Pacto Histórico denunció presunto “montaje judicial” contra Gustavo Petro e Iván Cepeda y pidió garantías a la Fiscalía

La Dirección Nacional del Pacto Histórico y la bancada de esa colectividad en el Congreso de la República hicieron público este miércoles un comunicado en el que manifiestan su preocupación por las denuncias relacionadas con un presunto montaje judicial que, según afirman, buscaría involucrar al presidente Gustavo Petro Urrego y al senador Iván Cepeda Castro en investigaciones por supuestos vínculos con actividades del narcotráfico.

El documento, fechado en Bogotá el 6 de agosto de 2026, lleva como título "Montajes judiciales contra Iván Cepeda y Gustavo Petro: una amenaza a la democracia", y plantea que la situación representa un asunto que trasciende el escenario político y compromete el respeto por las garantías del Estado de derecho.

En el comunicado, el movimiento político expresa su respaldo institucional a ambos dirigentes y asegura que existe preocupación frente a la información conocida en las últimas horas. En uno de sus apartes señala textualmente: "La Dirección Nacional del Pacto Histórico y su Bancada en el Congreso de la República expresan su plena solidaridad con el presidente Gustavo Petro Urrego y con el senador Iván Cepeda Castro ante la grave denuncia sobre la posible preparación de un montaje judicial para vincularlos, sin fundamento, con actividades del narcotráfico."

Aunque el pronunciamiento hace referencia a una "posible preparación" de dicho montaje, no presenta pruebas dentro del documento ni identifica a las personas o entidades que, según la denuncia, estarían detrás de esa supuesta actuación. El texto se limita a advertir sobre las consecuencias que tendría un eventual uso indebido de los mecanismos judiciales con fines políticos.

En ese sentido, la colectividad sostiene que, de confirmarse las denuncias, el país enfrentaría un escenario de persecución política. El comunicado afirma que "de confirmarse estos hechos, Colombia estaría frente a un nuevo episodio de persecución política mediante el uso indebido de la justicia (lawfare), una práctica incompatible con el Estado social de derecho y con las garantías propias de una democracia."

El término lawfare ha sido utilizado en distintos países para describir el supuesto uso estratégico de procesos judiciales con fines políticos, una interpretación que ha generado debate tanto en escenarios académicos como jurídicos y políticos.

Uno de los principales mensajes del comunicado está dirigido a la Fiscalía General de la Nación. El Pacto Histórico solicita que cualquier actuación relacionada con las denuncias se adelante bajo criterios de independencia, imparcialidad y transparencia.

En el documento se lee: "Exigimos a la Fiscalía General de la Nación actuar con absoluta transparencia e independencia, responder de manera oportuna la solicitud presentada por el senador Iván Cepeda y garantizar que ninguna investigación sea utilizada con fines de persecución política."

La organización política considera que las instituciones judiciales deben preservar la confianza ciudadana mediante investigaciones ajustadas al debido proceso y alejadas de cualquier interés partidista.

Además del llamado a la Fiscalía, el comunicado invita a diversos sectores de la sociedad a hacer seguimiento a la situación.

El texto señala: "Hacemos un llamado a la sociedad colombiana, a los organismos de control, a las organizaciones defensoras de derechos humanos y a la comunidad internacional para mantenerse vigilantes frente a cualquier intento de instrumentalizar la justicia contra dirigentes de la oposición."

Con esta declaración, la colectividad busca que organismos nacionales e internacionales acompañen el desarrollo de los hechos y observen el comportamiento de las instituciones encargadas de la administración de justicia.

En la parte final del documento, el Pacto Histórico reitera su posición frente a cualquier actuación que, a su juicio, represente una utilización política de la justicia o una afectación al ejercicio de la oposición.

El comunicado concluye afirmando que "El Pacto Histórico rechaza de manera categórica los montajes judiciales, la estigmatización y cualquier forma de persecución política. Defenderemos, por todos los medios constitucionales y democráticos, el derecho a la oposición, el debido proceso y la democracia."

Finalmente, el pronunciamiento cierra con una frase que resume la postura de la colectividad frente a las denuncias conocidas: "La justicia no puede convertirse en un instrumento de persecución política."