Nueve personas fueron judicializadas por presunta venta de carne equina no apta para consumo humano

La investigación estuvo a cargo de una fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra el Medio Ambiente y los Recursos Naturales. Según los elementos recopilados durante el proceso, la organización presuntamente obtenía caballos de edad avanzada o con enfermedades en los departamentos de Cesar, Bolívar y Magdalena, así como en diferentes municipios de Santander.

Posteriormente, los animales eran trasladados hasta Bucaramanga en vehículos que, según la Fiscalía, no cumplían con las condiciones requeridas para su transporte. La investigación señala que permanecían en lugares donde eran mantenidos sin alimento ni agua antes de ser sacrificados en instalaciones clandestinas que no contaban con permisos ni cumplían los requisitos sanitarios establecidos por la normativa vigente.

Las labores investigativas también permitieron establecer que, presuntamente, los integrantes de la organización modificaban las características físicas del producto cárnico para facilitar su comercialización. De acuerdo con la Fiscalía, utilizaban sustancias químicas con el propósito de alterar la apariencia, el olor y la textura de la carne para ocultar su estado de descomposición.

En desarrollo de las actuaciones judiciales fueron procesados Sergio Leonardo Ortiz Soto, conocido como alias Leo; Danny Alexander Soto, alias Dante o Carnicero; Jonathan Javier Ortiz Soto; Yolanda Soto Badillo; Enrique Cadena Rojas, alias Mala Vida; Cindy Johana Moreno Daza; Mario Alvarado Trujillo; Mayer Andrea Trujillo Ardila y Jhoan Sebastián Trujillo Trujillo.

El material probatorio indica, además, que la carne era almacenada y distribuida sin cumplir las normas sanitarias exigidas para este tipo de productos. Posteriormente, era comercializada en distintos establecimientos del área metropolitana de Bucaramanga como si se tratara de carne de res.

Como resultado de la investigación, la Fiscalía imputó a los nueve procesados varios delitos, de acuerdo con el grado de participación que cada uno habría tenido en los hechos.

Los cargos formulados incluyen concierto para delinquir; corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico; daño a los recursos naturales y ecocidio; y muerte al animal.

El proceso continuará en las etapas previstas por la legislación penal colombiana, mientras las autoridades avanzan en la recolección y valoración de los elementos materiales probatorios relacionados con el caso.