MinAgricultura cierra la derogatoria de las APPA: cerca de un millón de hectáreas en 59 municipios dejan de ser áreas de protección para alimentos

¿Qué son las APPA?

Las APPA nacieron con el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, que adoptó el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno anterior. Se trata de zonas que el Ministerio de Agricultura declara, con apoyo técnico de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), a partir de criterios como la aptitud del suelo y la disponibilidad de agua, con el fin de reservarlas para la producción de alimentos.

En términos jurídicos, funcionaban como una "determinante de superior jerarquía": una norma de nivel nacional que los municipios debían respetar obligatoriamente al formular sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT), los documentos que definen dónde se puede urbanizar, cultivar, construir o conservar. En la práctica, restringían el cambio de uso de terrenos con vocación agrícola.

Las cifras de la derogatoria

De acuerdo con el viceministro de Desarrollo Rural, José Leónidas Tobón, las decisiones finales se tomaron el 11 de noviembre e incluyeron más de 48.000 hectáreas en ocho municipios del norte del Tolima y más de 84.000 hectáreas en San Vicente de Chucurí y El Carmen de Chucurí, en Santander.

Previamente, el Ministerio ya había derogado las APPA en La Guajira, Córdoba, el suroeste antioqueño y la Sabana Centro de Cundinamarca.

En Antioquia la decisión abarcó 102.801 hectáreas en 19 municipios, entre ellos Andes, Jericó, Concordia y Fredonia, mientras que en la Sabana de Bogotá se eliminaron cerca de 16.000 hectáreas en Sopó, Nemocón, Cogua, Tabio y Guasca. En total, la cartera reporta cerca de un millón de hectáreas en 59 municipios.

Los argumentos del Gobierno

El Ministerio sostuvo que una revisión técnica y jurídica realizada junto con la UPRA encontró deficiencias en las declaratorias: imprecisiones cartográficas en la delimitación de las áreas, dificultades para articularlas con los POT municipales y cuestionamientos de las comunidades sobre su participación en las decisiones.

El ministro Dangond calificó las APPA como una medida que restó funciones a los alcaldes y a las entidades locales, y aseguró que son las autoridades municipales las que deben definir sus planes de ordenamiento y la orientación productiva agrícola y pecuaria de sus territorios. Añadió que la política rural del Gobierno busca que la producción agropecuaria conviva con otras actividades económicas, con énfasis en la transformación agroindustrial, la inversión, la infraestructura y la rentabilidad.

La cartera aclaró que la derogatoria no implica renunciar a la protección del suelo rural ni al derecho a la alimentación: siguen vigentes las normas ambientales y las categorías de protección del suelo rural. Para el caso de la Sabana, precisó que la decisión no autoriza por sí sola procesos de urbanización.

El debate jurídico

La decisión se produce en medio de discusiones sobre el alcance de las facultades del Ministerio. La Sentencia C-364 de 2026 de la Corte Constitucional establece que la cartera puede declarar, modificar o eliminar estas áreas, pero solo después de un proceso efectivo de información, coordinación y concertación con las autoridades territoriales. En esa línea, la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe Colombia) recordó en un comunicado que los municipios deben tener una oportunidad real de incidir en estas decisiones y que sus observaciones deben ser valoradas de manera motivada.

El tema también ha llegado al Congreso, donde el Ministerio de Agricultura ha sido citado a debate de control político por la derogatoria.

Preguntas y respuestas de contexto

¿En qué consiste la decisión del Ministerio de Agricultura sobre las APPA?

El Gobierno finalizó la derogatoria de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), eliminando esta restricción en cerca de un millón de hectáreas ubicadas en 59 municipios de seis departamentos.

¿Por qué el Gobierno decidió eliminar estas áreas de protección?

El Ministerio argumentó que las declaratorias tenían imprecisiones técnicas y restaban autonomía a los alcaldes para decidir sobre el uso del suelo, por lo que ahora la potestad de ordenamiento territorial regresa a las autoridades locales.

¿Qué zonas del país se ven afectadas por esta medida?

La decisión incluye terrenos en Tolima, Santander, La Guajira, Córdoba, el suroeste antioqueño y la Sabana Centro de Cundinamarca, abarcando municipios como San Vicente de Chucurí, Andes y Sopó.