Revelaciones sobre el patrimonio de Daniel Quintero: informe confidencial expone movimientos de activos y contratos públicos

Un detallado informe confidencial de debida diligencia, fechado en julio de 2026 y conocido por El Expediente, ha puesto bajo la lupa las finanzas y los vínculos contractuales de Daniel Quintero Calle.

El documento revela una serie de movimientos patrimoniales y adjudicaciones de recursos públicos que involucran directamente al círculo familiar del exalcalde de Medellín y actual superintendente de Salud. La investigación se centra en dos ejes principales: la entrega de un millonario contrato a una fundación vinculada a su esposa y la transferencia de un costoso inmueble en la capital del país a una sociedad representada por una pariente cercana.

Sobre estos movimientos ya IFMNOTICIAS había hecho denuncias en el 2021.

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Adjudicaciones bajo sospecha en el departamento de Santander

El primer hallazgo de relevancia consignado en el informe técnico se refiere a la Fundación Piensa Verde. Según los registros oficiales, el 9 de diciembre de 2014, Diana Marcela Osorio Vanegas, cónyuge de Quintero Calle, aceptó formalmente el cargo de representante legal de dicha organización, tal como consta en el acta número 10 del comité directivo. Años después, en un contexto de alta relevancia política, la fundación resultó beneficiada con recursos estatales.

El 27 de octubre de 2025, apenas un día después de que se realizara la consulta interna del Pacto Histórico —donde Quintero participaba como precandidato a la presidencia—, el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) reportó dos movimientos significativos para la fundación. El primero fue una adjudicación por $2.099.927.236, que actualmente figura como cancelada. El segundo, que permanece activo, corresponde a un contrato por $999.965.350,54 destinado a la recuperación de las ciénagas Manatí Blanco, Paredes y Caño Negro en el departamento de Santander.

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La estructura financiera de este proyecto ambiental ha llamado la atención de los investigadores. El valor total de la obra asciende a $1.052.544.262,54, de los cuales la administración departamental solo aporta $52.578.912. La diferencia, que constituye la casi totalidad del presupuesto, fue asignada a la fundación. Adicionalmente, el informe advierte sobre una posible duplicidad de identidad institucional, pues el NIT 900148051 aparece vinculado tanto a la Fundación Piensa Verde como a la Fundación Social y Ambiental del Magdalena Medio (FUDSAM) en la plataforma de transparencia PACO.

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El rastro de un apartamento de $680 millones en Bogotá

El segundo hecho documentado gira en torno a un apartamento ubicado en Bogotá, cuyo valor comercial se estima en $680 millones. De acuerdo con el reporte de debida diligencia, Daniel Quintero no registra bienes inmuebles a su nombre en las bases de datos nacionales. No obstante, el rastro del activo conduce a una estructura fiduciaria creada poco después de la constitución de la sociedad One Future S.A.S. en mayo de 2021, época en la que Quintero ejercía como alcalde de Medellín.

Los derechos fiduciarios del mencionado apartamento fueron cedidos por Quintero y Osorio a un patrimonio autónomo bajo el nombre de la citada empresa. One Future S.A.S. presenta características financieras particulares: posee un capital autorizado de $100 millones, un capital suscrito de $50 millones y un capital pagado de apenas $10 millones. A pesar de manejar un activo de alto valor, la sociedad reporta ingresos de cero pesos y no ha renovado su matrícula mercantil desde el año 2021.

La representación legal de esta firma recae en Laura Upegui Vanegas, prima de Diana Marcela Osorio. Upegui también figura al frente de Trópico Marketing, una compañía dedicada a la publicidad y el lobby que, de igual forma, reporta ingresos nulos y falta de renovación mercantil desde 2022. Un dato adicional que resalta el informe es que la dirección registrada para One Future coincide con la sede del bufete Suárez & Gómez Abogados en el norte de Bogotá.

(INVESTIGACIÓN) Las propiedades del alcalde y su esposa que nunca contaron que tenían. (2.da Parte)

Vínculos familiares y procesos judiciales en curso

El patrón identificado por los analistas sugiere una estrategia de dispersión patrimonial donde los bienes no figuran a nombre del funcionario, mientras que entidades ligadas a su entorno familiar acceden a la contratación estatal. En este entramado aparece Juan Carlos Upegui, concejal de Medellín y familiar de Laura Upegui. Aunque el cabildante declaró no tener participación en sociedades ni contratos públicos, en sus propios formatos de registro identificó a Laura como representante legal de las empresas mencionadas. Esta situación derivó en la apertura de una investigación por parte de la Procuraduría General de la Nación bajo el radicado IUS E-2024-001165, por una presunta inhabilidad.

El historial jurídico de Daniel Quintero complementa el panorama de los hallazgos. El 3 de julio de 2024, la Procuraduría lo sancionó en primera instancia con seis meses de suspensión e inhabilidad por participación en política. Posteriormente, el 21 de noviembre de 2025, fue llamado a juicio disciplinario por irregularidades en el cambio de uso de suelo del lote Aguas Vivas. Por este mismo caso, la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos el 22 de abril de 2025, incluyendo el delito de peculado por apropiación, aunque dicha imputación fue anulada por una jueza el 14 de julio de 2026 debido a falta de claridad en la exposición de los hechos.

Actualmente, Quintero Calle figura en 77 noticias criminales, siendo indiciado en 24 de ellas. Entre los procesos vigentes destaca un juicio por prevaricato, aunque hasta la fecha ninguna de estas investigaciones ha concluido en una sentencia en firme. El informe confidencial incluye un complejo mapa de relaciones que abarca 298 entidades y 358 vínculos que conectan a la Fundación Piensa Verde con otras sociedades y parientes declarados por el funcionario ante el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Ante la contundencia de los datos, persisten interrogantes sobre la transparencia de estas operaciones: la razón detrás de la cesión de un inmueble de alto valor a una sociedad con capital mínimo, los criterios de adjudicación del contrato en Santander y la identidad de quienes hoy dirigen las organizaciones beneficiadas por estos movimientos de activos.

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Preguntas y respuestas de contexto

¿De qué se le acusa a Daniel Quintero en el nuevo informe de debida diligencia?

Se le señala por presuntos movimientos irregulares de activos y adjudicación de contratos públicos a favor de su círculo familiar, incluyendo un apartamento de $680 millones y contratos ambientales.

¿Qué irregularidades se encontraron con la Fundación Piensa Verde?

La fundación, vinculada a la esposa de Quintero, recibió un contrato por casi $1.000 millones para la recuperación de ciénagas en Santander justo después de una consulta política en 2025.

¿Cómo se vincula el apartamento de Bogotá con la familia del exalcalde?

El inmueble fue transferido a la sociedad One Future S.A.S., representada por la prima de su esposa, una empresa que reporta ingresos de cero pesos y no ha renovado su matrícula mercantil.

¿Cuál es la situación judicial actual de Daniel Quintero?

El exalcalde figura en 77 noticias criminales y enfrenta procesos por peculado y prevaricato, además de haber sido sancionado previamente por la Procuraduría por participación en política.