Denuncia de MinInterior llevó al CTI a la sede de Bomberos: bajo la lupa contratos por $62.256 millones

La contratación realizada para atender la emergencia ocasionada por un frente frío en ocho departamentos de Colombia, en febrero de 2026, quedó bajo investigación tras conocerse una auditoría forense del Ministerio del Interior que advierte posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos por parte de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia (DNBC).

La contingencia climática afectó a Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó. Ante la situación, el Gobierno del entonces presidente Gustavo Petro declaró una emergencia por 30 días, medida que permitió recurrir a mecanismos excepcionales de contratación para responder a las necesidades derivadas de la calamidad.

En ese contexto, la DNBC suscribió cuatro contratos mediante la figura de urgencia manifiesta, que permite la contratación directa cuando existen circunstancias que requieren una respuesta inmediata. Según la información divulgada, los acuerdos tenían inicialmente un valor cercano a los $41.992 millones, pero, tras las adiciones, la cifra ascendió a $62.256 millones. De ese total, se habrían desembolsado aproximadamente $54.966 millones.

Las empresas contratistas fueron Multisolutions America S.A.S., con un acuerdo cercano a los $25.698 millones; Makei Soluciones y Asesorías S.A.S., por alrededor de $24.063 millones; Representaciones Fonina S.A.S., con unos $3.940 millones, y Representaciones Químicas de Colombia S.A.S., por cerca de $1.263 millones.

Uno de los principales hallazgos consignados en la auditoría apunta a la destinación de los bienes adquiridos. De acuerdo con el informe, solo cerca de $313 millones se habrían utilizado para atender directamente las inundaciones. El resto de los recursos habría financiado elementos como trajes para combatir incendios, equipos de respiración y materiales destinados al manejo de sustancias peligrosas.

La auditoría cuestiona que parte de estos suministros no tendría una relación directa con las necesidades generadas por la emergencia invernal que justificó la contratación excepcional.

El documento también advierte sobre posibles inconsistencias en los tiempos de ejecución. Algunos contratos se habrían firmado después de cumplido el periodo de 30 días establecido para la emergencia. A esto se suma que las facturas de mayor cuantía fueron expedidas el 22 de junio, un día después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Otro de los aspectos señalados corresponde a diferencias en las cantidades reportadas. Según la información conocida, una factura incluyó el cobro de 744 equipos, mientras que en el almacén habrían ingresado 670 unidades. Además, se reportó que un funcionario certificó la recepción de cascos que, presuntamente, todavía permanecían en las instalaciones del proveedor.

Los hallazgos fueron remitidos a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República. Entre las posibles conductas que deberán examinarse están la celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, la falsedad en documento público y el peculado por apropiación.

La denuncia fue divulgada a comienzos de octubre por el ministro del Interior, Lara, mediante un video y publicaciones en su cuenta de X. El funcionario aseguró que los señalamientos están sustentados en una auditoría forense y solicitó a las autoridades esclarecer el destino de los recursos comprometidos.

Por su parte, Ángela Infante, gerente de Makei Soluciones y Asesorías S.A.S., rechazó los cuestionamientos sobre la entrega de los kits para los bomberos. La representante de la compañía sostuvo que los equipos sí fueron distribuidos al finalizar el gobierno anterior.

Hasta el momento, según la información disponible, no se conoce un pronunciamiento de la DNBC ni de exfuncionarios de la administración pasada frente a los señalamientos.

La Fiscalía deberá evaluar el material recopilado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) para establecer si existen elementos suficientes para formular imputaciones. Entretanto, la Procuraduría y la Contraloría tendrán que determinar si procede la apertura de investigaciones disciplinarias y fiscales.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Por qué la Fiscalía inspeccionó la Dirección Nacional de Bomberos?

La inspección busca pruebas sobre presuntas irregularidades en cuatro contratos por 62.256 millones de pesos, firmados bajo la figura de urgencia manifiesta durante una emergencia invernal en 2026.

¿Cuáles son las principales irregularidades detectadas en la auditoría?

Se cuestiona que solo una mínima parte de los recursos se usó para atender inundaciones, mientras que el resto financió equipos contra incendios; además, hubo inconsistencias en fechas de contratación y faltantes en los inventarios.

¿Qué entidades están involucradas en la investigación?

La denuncia fue presentada por el Ministerio del Interior y actualmente el caso es analizado por la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría para determinar posibles delitos como peculado y falsedad en documento.