciantes, amerita una revisión por parte de las autoridades competentes.

No obstante, el propio comunicado aclara que estas cifras, por sí solas, no constituyen una prueba definitiva de responsabilidad penal, pero considera que la coincidencia estadística con zonas de riesgo justifica una investigación formal para establecer si existieron amenazas, presiones o mecanismos de coacción sobre los electores.

Solicitan testimonios y revisión de entidades electorales

Dentro de las solicitudes presentadas ante la Fiscalía, la campaña pidió que sean escuchados diferentes actores vinculados al seguimiento de los procesos electorales en Colombia.

Entre ellos figuran la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios; el exsenador Rodrigo Lara Restrepo; y el exfiscal general de la Nación Néstor Humberto Martínez.

Además, se solicitó requerir información a entidades como la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las gobernaciones de Cauca, Chocó y Nariño.

El objetivo, según el movimiento político, es recopilar elementos que permitan esclarecer si la libertad del sufragio pudo verse afectada en algunas zonas del país.

Llamado a fortalecer las garantías para la segunda vuelta

La denuncia también incluye un llamado a las autoridades electorales y organismos de control para reforzar las garantías institucionales de cara a la segunda vuelta presidencial prevista para el próximo 21 de junio.

Defensores de la Patria solicitó una mayor presencia institucional en las regiones consideradas de riesgo y pidió adoptar medidas que permitan asegurar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto de manera libre y sin presiones.

Hasta el momento, la Fiscalía General de la Nación no ha informado públicamente sobre decisiones relacionadas con esta denuncia. Corresponderá a las autoridades competentes determinar si existen elementos suficientes para abrir investigaciones y establecer si ocurrieron conductas que afectaran la transparencia o la libertad del proceso electoral.