Defensoría del Pueblo solicitó acciones de Fiscalía, UNP y plataformas digitales frente a amenazas electorales

El organismo también hizo un llamado a las autoridades competentes para adoptar medidas que permitan proteger a quienes ejercen funciones electorales y garantizar el normal desarrollo de los procesos democráticos.

En el comunicado, fechado el 6 de agosto de 2026, la Defensoría señaló que durante las últimas semanas han circulado en redes sociales y plataformas digitales mensajes intimidatorios, así como contenidos que promueven represalias y hechos de violencia contra el registrador nacional, servidores de la Registraduría Nacional del Estado Civil y las instalaciones de esa entidad.

De acuerdo con la Defensoría, estos mensajes han sido difundidos desde cuentas anónimas y coinciden con la circulación reiterada de publicaciones que cuestionan la actuación del registrador y de la organización electoral mediante acusaciones de fraude formuladas por fuera de los mecanismos institucionales previstos para la presentación de denuncias y reclamaciones.

La entidad indicó que este tipo de contenidos no solo afecta la confianza ciudadana en las instituciones democráticas, sino que también incrementa los riesgos para quienes desempeñan funciones relacionadas con la organización y administración de los procesos electorales.

En ese contexto, la Defensoría rechazó los actos de amenaza y hostigamiento contra los integrantes de la organización electoral y expresó su solidaridad con los funcionarios que cumplen labores para garantizar el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos.

Asimismo, recordó que las observaciones, cuestionamientos e inconformidades frente a los procesos y resultados electorales hacen parte del ejercicio democrático, pero precisó que estas deben canalizarse de manera pacífica y a través de los procedimientos establecidos por el ordenamiento institucional.

El organismo también destacó que la Registraduría Nacional desarrolla funciones esenciales para garantizar los derechos políticos mediante procedimientos sujetos a controles, auditorías, verificaciones y observación, por lo que consideró necesario proteger a quienes participan en esas labores.

En el comunicado, la Defensoría manifestó además su preocupación por el incremento de expresiones violentas en entornos digitales, al advertir que este fenómeno representa riesgos para la vida, la integridad y la participación democrática. Igualmente, señaló que estas dinámicas limitan la posibilidad de diálogo entre personas con posiciones distintas y afectan el desarrollo del debate público.

Frente a esta situación, la entidad formuló varias solicitudes dirigidas a diferentes instituciones del Estado y a las plataformas digitales.

A la Fiscalía General de la Nación le pidió adelantar las actuaciones correspondientes frente a las amenazas y expresiones que, por no estar protegidas por la libertad de expresión, puedan constituir conductas delictivas. También solicitó preservar la evidencia digital, establecer el origen de los contenidos e identificar a los posibles responsables.

A la Unidad Nacional de Protección (UNP) le solicitó evaluar y actualizar el nivel de riesgo del registrador nacional y de los funcionarios de la Registraduría, con el propósito de determinar las medidas de protección necesarias para garantizar su seguridad.

La Defensoría invitó a las instituciones del Estado y a los sectores sociales y políticos a rechazar cualquier manifestación de violencia contra las autoridades electorales, promover espacios de diálogo para tramitar las diferencias y asumir un compromiso público con la no violencia.

En el documento, la entidad recordó que las diferencias políticas y los cuestionamientos sobre los procesos electorales deben plantearse mediante los canales institucionales previstos para ello.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo señaló que quienes ejercen funciones públicas o cuentan con amplia visibilidad tienen una responsabilidad reforzada para contribuir a disminuir los discursos que puedan incrementar riesgos para las personas o afectar la confianza en las instituciones democráticas.

El organismo concluyó que continuará realizando labores de seguimiento en cumplimiento de su mandato constitucional de promoción, protección y defensa de los derechos humanos, así como del acompañamiento a las instituciones encargadas de garantizar el desarrollo de los procesos democráticos en el país.