MinAmbiente confirmó que busca acabar el Fondo para la Vida y apostarle a los créditos de carbono

El futuro del Fondo para la Vida y la Biodiversidad quedó en el centro del debate ambiental luego de que el Gobierno anunciara su intención de cerrar este mecanismo y promover un modelo de financiación basado en la participación del sector privado y las comunidades. El anuncio se conoció durante la Feria de Sostenibilidad de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia) y fue ratificado por el ministro de Ambiente, Arjona, a través de su cuenta en la red social X.

En sus declaraciones, el funcionario cuestionó el funcionamiento del fondo y planteó la necesidad de revisar el uso de los recursos públicos. También señaló que, bajo la estrategia denominada «PatriaMilagro», la administración buscará alternativas que permitan generar ingresos directos para las comunidades y reducir su dependencia de los aportes estatales.

El Fondo para la Vida y la Biodiversidad fue creado en 2023, durante el gobierno de Gustavo Petro, mediante el Decreto 1648. Su estructura corresponde a un patrimonio autónomo administrado por una sociedad fiduciaria, Fiducoldex, lo que significa que sus recursos cuentan con una administración independiente de la gestión directa del Ministerio de Ambiente.

Entre sus fuentes de financiación se encuentran el 80 % del recaudo del impuesto al carbono, los recursos del Presupuesto General de la Nación, la cooperación nacional e internacional y las donaciones.

Desde 2025, el fondo dejó de recibir partidas presupuestales debido a las restricciones fiscales, aunque continuó percibiendo recursos provenientes del impuesto al carbono.

Las cifras oficiales citadas en la información disponible indican que el mecanismo recibió apropiaciones por 1,8 billones de pesos y registró una ejecución promedio anual del 16,5 % entre 2023 y 2025. Estos resultados se encuentran entre los elementos que motivaron la revisión de su funcionamiento.

Uno de sus principales programas es Conservar Paga, diseñado para entregar incentivos económicos temporales a familias ubicadas en zonas afectadas por la deforestación, a cambio de conservar los bosques. A esta iniciativa se destinaron cerca de 500.000 millones de pesos; sin embargo, hasta el año pasado se habían desembolsado aproximadamente 60.000 millones y se había alcanzado a poco más de 6.000 familias, el 43 % de la meta de 16.400 beneficiarios.

Otra de las medidas planteadas por el Ministerio de Ambiente está relacionada con la denominada «no causación» del impuesto al carbono. Este mecanismo permite que las empresas accedan a una exención del tributo cuando adquieren certificados de reducción de emisiones provenientes de proyectos ambientales, bajo las condiciones establecidas en la normativa.

La reforma tributaria de 2022 limitó este beneficio al 50 %. Ahora, el Ministerio busca restablecerlo al 100 %, como funcionaba desde 2016, mediante el próximo Plan Nacional de Desarrollo o una reforma legal que deberá tramitarse ante el Congreso.

A finales de septiembre, el director del Ideam, Andrés Herkrath, explicó que la modificación supondría dejar de recaudar cerca de 606.000 millones de pesos anuales, pero podría dinamizar proyectos de certificados de carbono por un valor neto aproximado de dos billones de pesos al año. Según el funcionario, estas iniciativas tendrían especial incidencia en el Pacífico, la Amazonia y la Orinoquia, donde al menos 150.000 personas dependen de esas actividades.

La propuesta cuenta con el respaldo de Asocarbono, gremio del sector.

Como parte de la revisión institucional, a finales de agosto el Consejo Directivo del fondo aprobó una auditoría externa e independiente sobre la gestión de los recursos desde su creación. El examen también contempla revisar la actuación de la fiduciaria y posibles riesgos de fraude, corrupción o conflictos de interés.

Adicionalmente, el ministro anunció la revocatoria del Decreto 973 de 2026, que reglamentó el mercado de carbono durante la administración anterior, y se comprometió a presentar un nuevo marco normativo en un plazo de tres meses.

Las medidas generaron críticas de la exministra Irene Vélez, quien advirtió sobre lo que considera un posible proceso de privatización de los negocios verdes.

No obstante, la desaparición del fondo no es inmediata. La modificación del beneficio tributario deberá incorporarse al Plan Nacional de Desarrollo, con el aval correspondiente del Ministerio de Hacienda, o tramitarse mediante una iniciativa legislativa ante el Congreso.

Por ahora, el alcance definitivo de la reforma dependerá de las decisiones normativas y de los procedimientos que adelante el Gobierno.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Por qué el Gobierno busca cerrar el Fondo para la Vida y la Biodiversidad?

La decisión se debe a los bajos niveles de ejecución de recursos, que promediaron un 16,5% anual, y a la intención de promover un modelo de financiación basado en la inversión privada y créditos de carbono.

¿Cuál es el cambio propuesto para las empresas respecto al impuesto al carbono?

El Ministerio de Ambiente busca restablecer la exención del 100% del impuesto para las empresas que inviertan en proyectos ambientales, eliminando el límite actual del 50% fijado en 2022.

¿Qué pasará con la regulación del mercado de carbono en Colombia?

El ministro Fabio Arjona anunció la revocatoria del decreto que reglamentaba este mercado y se comprometió a presentar un nuevo marco normativo en un plazo de tres meses.