El Complejo Judicial de Paloquemao, programó la audiencia en la que se decidirá si la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, continuará en prisión preventiva o si podrá obtener prisión domiciliaria.
El Juzgado 21 de Conocimiento de la capital llevará a cabo la sesión el próximo 24 de enero a las 2:00 p.m.
La decisión sobre la apelación presentada por la defensa de Ortiz surge tras el fallo emitido en diciembre por el Juzgado 3 de Garantías, que determinó que la exfuncionaria debía permanecer privada de su libertad.
Este tribunal consideró que su liberación podría obstaculizar la investigación y que los hechos por los que es procesada son de alta gravedad.
Cabe recordar que Sandra Ortiz enfrenta cargos por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. La exfuncionaria, quien se ha declarado inocente, está siendo investigada por su presunta participación como enlace entre el alto Gobierno y el senador Iván Name en un esquema que habría involucrado la entrega de $3.000 millones de pesos en efectivo.
Este dinero, según las autoridades, provenía de recursos destinados a la atención de catástrofes naturales por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La investigación incluye varios testimonios que podrían ser clave para esclarecer los hechos como es el caso de Pedro Castro, identificado por la Fiscalía como el presunto prestamista que habría conseguido el dinero entregado a los congresistas investigados que desde este martes 21 de enero, el alto tribunal comenzará a escuchar declaraciones.
Entre el 24 y el 29 de enero, se espera que el tribunal escuche a los conductores asignados a Ortiz durante el periodo en que presuntamente se realizó la entrega del dinero. Entre los citados se encuentran Víctor Cárdenas, Yalid Omeye Castellanos y Orlando Marín Páez. Estos testimonios podrían corroborar las rutas y movimientos de la exfuncionaria.
Adicionalmente, la Corte programó la declaración de otros testigos clave, como el exasesor jurídico de la UNGRD, Pedro Andrés Rodríguez Melo, y el excontratista Juan Camilo Llanos Marulanda. También se convocó a Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, quien ha señalado a Ortiz como la “mensajera” encargada de transportar el dinero al senador Name.
En el marco de la investigación, la Sala de Instrucción ha ordenado a la Fiscalía que entregue en un plazo de cinco días las declaraciones y pruebas relacionadas con otros implicados, incluyendo al contratista Luis Eduardo López Rosero y los detalles del contrato de los carrotanques para La Guajira.
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