Procuraduría lleva a juicio disciplinario a tres exfuncionarios del Gobierno Petro por señalar a una periodista en el homicidio de un líder social
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exembajador en México Álvaro Moisés Ninco Daza, el exviceministro de la Juventud Gareth Steven Sella Forero y la exfuncionaria de la Superintendencia de Industria y Comercio María Niny Echeverry, por mensajes en redes sociales que vincularon a la periodista santandereana Diana Saray Giraldo con el asesinato de un líder social en Arauca.
Una decisión del órgano de control disciplinario
La decisión fue adoptada por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción Primera para la Vigilancia Administrativa. El pliego de cargos es el acto con el que el ente de control concreta formalmente las faltas que atribuye a un servidor o exservidor público y abre paso a la etapa de juzgamiento. No equivale a una sanción: los tres investigados conservan la presunción de inocencia y podrán presentar sus descargos y pruebas antes de que se adopte un fallo.
Según lo informado, el despacho les imputó dos tipos de conducta. La primera fue calificada provisionalmente como falta gravísima a título de dolo, por la presunta comisión del delito de calumnia valiéndose de su condición de servidores públicos. La segunda, calificada como grave, corresponde a un presunto exceso en el ejercicio de la libertad de expresión que habría configurado violencia digital, simbólica y psicológica contra la comunicadora. De acuerdo con los reportes, la Procuraduría analizó el caso con enfoque de género.
Los hechos que originaron el proceso
El expediente se remonta a marzo de 2024. El 5 de ese mes, Giraldo —entonces vinculada a Caracol Radio— presentó un reporte periodístico sobre la situación de orden público en Arauca. Días después fue asesinado en ese departamento el líder social Josué Castellanos.
Únete al canal de WhatsApp de IFMNOTICIAS para estar informado de manera oportuna y con detalle. IFMNOTICIAS · Información de VerdadUnirmeTras el crimen, los tres funcionarios, que en ese momento ocupaban sus cargos en el Gobierno del entonces presidente Gustavo Petro, publicaron mensajes en sus perfiles de redes sociales en los que, según la queja, presentaron a la periodista como determinadora del homicidio. En el derecho penal colombiano, el determinador es quien induce a otro a cometer un delito.
Ninco Daza, quien se desempeñaba como embajador en México, escribió que hay quienes señalan con el micrófono para que otro dispare con el fusil. Sella Forero, viceministro de la Juventud del Ministerio de Igualdad y Equidad, cuestionó que la periodista hubiera estigmatizado a una organización social de la región como brazo político del ELN antes del asesinato. Echeverry, quien dirigía una oficina de servicios al consumidor en la SIC, se habría sumado a esos señalamientos, de acuerdo con los medios que conocieron la decisión.
De la queja al pliego de cargos
La queja disciplinaria fue presentada el 29 de agosto de 2024 por el abogado Juan José Castro Muñoz, apoderado de la periodista. Tras la indagación, el despacho cerró la etapa de investigación el 19 de mayo y corrió traslado a los sujetos procesales para alegatos, paso previo a la formulación de cargos.
Con el pliego ya emitido, el proceso entra en la fase de juicio disciplinario, en la que se determinará si existe responsabilidad. Si se confirmara una falta gravísima dolosa, la legislación disciplinaria prevé sanciones de destitución e inhabilidad general; como los tres ya no ejercen los cargos, la eventual destitución se convertiría en inhabilidad para ejercer funciones públicas.
Contexto
Diana Saray Giraldo es periodista y columnista santandereana, con trayectoria en medios impresos como Vanguardia y en plataformas digitales. En los últimos años ha sido blanco de críticas públicas desde sectores del Gobierno anterior, cuyo mandato terminó el 7 de agosto de 2026.
El caso se suma a la discusión sobre los límites de la libertad de expresión de los servidores públicos, quienes, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, tienen un deber reforzado de veracidad y prudencia cuando se refieren a ciudadanos y, en particular, a periodistas, por el impacto que sus palabras pueden tener en la seguridad de las personas señaladas.
Preguntas y respuestas de contexto
¿Quiénes son los exfuncionarios vinculados al proceso?
Se trata del exembajador en México Álvaro Moisés Ninco Daza, el exviceministro de la Juventud Gareth Steven Sella Forero y la exfuncionaria de la SIC María Niny Echeverry.
¿Por qué la Procuraduría les formuló pliego de cargos?
Por publicar mensajes en redes sociales que vinculaban a la periodista Diana Saray Giraldo con el asesinato del líder social Josué Castellanos en Arauca, presentándola presuntamente como determinadora del crimen.
¿A qué sanciones se enfrentan los implicados?
Al ser calificadas provisionalmente como faltas gravísimas a título de dolo y graves, los investigados podrían enfrentar una inhabilidad para ejercer funciones públicas si se confirma su responsabilidad en el juicio.
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