Fiscalía imputó a cuatro funcionarios de la DIAN de Ipiales por exportaciones ficticias

La Fiscalía General de la Nación capturó e imputó cargos por lavado de activos a siete personas, entre ellas cuatro funcionarios de la DIAN en Ipiales (Nariño), señalados de certificar exportaciones de aceite de palma y soya hacia Ecuador que, según la investigación, nunca salieron del país.

Este esquema de corrupción y fraude comercial habría permitido el ingreso al sistema financiero colombiano de más de $425.000 millones de origen ilícito, utilizando como fachada el comercio exterior a través del puente internacional de Rumichaca.

Los cuatro servidores públicos vinculados pertenecen a la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Ipiales y fueron identificados como Fabián Lizandro Erazo Herrera, Jhon Jairo Estupiñán Meneses, Ray Alexander Arteaga Revelo y Jorge Arellano Paguay.

Según el ente acusador, desde sus cargos habrían certificado la salida de mercancías por el puente internacional de Rumichaca, en la frontera con Ecuador, sin que estas hubieran cruzado realmente. La labor de estos funcionarios era fundamental para el andamiaje criminal, pues su firma y sello en los documentos oficiales otorgaban la legalidad necesaria para que el dinero pudiera fluir sin levantar sospechas inmediatas de las autoridades de control.

Los otros tres procesados son representantes legales de comercializadoras internacionales con domicilio en Cúcuta que figuraban como exportadoras: Arvey Duque Villamizar, Alexis Valencia Valencia y Jeisson Urley Ovalles Mendoza. Estos particulares habrían facilitado la estructura empresarial necesaria para simular las operaciones comerciales que servían de base para el blanqueo de capitales a gran escala.

La hipótesis de la Fiscalía es que cinco comercializadoras internacionales y una agencia de aduanas simularon ventas de aceite de palma, soya y sus derivados a compradores en Ecuador. Con base en esas exportaciones inexistentes, al país habrían llegado giros desde Estados Unidos, España, Panamá y Perú, presentados como pagos legítimos por mercancía vendida en el exterior. Este flujo de dinero, que supera los $425.000 millones, ingresaba al torrente económico nacional bajo la apariencia de una actividad comercial lícita y productiva.

En términos sencillos, la investigación sostiene que los documentos aduaneros falsos funcionaron como una fachada: le daban apariencia legal a dinero cuyo origen real no estaba justificado. Esa es la mecánica típica del lavado de activos mediante comercio exterior, una modalidad que las autoridades conocen como "exportaciones ficticias" o "fraude comercial basado en el comercio".

Al no existir la mercancía, el dinero que ingresa no corresponde a una contraprestación real, sino a una maniobra para introducir capitales de dudosa procedencia al sistema legal. "Realizando exportaciones ficticias de varios productos, tales como aceite de palma y soya, con destino a la República del Ecuador", resumió Leonardo Quevedo Castillo, director especializado contra los Delitos Fiscales de la Fiscalía, al describir la conducta investigada que hoy tiene a estos funcionarios y particulares bajo la lupa de la justicia.

A los siete procesados se les imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de lavado de activos y lavado de activos agravado. Estas conductas revisten una gravedad especial dada la cuantía del dinero involucrado y la organización necesaria para ejecutar el fraude. A los cuatro funcionarios de la DIAN se les atribuyó, además, falsedad ideológica en documento público, conducta que se configura cuando un servidor consigna hechos falsos en un documento oficial que está obligado a expedir, abusando de la confianza depositada por el Estado en su cargo.

La operación estuvo a cargo de una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales, con apoyo de policía judicial del CTI, la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), la propia DIAN y, según algunos reportes, el Ejército Nacional. Esta articulación de fuerzas demuestra la complejidad del caso y el interés del Estado en desmantelar redes que permean las instituciones aduaneras.

Los bienes y activos identificados durante las diligencias fueron remitidos a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, que evaluará si procede quitarle a sus titulares la propiedad de esos bienes a favor del Estado. Este proceso buscará afectar las finanzas de la organización criminal, más allá de las responsabilidades penales individuales.

Preguntas y respuestas de contexto

¿De qué se acusa a los funcionarios de la DIAN capturados?

Cuatro funcionarios de la seccional Ipiales son señalados de certificar exportaciones ficticias de aceite de palma y soya hacia Ecuador que nunca salieron del país para blanquear más de $425.000 millones. Su participación consistía en validar documentos oficiales para mercancías inexistentes.

¿Cómo funcionaba el esquema de lavado de activos?

Comercializadoras en Cúcuta simulaban ventas al exterior usando documentos falsos para dar apariencia legal a giros de dinero provenientes de Estados Unidos, España, Panamá y Perú. El dinero entraba al país como pago de supuestas ventas de aceite y soya.

¿Qué delitos les imputó la Fiscalía a los involucrados?

A los siete capturados se les imputó lavado de activos y concierto para delinquir, mientras que a los funcionarios de la DIAN se les sumó el cargo de falsedad ideológica en documento público por certificar hechos falsos en el ejercicio de sus funciones.