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Cepeda anunció denuncia penal y queja disciplinaria contra ministro del Interior, Alejandro Ordóñez

El senador Iván Cepeda anunció acciones legales contra el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, por el presunto uso indebido de las redes sociales institucionales para ataques personales y difamación.

IFM Noticias
Redacción
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Cepeda anunció denuncia penal y queja disciplinaria contra ministro del Interior, Alejandro Ordóñez
Foto: X Cepeda.

El senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, anunció que interpondrá una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación y una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación contra el actual ministro del Interior, Alejandro Ordóñez.

Según dijo, la acción judicial se fundamenta en una serie de publicaciones realizadas desde la cuenta oficial de la cartera del Interior, las cuales el congresista considera constitutivas de delitos y faltas graves contra la administración pública.

A través de sus canales de comunicación, Cepeda informó que la denuncia penal abarca la presunta comisión de cuatro conductas punibles: abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, hostigamiento, calumnia y peculado por uso de bienes públicos.

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De manera simultánea, la queja ante el Ministerio Público busca que se investigue al ministro Ordóñez por el presunto uso de bienes del Estado con fines personales y por actos de difamación dirigidos contra otro servidor público en ejercicio de sus funciones.

Los hechos que motivaron la acción judicial

El origen se remonta al pasado viernes, según se conoció. La cuenta institucional del Ministerio del Interior difundió imágenes de Iván Cepeda acompañado de antiguos jefes de las extintas Farc, mencionando específicamente a alias Jesús Santrich e Iván Márquez. Para el senador, esta publicación no es un hecho aislado, sino un "montaje de fotografías" diseñado deliberadamente para desacreditar sus iniciativas en favor de la paz y estigmatizar su labor legislativa.

Este choque mediático tuvo como antecedente inmediato una agria discusión sobre los salarios en el Fondo Milagro, entidad creada para administrar la reconstrucción tras el terremoto del pasado 10 de agosto. La polémica estalló tras conocerse un derecho de petición de la senadora Kamelia Zuluaga, donde se revelaba que una nómina de 27 trabajadores vinculados mediante Fiducoldex representaba un costo cercano a los 765 millones de pesos. Ante el escándalo, el presidente Abelardo de la Espriella afirmó que no había autorizado dichas remuneraciones y ordenó su reversión inmediata.

Cepeda calificó la reacción del mandatario como "hipócrita y desvergonzada", lo que provocó la airada respuesta del ministro Ordóñez desde la cuenta oficial del Ministerio. El funcionario contestó con frases como "El ladrón juzga por su condición", expresión que atribuyó a su abuela, y utilizó el canal institucional para defender la gestión del Gobierno frente a los cuestionamientos de la oposición.

Fundamentos jurídicos de la denuncia de Cepeda

El argumento central de Cepeda radicó en que la cuenta del Ministerio del Interior es un canal institucional del Estado colombiano y no una plataforma personal del funcionario de turno. En consecuencia, sostiene que no puede ser empleada para dirimir rencillas personales ni para atacar a contradictores políticos. Para sustentar su posición, el senador invocó la Ley 2345 de 2023, que regula estrictamente el uso de las cuentas y canales institucionales de las entidades públicas, así como el artículo 209 de la Constitución Política, que exige que la función administrativa se desarrolle bajo principios de imparcialidad, moralidad y eficacia.

En el marco de la denuncia, se detallan los tipos penales invocados. El peculado por uso se refiere al delito en que incurre un servidor público que utiliza indebidamente bienes del Estado, o permite que terceros los usen, para fines ajenos a los institucionales.

Por su parte, el abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto sanciona al funcionario que, excediéndose en sus atribuciones legales, comete un acto contrario al derecho. Finalmente, la calumnia implica la imputación falsa de una conducta típica (delito) a otra persona, lo cual Cepeda considera que ocurrió al vincularlo de forma malintencionada con criminales mediante el uso de recursos públicos.

Dada la alta dignidad del cargo que ocupa Alejandro Ordóñez, este goza de un fuero constitucional especial. Según la Carta Política, la investigación penal de los ministros del despacho corresponde exclusivamente al Fiscal General de la Nación o a sus delegados ante la Corte Suprema de Justicia. En caso de que la investigación prospere, el juzgamiento final recaería sobre la Sala Especial de Primera Instancia de dicha corporación. En el ámbito disciplinario, la Procuraduría General de la Nación deberá evaluar si la queja presentada tiene el mérito suficiente para abrir una indagación previa o una investigación formal.

Alejandro Ordóñez no ha emitido un pronunciamiento oficial respecto a las acciones legales anunciadas por Cepeda al momento de esta publicación. Como en todo proceso judicial en Colombia, el ministro goza plenamente de la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario en un juicio con todas las garantías.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Por qué el senador Iván Cepeda denunció al ministro del Interior?

Cepeda acusa al ministro Alejandro Ordóñez de usar la cuenta institucional del Ministerio para publicar montajes fotográficos y ataques personales con el fin de difamarlo. La denuncia incluye presuntos delitos como abuso de autoridad, calumnia, hostigamiento y peculado por uso de bienes públicos.

¿Qué hechos específicos originaron esta disputa legal?

La controversia inició por críticas de Cepeda a los altos salarios en el Fondo Milagro, a lo que el ministro respondió desde la cuenta oficial de la cartera con la frase "el ladrón juzga por su condición". Además, se difundieron imágenes del senador junto a antiguos jefes de las Farc para cuestionar su labor legislativa.

¿Ante qué organismos se presentaron las acciones legales?

El senador interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación y una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación. Debido al cargo del ministro, la investigación penal corresponde exclusivamente al Fiscal General o sus delegados ante la Corte Suprema de Justicia.

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