Nueve años después de la sentencia T-302, la Corte Constitucional llevó a Riohacha la revisión de sus órdenes para proteger a la niñez wayuu

Una orden que sigue sin cumplirse

La audiencia fue abierta por la presidenta de la Corte Constitucional, Paola Andrea Meneses, quien integra junto con los magistrados Carlos Camargo Assis y Vladimir Fernández Andrade la Sala Especial de Seguimiento a la sentencia T-302 de 2017. Ese fallo declaró un "estado de cosas inconstitucional" en La Guajira, figura con la que la Corte reconoce una vulneración masiva y prolongada de derechos causada por fallas estructurales del Estado, y no por la omisión aislada de una sola entidad.

La decisión se originó en acciones de tutela por la muerte y la desnutrición de niños wayuu en Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao, los cuatro municipios priorizados. Sin embargo, según el Auto 1300 de 2026, con el que la Sala convocó la diligencia, el Plan Estructural de Acción que debía articular las respuestas de la Nación, el departamento y los municipios todavía no se ha materializado de forma definitiva. La Consejería Presidencial para las Regiones presentó una propuesta el 29 de julio de este año, y una veeduría ciudadana elaboró otra alternativa; la Corte busca que ambas se discutan.

"Son factores muy diversos, pero factores estructurales que la Corte ha evidenciado", dijo Meneses al abrir la sesión, en la que participan autoridades nacionales, departamentales y municipales, organismos de control y representantes del pueblo wayuu. La agenda de la mañana se centró en los criterios para asignar beneficios, la contratación y la actuación de la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía; la de la tarde, en el plan estructural y la participación de las comunidades.

Identificación de niños en La Pista

Uno de los primeros efectos visibles es la jornada de identificación y registro civil que la Registraduría Nacional inició este martes en La Pista, un asentamiento de Maicao, con apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Alcaldía. La medida responde a una decisión del 23 de septiembre en la que la Sala ordenó documentar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes wayuu sin papeles, con enfoque étnico y flexibilidad en los trámites, teniendo en cuenta que el territorio de este pueblo se extiende entre Colombia y Venezuela.

La Corte advirtió que la falta de un documento de identidad no puede, en ningún caso, convertirse en una barrera para recibir atención inicial, de urgencias, de salud pública o de salud mental.

Medidas urgentes en salud

En esa misma decisión, de carácter cautelar y transitorio, la Sala ordenó al Ministerio de Salud activar en un plazo máximo de ocho días hábiles una respuesta psicosocial urgente en las comunidades de Cantawamana y Majayupana, en Maicao, tras reportes de líderes sobre graves afectaciones a la salud mental de menores. También dispuso un esquema transitorio de atención para al menos 60 comunidades dispersas, 15 por municipio, y un plan que garantice como mínimo una visita médica mensual.

El tribunal señaló, además, la falta de coordinación entre las EPS que atienden a integrantes de una misma comunidad. Según cifras del Instituto Nacional de Salud citadas en el proceso, en lo corrido de 2026 La Guajira ha registrado 49 muertes de menores de cinco años por infección respiratoria aguda, enfermedad diarreica aguda y desnutrición aguda, distribuidas entre nueve aseguradoras. El Ministerio del Interior deberá traducir la decisión al wayuunaiki.

La propuesta del procurador

Durante la audiencia, el procurador general, Gregorio Eljach, calificó de vergonzoso que deba exigirse en el territorio el cumplimiento de una orden que pronto cumplirá diez años. Anunció la creación de un grupo especial de trabajo étnico, con sede en Uribia e integrado por profesionales wayuu, para atender necesidades urgentes de hambre, sed, atención médica e identificación.

Eljach también propuso destinar hasta 300.000 millones de pesos anuales, provenientes del impuesto de renta asociado a la minería de carbón, e incluir recursos específicos en el Plan Nacional de Desarrollo. Se trata, por ahora, de una propuesta que no ha sido aprobada. La Procuraduría y la Defensoría del Pueblo quedaron encargadas de vigilar el cumplimiento de las órdenes, y la Superintendencia de Salud, de supervisar las barreras de acceso a los servicios.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Por qué la Corte Constitucional realizó una audiencia pública en Riohacha?

La Corte busca verificar el cumplimiento de la sentencia T-302 de 2017, la cual ordenó al Estado garantizar agua, salud y alimentación a la niñez wayuu ante la persistente desnutrición y mortalidad infantil.

¿Qué acciones inmediatas se ordenaron para proteger a los menores wayuu?

Se inició una jornada de identificación para niños indocumentados en Maicao y se exigió al Ministerio de Salud activar atención psicosocial urgente y visitas médicas mensuales en comunidades dispersas.

¿Cuál es la situación actual del cumplimiento de las órdenes judiciales?

Nueve años después de la sentencia, el Plan Estructural de Acción aún no se ha materializado definitivamente, y en lo que va de 2026 se han registrado 49 muertes de menores de cinco años por causas prevenibles.