Fiscalía envía a la cárcel a un hombre señalado de explotar sexualmente a niñas indígenas jiw en el Meta

La captura y los cargos

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) lo capturaron en el kilómetro 26 de la vía nacional que conduce a Puerto Concordia. Luego, un fiscal de la Seccional Guaviare le imputó dos delitos, ambos agravados: demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años y acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

El primero castiga a quien paga, directamente o mediante otra persona, por tener actividad sexual con un menor de edad, sin importar que el pago se haga en dinero o en especie. El segundo sanciona cualquier acceso carnal con un menor de 14 años, una edad en la que la ley colombiana considera que no existe capacidad para consentir.

La imputación es el acto con el que la Fiscalía comunica formalmente a una persona que la investiga por determinados delitos. La medida de aseguramiento, en este caso la detención en un centro penitenciario, no es una condena: busca garantizar que el procesado comparezca y no obstruya la investigación ni ponga en riesgo a las víctimas.

Lo que sostiene la Fiscalía

Según la entidad, los hechos documentados ocurrieron entre mayo y junio de 2023 y afectaron a una niña de 13 años del resguardo Luna Roja. De acuerdo con el ente acusador, Gómez Aguilera ofrecía alimentos, alojamiento y sustancias que generaban dependencia a niñas jiw en situación de vulnerabilidad.

La Fiscalía afirma que el hombre habría llevado a la menor a una finca en Mapiripán, donde la habría agredido sexualmente a cambio de agua para su comunidad y de otros bienes básicos. También señala que, haciéndose pasar por familiar de la niña, la acompañó a un hospital y la habría abusado aprovechando momentos de distracción del personal médico. Además, según la investigación, llamaba a otras menores indígenas para citarlas en un predio de Puerto Concordia y les ofrecía dinero. Estas afirmaciones corresponden a la hipótesis de la Fiscalía y deberán probarse en juicio.

Una investigación con más procesados

El caso se suma a otro conocido a finales de septiembre. El 22 de ese mes, la Fiscalía informó la captura en Puerto Concordia de Leonalgel Benavides Beltrán, Celino Vargas Torres, Víctor Manuel Vargas Silva y Jhon Nilson Acosta Mejía. Según la entidad, entre 2019 y 2026 habrían inducido al consumo de sustancias a niñas jiw de entre 12 y 15 años para luego agredirlas sexualmente. Un fiscal de la misma Seccional Guaviare les imputó demanda de explotación sexual comercial de menor de 18 años y acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir. Los cuatro se declararon inocentes.

En esa ocasión, la Fiscalía indicó que las víctimas vivían en situación de desplazamiento y enfrentaban dificultades económicas y barreras para acceder a servicios. La entidad presenta el caso de Gómez Aguilera como la cuarta judicialización de una investigación priorizada sobre delitos contra niñas, niños, adolescentes y mujeres de comunidades indígenas del oriente colombiano. Los investigadores buscan establecer si hay más víctimas; hasta ahora no se ha revelado una cifra.

El pueblo jiw, de tradición seminómada, habita principalmente en zonas rurales del Meta y el Guaviare. Sus comunidades han sufrido el desplazamiento y la pérdida de territorio a causa del conflicto armado. Por esa situación, la Corte Constitucional lo ha incluido entre los pueblos indígenas en riesgo de exterminio físico y cultural.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Quién es el capturado y de qué se le acusa?

Fredy Humberto Gómez Aguilera fue enviado a la cárcel por presuntamente explotar sexualmente a una niña de 13 años del resguardo indígena Luna Roja, en el Meta.

¿Cómo operaba el presunto agresor contra la comunidad jiw?

Según la Fiscalía, el hombre ofrecía comida, agua, dinero y sustancias adictivas a niñas en situación de vulnerabilidad a cambio de actos sexuales.

¿En qué contexto se dan estas capturas?

Este es el cuarto caso judicializado dentro de una investigación priorizada por violencia sexual contra menores indígenas en el oriente del país, una población declarada en riesgo de exterminio.