El Gobierno habilita al fondo de infraestructura escolar para reparar 72 sedes de universidades públicas dañadas por el terremoto

Qué cambia con la norma

El decreto adiciona un parágrafo transitorio al artículo 59 de la Ley 1753 de 2015, que regula el FFIE. Con ese cambio, el fondo podrá viabilizar, estructurar, financiar y ejecutar obras de construcción, mejoramiento, adecuación, ampliación, rehabilitación y dotación de infraestructura física en IES públicas. También podrá contratar estudios, diseños e interventorías, es decir, la supervisión técnica de los trabajos.

La medida aplica en los municipios de los 16 departamentos incluidos en la emergencia económica, social y ecológica declarada mediante el Decreto 1261 de 2026 y sus modificaciones. La habilitación rige hasta que se declare oficialmente el retorno a la normalidad, conforme al artículo 64 de la Ley 1523 de 2012, sin que se haya fijado una fecha concreta.

Las cifras del daño

De acuerdo con el reporte del Ministerio, con corte al 27 de agosto, las IES públicas y privadas presentaron 410 reportes de daños. De ellas, 72 sedes públicas resultaron afectadas: 11 en Cali, 9 en Medellín, 8 en Popayán, 4 en Tuluá y 3 en Dosquebradas, entre otras. Se habla de más de 126.000 los estudiantes afectados.

La norma no entrega recursos de manera automática. Cada institución debe demostrar que los daños, físicos o digitales, se deben al terremoto, y las afectaciones deben pasar por una verificación y valoración técnica que defina el tipo de daño, el alcance de las obras y el costo aproximado. "Es importante resaltar que los proyectos deberán contar con verificación y valoración técnica de las afectaciones", precisó el Ministerio en un comunicado.

Será el propio Ministerio el que decida qué intervenciones se atienden primero, con criterios técnicos, territoriales y presupuestales. El dinero podrá provenir de las fuentes de la emergencia o del Presupuesto General de la Nación, sujeto a apropiaciones y disponibilidad, y deberá registrarse contablemente por separado. Además, el decreto prohíbe trasladar recursos destinados a infraestructura de educación básica y media para financiar obras en universidades, y excluye cualquier gasto sin relación directa con el sismo.

Esa salvaguardia no es menor. El mismo fondo atiende la reparación de colegios afectados, y autoridades como la Alcaldía de Cali han señalado que la brecha de financiación para más de 200 sedes escolares sigue abierta. Ampliar el mandato del FFIE suma demandas sobre una bolsa que aún no tiene montos públicos asignados para las universidades: ninguna de las fuentes consultadas menciona cifras de inversión ni cronogramas de ejecución.

Qué sigue

Los próximos pasos dependen de los diagnósticos técnicos de cada institución y de la priorización que publique el Ministerio. Mientras tanto, las universidades afectadas deben consolidar la documentación de daños para acceder a la financiación. Para los más de 126.000 estudiantes de las sedes dañadas, el calendario real de las obras será el factor que determine cuándo se normalizan las clases presenciales.

Preguntas y respuestas de contexto

¿En qué consiste la nueva medida del Gobierno para las universidades públicas?

A través del Decreto 1421 de 2026, se autorizó temporalmente al Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) para financiar y ejecutar la reparación de sedes de educación superior afectadas por el sismo.

¿Cuántas instituciones resultaron afectadas y dónde se concentran los daños?

Se reportaron daños en 72 sedes de universidades públicas, principalmente en Cali, Medellín, Popayán, Tuluá y Dosquebradas, afectando a más de 126.000 estudiantes.

¿Cómo se financiarán las obras y qué restricciones existen?

Los recursos provendrán de fondos de emergencia o del Presupuesto General de la Nación, pero el decreto prohíbe estrictamente usar dinero destinado a colegios para cubrir estas reparaciones universitarias.