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Supersalud encendió alertas por $356.500 millones en recursos que las EPS del régimen subsidiado postularon para giro directo

La Superintendencia Nacional de Salud identificó alertas por $356.500 millones en solicitudes de giro directo del régimen subsidiado tras revisar postulaciones por $4,3 billones entre septiembre y noviembre de 2026.

IFM Noticias
Redacción
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Supersalud encendió alertas por $356.500 millones en recursos que las EPS del régimen subsidiado postularon para giro directo
Foto: Supersalud.

La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) informó que, tras analizar las postulaciones de giro directo presentadas por las EPS del régimen subsidiado, identificó alertas por posibles inconsistencias que suman $356.500 millones. La noticia se conoció luego de una exhaustiva revisión técnica que abarcó solicitudes por un total de $4,3 billones, correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre del año 2026.

De acuerdo con el reporte oficial del ente de control, del total señalado, más de $289.069 millones corresponden específicamente a las postulaciones realizadas para los meses de octubre y noviembre. Hasta el momento, la Supersalud no ha identificado públicamente a las EPS involucradas en estas alertas ni ha detallado el monto exacto que corresponde a cada una de las entidades, manteniendo la reserva mientras se surten los procesos de verificación.

El mecanismo de giro directo es una herramienta fundamental en la arquitectura financiera del sistema de salud colombiano. Mediante este proceso, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) transfiere el dinero directamente a hospitales, clínicas, laboratorios y otros prestadores de servicios de salud, evitando que los recursos pasen por las cuentas bancarias de las EPS. Para que esto ocurra, cada EPS debe "postular" ante la ADRES a qué prestadores se les debe pagar y por qué valores, basándose estrictamente en los contratos vigentes y los servicios efectivamente pactados.

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Este sistema tiene como objetivo principal garantizar que los recursos públicos lleguen con mayor celeridad a quienes atienden directamente a los pacientes, reduciendo significativamente el riesgo de que el flujo de caja se detenga o que los dineros se desvíen en el camino. Por esta razón, la calidad, veracidad y precisión de la información que reportan las EPS es determinante para asegurar que el flujo de dinero sea coherente con los servicios de salud que se han prestado a la ciudadanía.

La Superintendencia Nacional de Salud ha sido enfática en señalar que las inconsistencias detectadas no son uniformes, sino que se agrupan en cuatro categorías principales, las cuales son los acuerdos con baja ejecución, que se refieren a contratos por los que las EPS postulan pagos a pesar de que los servicios prestados han sido mínimos o insuficientes frente a lo que se había pactado inicialmente en el papel.

En un segundo punto a los anticipos pendientes de legalización, que corresponden a dineros que fueron entregados por adelantado a los prestadores, pero cuyo uso final todavía no ha sido debidamente justificado con los soportes legales y técnicos requeridos por la norma.

En un tercer punto, a los retrasos contractuales, ya que se han identificado demoras significativas en el cumplimiento de los compromisos y cronogramas firmados entre las EPS y sus respectivas redes de prestadores y finalmente a posibles dificultades en la destinación de los recursos, que son casos específicos en los que la auditoría no encuentra claridad sobre si el dinero se está utilizando para el fin previsto en el marco del aseguramiento en salud.

La revisión actual sigue la línea de rigor aplicada en meses anteriores. Cabe recordar que, en septiembre de 2026, la Supersalud ya había tomado medidas drásticas al excluir temporalmente del mecanismo de giro directo a 26 prestadores de servicios de salud. En aquella ocasión, el valor de las inconsistencias ascendió a $38.724 millones.

De acuerdo con la información suministrada por la entidad, tras esa exclusión, las EPS procedieron a redistribuir posteriormente esos recursos entre otros prestadores de sus redes de servicios para garantizar que la atención a los afiliados no se viera interrumpida por los problemas administrativos detectados en los soportes iniciales.

Ante el hallazgo de estos $356.500 millones en alertas, la Superintendencia solicitó formalmente a las EPS que realicen los ajustes necesarios de manera inmediata. Esto incluye verificar minuciosamente los soportes de sus postulaciones y corregir cada una de las inconsistencias detectadas por el ente de control. Además, la Supersalud anunció que mantendrá un esquema de seguimiento permanente y riguroso sobre este mecanismo de pago para evitar afectaciones al sistema.

Es importante precisar que la entidad aclaró que la totalidad de este monto no corresponde necesariamente a irregularidades comprobadas o actos de corrupción, sino a alertas técnicas que requieren una revisión profunda y una aclaración por parte de las administradoras. Hasta el momento, la información pública disponible no menciona que se hayan realizado traslados de estos casos a otros organismos de control externo, como la Contraloría General de la República o la Fiscalía General de la Nación, a la espera de las respuestas que entreguen las EPS.

Vale mencionar que el sistema de salud atraviesa un periodo de fuerte tensión, marcado por las constantes quejas de los usuarios debido a las dificultades en la prestación del servicio.emoras en la entrega de medicamentos esenciales y por las profundas dificultades financieras que enfrentan tanto varias EPS como los hospitales públicos y privados que les prestan servicios.

En paralelo a estas acciones de vigilancia, el Ministerio de Salud presentó un balance de su plan de choque para atender los casos represados en el sistema. Con corte al 3 de noviembre de 2026, la cartera reportó avances significativos en la entrega de medicamentos a 306.207 pacientes, lo que representa un 52,48% de los casos pendientes que habían sido priorizados. Asimismo, se informó sobre la resolución de 1.220.285 procedimientos médicos que estaban en espera.

No obstante, el Ministerio fue claro al advertir que las nuevas solicitudes y la gestión cotidiana de los servicios siguen siendo responsabilidad exclusiva de cada EPS. Para los prestadores de salud, la depuración y transparencia en el giro directo resulta vital: de la claridad y honestidad de esas postulaciones depende que el flujo de caja llegue a tiempo a las instituciones que día a día atienden a los millones de afiliados del régimen subsidiado en todo el territorio nacional.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué irregularidades detectó la Supersalud en el régimen subsidiado?

La entidad identificó alertas por posibles inconsistencias que suman $356.500 millones en solicitudes de giro directo realizadas entre septiembre y noviembre de 2026.

¿Cuáles son las principales causas de estas alertas?

Las inconsistencias se agrupan en contratos con baja ejecución, anticipos sin legalizar, retrasos contractuales y falta de claridad en la destinación final de los recursos.

¿Qué medidas se han tomado frente a estos hallazgos?

La Superintendencia solicitó a las EPS ajustar sus postulaciones de inmediato y verificar sus soportes; además, mantiene un seguimiento riguroso para evitar que el flujo de dinero hacia los hospitales se vea afectado.

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