Colombia Fintech advirtió riesgos por decreto que permitiría a operadores postales administrar recursos del público

Una nueva controversia se abrió en el sector financiero colombiano luego de que la Asociación Colombiana de Empresas de Tecnología e Innovación Financiera (Colombia Fintech) alertara sobre los alcances de un proyecto de decreto promovido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), mediante el cual los operadores postales podrían administrar recursos de los ciudadanos a través de las denominadas "cuentas postales".

A través de un pronunciamiento público, el gremio manifestó su preocupación por lo que considera una flexibilización de las exigencias regulatorias para actores que, a su juicio, no cuentan con las mismas obligaciones legales, patrimoniales y de supervisión que actualmente deben cumplir los bancos, las Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos (SEDPE) y las empresas fintech.

Según Colombia Fintech, aunque el Gobierno introdujo modificaciones al proyecto con el propósito de fortalecer algunos aspectos de seguridad, la propuesta continúa generando serios interrogantes. La organización sostiene que el texto definitivo mantiene "un grave arbitraje regulatorio frente al ecosistema fintech y la banca tradicional".

La iniciativa permitiría que empresas postales ofrezcan servicios de giros, depósitos y transferencias mediante cuentas diseñadas para almacenar recursos de los usuarios. Para el gremio, esta figura va más allá de los servicios postales tradicionales y representa una transformación de fondo en la naturaleza de estas compañías.

"Un operador postal no es una entidad financiera y no debe administrar recursos del público bajo estándares inferiores a los que hoy cumplen bancos, SEDPEs y fintechs", afirmó Gabriel Santos, presidente ejecutivo de Colombia Fintech. El dirigente agregó que "este decreto crea un riesgo sistémico y una asimetría normativa preocupante", recordando además que propuestas similares ya habían sido cuestionadas anteriormente por entidades como el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia Financiera.

En el documento divulgado por la asociación, se identifican cuatro riesgos principales derivados de la eventual entrada en vigencia de la norma.

El primero tiene que ver con la protección de los ahorros de los ciudadanos. Colombia Fintech advierte que los operadores postales no estarían obligados a contar con el respaldo del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín), mecanismo que protege los depósitos de los usuarios en caso de insolvencia de una entidad financiera. Según el gremio, esta situación podría dejar a los ciudadanos expuestos ante eventuales fraudes o quiebras.

El segundo riesgo está relacionado con la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. La asociación sostiene que los mecanismos contemplados para los operadores postales serían más flexibles que los exigidos al sistema financiero bajo los estándares SARLAFT, lo que podría abrir espacios de vulnerabilidad para actividades ilícitas.

Otro de los puntos cuestionados es el modelo de supervisión previsto en el proyecto. Mientras bancos y fintech son vigilados por la Superintendencia Financiera, la propuesta establece que la supervisión recaería en MinTIC. Para Colombia Fintech, esta situación generaría una competencia desigual y trasladaría la vigilancia de recursos del público a una entidad que no tiene como función principal la supervisión financiera.

Finalmente, el gremio alertó sobre posibles impactos en la interoperabilidad del sistema de pagos colombiano. Según el documento, la creación de cuentas postales podría derivar en sistemas paralelos y fragmentados que limiten la integración tecnológica alcanzada en los últimos años por el sector financiero.