Liberación de agentes del CTI en Arauca: fin a 18 meses de cautiverio bajo el ELN

En una jornada marcada por el alivio de sus familiares y la intervención de organismos internacionales, este jueves 12 de noviembre de 2026 se confirmó la liberación de Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada.

Los dos funcionarios, pertenecientes al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, habían permanecido en poder del Ejército de Liberación Nacional (ELN) durante aproximadamente 18 meses, tras ser interceptados en el departamento de Arauca en mayo de 2025.

La entrega de los investigadores se produjo en el marco de una misión humanitaria de alta complejidad, la cual contó con la participación activa de una delegación conformada por representantes de la Defensoría del Pueblo, la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y delegados de la Iglesia Católica. Este esfuerzo conjunto permitió el retorno seguro de los agentes, quienes fueron recibidos en una zona rural de la región araucana.

Un prolongado secuestro en cumplimiento del deber

El origen de este caso se remonta al 8 de mayo de 2025. En aquella fecha, Pacheco Oviedo y López Estrada se encontraban desempeñando labores judiciales y de protección en el corredor vial que conecta a los municipios de Fortul y Arauquita. Fue en ese trayecto donde fueron interceptados por unidades del grupo insurgente, iniciando así un periodo de privación de la libertad que se extendió por cerca de un año y medio.

La Defensoría del Pueblo, tras recibir a los funcionarios, destacó que este desenlace pone fin a una etapa de incertidumbre extrema. La institución subrayó que el regreso de los agentes del CTI representa, ante todo, la posibilidad de que se reencuentren con sus núcleos familiares, quienes durante todo este tiempo mantuvieron contacto con el organismo estatal para expresar la angustia vivida ante la falta de noticias claras sobre el estado de los investigadores.

“En desarrollo de una misión humanitaria en Arauca, la Defensoría del Pueblo, junto con la Misión de la ONU, el Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, recibió a los funcionarios del CTI de la Fiscalía, Jesús Antonio Pacheco y Rodrigo López, quienes permanecían secuestrados por el ELN desde mayo de 2025”, detalló la entidad en su comunicado oficial.

La postura institucional frente al secuestro

A pesar de la satisfacción por la libertad de los agentes, la Defensoría del Pueblo fue enfática al señalar que este tipo de actos no deben ser normalizados ni considerados como gestos de buena voluntad por parte de los grupos al margen de la ley. Para el organismo, el secuestro es una violación flagrante a los derechos humanos que no tiene justificación alguna bajo ninguna circunstancia política o militar.

En sus declaraciones, la institución remarcó que la liberación no es una concesión discrecional del ELN, sino el cumplimiento de una obligación legal y humanitaria que jamás debió ser vulnerada. “Terminó esta etapa de sufrimiento extremo, pero reiteramos que esto no debería ocurrir”, manifestó la Defensoría, haciendo un llamado vehemente para que todas las personas que aún permanecen cautivas por el ELN y otras organizaciones armadas sean devueltas a sus hogares de manera inmediata.

Asimismo, se ratificó el compromiso de continuar brindando asistencia integral a las víctimas de este delito y a sus familias, reconociendo que el daño causado por el secuestro trasciende el tiempo de cautiverio y afecta profundamente el tejido social y emocional de los involucrados.

Rechazo a los denominados juicios revolucionarios

Uno de los puntos de mayor tensión durante el tiempo de retención fue el anuncio por parte del ELN sobre la realización de un supuesto “juicio revolucionario” contra los agentes del CTI y otros miembros de la Fuerza Pública. Ante esto, la Defensoría del Pueblo mantuvo una posición firme, calificando dichos procedimientos como carentes de toda validez jurídica y legitimidad.

La entidad recordó que, en un Estado de derecho, ninguna estructura armada tiene la facultad de atribuirse funciones judiciales, imponer condenas o utilizar la privación de la libertad como una herramienta de presión o castigo. “Ningún grupo armado puede atribuirse facultades judiciales, imponer condenas ni utilizar el secuestro como mecanismo de presión, castigo o negociación”, sentenció el organismo defensor de los derechos ciudadanos.

La versión del grupo armado

Por su parte, el Frente de Guerra Oriental del ELN, bajo el mando de la estructura Manuel Vásquez Castaño, emitió un pronunciamiento respecto a la liberación. En su mensaje, el grupo insurgente intentó justificar la retención bajo su propia normativa interna, mencionando que la decisión de liberar a los funcionarios se basó en una supuesta “rebaja de pena” derivada de su comportamiento durante el cautiverio.

El comunicado del grupo armado señaló textualmente: “Cumplimos. Damos libertad a los procesados del CTI. El Frente de Guerra Oriental, comandante en jefe Manuel Vásquez Castaño del ELN, saluda al pueblo del oriente colombiano, al país, al mundo y a la vez informa que los agentes del CTI, Jesús Antonio Pacheco Oviedo, y Rodrigo Antonio López Estrada, en uso del código de procedimiento penal de los procesos condenatorios que aplica el ELN a funcionarios del Estado, considerando que por colaboración y buen comportamiento y dentro de los valores de justicia humanitaria y revolucionaria, acorde a nuestros principios y normas, contempla la rebaja de pena. Los agentes del CTI son acreedores a tal beneficio por los derechos mencionados”.

Esta retórica ha sido ampliamente rechazada por las autoridades colombianas y los organismos de derechos humanos, quienes insisten en que el único marco legal vigente en el territorio nacional es el establecido por la Constitución y las leyes de la República, invalidando cualquier intento de las organizaciones armadas por ejercer soberanía judicial o administrativa sobre los ciudadanos.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Quiénes son los funcionarios liberados y cuánto tiempo estuvieron secuestrados?

Se trata de Jesús Antonio Pacheco y Rodrigo Antonio López, agentes del CTI de la Fiscalía, quienes permanecieron 18 meses en poder del ELN.

¿Cómo se logró su liberación y en qué lugar ocurrió?

Fueron entregados en una zona rural de Arauca a una misión humanitaria conformada por la ONU, el CICR, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica.

¿Bajo qué argumentos justificó el ELN la retención y posterior entrega de los agentes?

El grupo insurgente afirmó haber realizado un “juicio revolucionario” y otorgado una “rebaja de pena” por buen comportamiento, argumentos que la Defensoría del Pueblo rechazó por carecer de validez jurídica.