Fiscalía archiva la investigación contra Álvaro Uribe por presunto soborno a testigos: no halló pruebas de pagos por declaraciones

Una resolución de 47 páginas

De acuerdo con la resolución, fechada el 12 de noviembre de 2026 en Bogotá y conocida públicamente entre el viernes 13 y el sábado 14 de noviembre, la Fiscalía ordenó el archivo de las diligencias con fundamento en el artículo 79 de la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal). Esa norma permite a un fiscal cerrar una indagación cuando no encuentra motivos o circunstancias que permitan caracterizar los hechos como delito o indicar su posible existencia.

El documento lleva la firma de la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia Sandra Helena Portilla Constain. El proceso, identificado con el radicado 110016000102202100016, tuvo como denunciante al senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico.

El origen del caso

La indagación se remonta a febrero de 2018, cuando la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema se abstuvo de investigar a Cepeda —a quien Uribe había denunciado— y, en cambio, ordenó compulsar copias para indagar al entonces senador. La compulsa de copias es el mecanismo mediante el cual una autoridad judicial remite información a otra para que investigue posibles delitos. Tras la renuncia de Uribe a su curul, el expediente pasó de la Corte a la Fiscalía.

El núcleo de esta línea investigativa fueron las declaraciones del exparamilitar Pablo Hernán Sierra, conocido como 'Alberto Guerrero', quien señaló presuntos pagos a exintegrantes de grupos paramilitares para que rindieran testimonios favorables al exmandatario y en contra de Cepeda.

Lo que encontró la Fiscalía

El ente acusador examinó la hipótesis de entregas de dinero a Ramiro de Jesús Henao Aguilar y a Gabriel Muñoz Ramírez. Respecto de este último, revisó negocios inmobiliarios realizados entre 2009 y 2011 —relacionados con predios en Cimitarra, Santander, e incluido el levantamiento de una hipoteca— y concluyó que se trató de un acuerdo comercial con justificación económica, sin relación temporal ni causal con declaraciones que datan de 2015.

Para llegar a esa conclusión, según los medios que conocieron la resolución, la Fiscalía analizó información patrimonial con apoyo de la DIAN, centrales de riesgo, el Banco de la República y la Superintendencia de Notariado y Registro. Sobre el testimonio de Sierra, el despacho estimó que no aportó detalles verificables y que parte de su relato se basaba en rumores escuchados en el lugar de reclusión.

En cuanto a los señalamientos relacionados con los testigos alias 'Castañeda', alias 'Simón' y Óscar Antonio Monsalve Correa, la fiscal consideró que existía un impedimento legal para pronunciarse de nuevo, porque esos hechos ya habían sido debatidos en el juicio oral que se adelantó ante el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá.

Reacciones

El expresidente celebró la decisión en su cuenta de X y afirmó que el archivo complementa la absolución que le otorgó el Tribunal Superior de Bogotá. Su abogado, Jaime Granados, sostuvo que "nunca es tarde para rectificar la persecución", mientras que el defensor Juan Felipe Amaya cuestionó los ocho años que permaneció abierta la indagación. Hasta el cierre de esta edición no se conocía un pronunciamiento público del senador Cepeda sobre la determinación.

¿Qué sigue?

La resolución será notificada al investigado, al Ministerio Público y a la presunta víctima para que ejerzan sus derechos procesales. El archivo no hace tránsito a cosa juzgada: la Fiscalía puede reanudar las diligencias si surgen nuevos elementos probatorios mientras la acción penal siga vigente.

La decisión tampoco afecta otros procesos. En el caso principal por presunta manipulación de testigos, el Tribunal Superior de Bogotá revocó en octubre de 2025 la condena de primera instancia, y ese fallo es objeto de recursos de casación ante la Corte Suprema.

Además, la Fiscalía mantiene abierta la investigación por las masacres de La Granja (1996) y El Aro (1997), en Ituango, Antioquia, en la que el exmandatario conserva la condición de investigado y la presunción de inocencia.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Por qué la Fiscalía decidió archivar la investigación contra Álvaro Uribe?

El ente acusador cerró el caso al no encontrar pruebas que acreditaran el pago de sobornos a testigos ni irregularidades en los negocios inmobiliarios analizados. La fiscal delegada concluyó que los testimonios en contra del expresidente carecían de detalles verificables o se basaban en rumores.

¿Quién interpuso la denuncia y cuál era el origen del caso?

La denuncia fue realizada por el senador Iván Cepeda y se remonta a 2018, cuando la Corte Suprema ordenó investigar a Uribe tras testimonios del exparamilitar Pablo Hernán Sierra. El proceso se centraba en presuntos pagos a exintegrantes de grupos paramilitares para favorecer al exmandatario.

¿Esta decisión significa el cierre definitivo de todos los procesos contra el expresidente?

No, el archivo de esta indagación no impide su reapertura si aparecen nuevas pruebas y no afecta otros procesos vigentes. Uribe aún mantiene la condición de investigado en casos relacionados con las masacres de La Granja y El Aro, además de recursos pendientes en su proceso principal por manipulación de testigos.