Cinco integrantes del Ejército reciben penas superiores a 20 años de prisión por crimen en base militar de Antioquia

Un juez de conocimiento condenó a 20 años y dos meses de prisión al cabo segundo del Ejército Nacional Cristian Daniel Córdoba Piamba y a los soldados Brayan Stiven Osorio, Jhon Edwin Quejada Fabra, Neider de Jesús Oyola Ortiz y Miguel Ángel Caicedo Hernández, luego de que aceptaran mediante preacuerdo su responsabilidad en la tortura, homicidio y desaparición forzada de un campesino en hechos ocurridos el 7 de octubre de 2025 en una base militar ubicada en el municipio de Frontino, Antioquia.

La decisión judicial se produjo tras las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, que documentaron las circunstancias en las que ocurrió la muerte de la víctima, un hombre de 27 años que presentaba discapacidad cognitiva.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Seccional Antioquia, el campesino fue retenido por integrantes del Ejército bajo la sospecha de pertenecer a un grupo armado ilegal. Posteriormente fue trasladado a las instalaciones de la base militar, donde permaneció privado de la libertad durante cerca de cinco horas.

Durante ese tiempo, la investigación estableció que la víctima fue sometida a diferentes actos de violencia. Según el expediente, fue desnudada, golpeada, amarrada y colgada de un árbol. Además, las labores de policía judicial realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) determinaron que también fue sometida a asfixia y sofocamiento mientras permanecía bajo custodia.

La Fiscalía indicó que el campesino falleció al interior de un baño de la base militar como consecuencia de las agresiones sufridas durante su retención.

Las investigaciones señalaron que, tras la muerte de la víctima, los responsables envolvieron el cuerpo en una hamaca, lo trasladaron hasta el helipuerto de la instalación militar y posteriormente lo arrojaron al río El Cerro.

Tres semanas después, las autoridades recuperaron el cuerpo y lo remitieron al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la práctica de los exámenes correspondientes. El dictamen pericial concluyó que la causa de la muerte fue consecuencia de los actos de tortura a los que fue sometido el campesino.

Con base en el material probatorio recopilado durante la investigación, los cinco militares aceptaron su responsabilidad mediante un preacuerdo con la Fiscalía. El juez de conocimiento avaló la negociación judicial y emitió la sentencia condenatoria por los delitos de tortura, homicidio y desaparición forzada, todas las conductas agravadas.

La Fiscalía recordó que por estos mismos hechos ya había sido condenado el teniente Leider Ortiz Ortiz, quien se desempeñaba como comandante de la base militar donde ocurrieron los hechos. El oficial aceptó su responsabilidad mediante preacuerdo y recibió una condena de 20 años y tres meses de prisión.

Dentro del mismo proceso penal también fueron acusados el sargento segundo Andrés Olivio Gutiérrez Mideros y los soldados Alberto Rojo Giraldo y Didian Fernando Ruiz Reyes. De acuerdo con la información suministrada por la Fiscalía General de la Nación, los tres continúan privados de la libertad mientras avanza el trámite judicial correspondiente.

La actuación judicial hace parte de la investigación desarrollada por la Fiscalía para establecer las responsabilidades penales derivadas de los hechos ocurridos en la base militar de Frontino durante octubre de 2025.