Ministro Edwin Palma pide salvavidas económico para evitar apagones en la costa caribe

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, lanzó una alerta al advertir que la empresa A-ire, encargada de la distribución y comercialización de electricidad en gran parte de la costa Atlántica, se encuentra al borde del colapso financiero. Palma, quien en el pasado fue interventor de la compañía, pidió formalmente al Ministro de Hacienda un rescate económico urgente para evitar lo que ya no es solo una amenaza, sino una inminente realidad: apagones masivos en la costa Caribe colombiana.

La situación, según explicó Palma, viene deteriorándose desde hace meses. Y es que las deudas acumuladas del Gobierno Nacional con las generadoras y distribuidoras de energía, que suman más de 1,3 billones de pesos, tienen asfixiada financieramente a muchas eléctricas, entre ellas la más vulnerable actualmente, A-ire. Estos pagos corresponden a conceptos como la opción tarifaria y los subsidios que debía asumir el Estado, pero que no han sido desembolsados, poniendo en jaque el funcionamiento del sistema eléctrico regional.

Este llamado de auxilio no es nuevo. La propia empresa A-ire ya había solicitado de manera directa un salvavidas financiero, y los gremios de las electrificadoras habían advertido públicamente que las deudas del Gobierno ponían en riesgo la estabilidad del servicio eléctrico. Sin embargo, hasta ahora, no ha habido una respuesta concreta que permita asegurar los recursos necesarios para evitar la crisis. Solo una filial de EPM en el eje cafetero, logró por vía judicial, que se le pague parte de la deuda.

El fantasma de los apagones en la costa Atlántica ha dejado de ser una advertencia lejana para convertirse en una amenaza tangible. Palma aseguró que si no se resuelve pronto el problema económico de la empresa, los cortes de energía podrían producirse en cualquier momento, afectando a millones de usuarios en departamentos como Atlántico, Magdalena, La Guajira y Cesar.

El escenario es particularmente delicado porque A-ire está intervenida por el Gobierno, lo que significa que la responsabilidad directa de garantizar su funcionamiento recae sobre el mismo Estado. Los gremios energéticos y la ciudadanía exigen respuestas rápidas, pues el impacto económico y social de un apagón generalizado sería devastador para una región históricamente golpeada por deficiencias en infraestructura y servicios públicos.

Se espera que en los próximos días el Ministerio de Hacienda anuncie si atenderá el llamado del sector energético, que reclama no solo el pago de las deudas acumuladas, sino un plan estructural que evite futuras crisis similares.