Gobierno mantiene el cierre de la zona de excombatientes en Putumayo pese a un fallo de tutela y cuestiona la ejecución de la paz bajo Petro

“Nos vamos a dar los dos meses, no más”

La ZUT, denominada oficialmente Zona para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal de Valle del Guamuez, alberga a excombatientes de los Comandos de la Frontera, una facción de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB). Allí llegaron a mediados de 2026, entregaron las armas y se desmovilizaron en el marco de los diálogos de la llamada “paz total”. El actual Gobierno puso fin a esa mesa como parte del desmonte de esa política y ordenó terminar la zona.

El funcionario explicó que la decisión responde a razones presupuestales. “No tengo el presupuesto para tenerla”, afirmó, y agregó que el juez le estaba pidiendo una prórroga en el tiempo y una adición de recursos con los que hoy no cuenta. También advirtió que “no podemos permitir que a los jueces los instrumentalicen” y fue tajante sobre el plazo: el Gobierno no ampliará el cierre más allá de los dos meses ya fijados.

El choque con el fallo judicial

El anuncio contradice la decisión del Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Puerto Asís, que resolvió una acción de tutela presentada por los excombatientes y ordenó suspender la terminación de la ZUT por seis meses, es decir, hasta marzo de 2027. La tutela es un mecanismo con el que cualquier persona puede pedir a un juez la protección inmediata de sus derechos fundamentales; en este caso, el despacho amparó la vida, la seguridad, la integridad física y el derecho a la reincorporación a la vida civil.

Se trata de un fallo de primera instancia, por lo que no está en firme: el Gobierno puede impugnarlo ante el Tribunal de Mocoa. La decisión judicial no obliga a mantener la zona de manera indefinida ni a gastar una suma concreta, sino a garantizar esos derechos durante el proceso de cierre.

La fecha de clausura ha cambiado varias veces. El cierre estaba previsto inicialmente para el 30 de septiembre; luego se ordenó a una comisión humanitaria coordinar la salida entre el 1 y el 2 de octubre, lo que motivó un incidente de desacato, y después el Dapre expidió la Resolución 216, que prorrogó la zona hasta el 3 de diciembre de 2026. Esa norma fija el 30 de noviembre como fecha límite para la salida de todas las personas, prohíbe nuevos ingresos y crea una instancia de alto nivel, coordinada por la Consejería Comisionada de Paz, para definir la situación jurídica de cada excombatiente.

La disputa por las cifras del Acuerdo de Paz

En la misma sesión, Ríos entregó balances preliminares sobre el Plan Marco de Implementación (PMI), la hoja de ruta que define las metas y los indicadores para cumplir el Acuerdo de Paz firmado con las Farc el 24 de noviembre de 2016. Según sus datos, durante el gobierno de Juan Manuel Santos se ejecutó el 23% del plan; en el de Iván Duque, el 54%, y en el de Gustavo Petro, el 4,66%.

“Nos tienen a punta de narrativas, pero los números dicen lo contrario”, sostuvo el director del Dapre, quien cuestionó que, pese a los recursos anunciados para la paz, la ejecución del plan en el último cuatrienio fuera la más baja.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Por qué el Gobierno decidió cerrar la zona de excombatientes en Putumayo?

El director del Dapre, Carlos Andrés Ríos, argumentó que la decisión se debe a la falta de presupuesto para mantenerla y al desmonte de la mesa de diálogos con los Comandos de la Frontera.

¿Qué ordena el fallo judicial que el Gobierno está cuestionando?

Un juez de Puerto Asís ordenó suspender el cierre de la zona por seis meses para proteger los derechos a la vida y la reincorporación de los excombatientes, pero el Gobierno ratificó que solo mantendrá el lugar por dos meses más.

¿Cuál es el balance de ejecución del Acuerdo de Paz presentado por el Dapre?

Según las cifras entregadas al Congreso, el gobierno de Gustavo Petro solo ha ejecutado el 4,66 % del Plan Marco de Implementación, una cifra significativamente menor a la de los periodos de Juan Manuel Santos e Iván Duque.