Consejo de Estado admitió tutela contra la Presidencia por exhibir a capturados en mega operativos, pero negó frenar difusión de videos

La Sección Tercera del Consejo de Estado admitió para su estudio una acción de tutela interpuesta contra la Presidencia de la República y el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), el recurso judicial cuestiona la práctica de exhibir públicamente a personas capturadas durante megaoperativos policiales, señalándolas de delitos antes de que exista una sentencia judicial en firme.

Pese a la admisión del recurso, la magistrada ponente del caso, Adriana Polidura Castillo, decidió negar por el momento la medida provisional solicitada por el demandante. Dicha medida buscaba que se ordenara la suspensión inmediata de la difusión de los videos e imágenes donde aparecen los detenidos mientras el alto tribunal resuelve el fondo del asunto. Con esta determinación, la Presidencia no tiene, por ahora, la obligación de retirar el material ya publicado ni se encuentra impedida para continuar con este tipo de divulgaciones comunicativas.

Quién demanda y qué alega ante el alto tribunal

La acción de tutela fue radicada por Juan Carlos Calderón España, quien actúa en su calidad de presidente de la veeduría ciudadana Control Social y Efectivo. El núcleo de la demanda sostiene que el presidente Abelardo de la Espriella y el Dapre han incurrido en conductas que vulneran derechos fundamentales al exponer a personas recién capturadas ante las cámaras de la oficina de comunicaciones de la Casa de Nariño.

Según el veedor, los detenidos han sido confrontados de manera directa por el jefe de Estado, quien les ha atribuido la comisión de diversos delitos en piezas audiovisuales que posteriormente son difundidas de forma masiva a través de redes sociales y canales oficiales. Calderón España argumenta que esta exposición, realizada sin que medie una condena judicial, afecta gravemente el debido proceso, la presunción de inocencia, la dignidad humana y la prohibición de tratos degradantes. Asimismo, señala que se pone en riesgo la honra y el buen nombre de los ciudadanos que aún no han sido vencidos en juicio.

Es importante recordar que la tutela es el mecanismo constitucional preferente y sumario mediante el cual cualquier ciudadano puede solicitar a un juez la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando considere que una autoridad pública o, en ciertos casos, un particular, los está amenazando o vulnerando de forma directa.

El sustento fáctico de la demanda se centró en una serie de megaoperativos realizados recientemente contra estructuras criminales en las principales capitales del país. Uno de los eventos más citados ocurrió en Barranquilla el pasado 26 de octubre, en el marco de la denominada operación "Blindaje 360".

En dicha jornada se reportaron 56 capturas y 34 allanamientos. Según se conoce, el mandatario Abelardo de la Espriella habría increpado públicamente a uno de los detenidos, señalándolo de ser responsable de homicidios, hurtos y extorsiones.

Un escenario similar se presentó al día siguiente en la ciudad de Medellín. Tras una intervención que incluyó más de un centenar de allanamientos y cerca de 60 capturas, se conocieron videos oficiales en los que el jefe de Estado se dirige directamente a los detenidos, identificándolos por sus alias y recriminándoles su presunto accionar delictivo. Estos operativos también han tenido réplicas en ciudades como Bogotá, Cali y Bucaramanga, manteniendo el mismo patrón de comunicación institucional.

Dentro de estas piezas audiovisuales, una frase del presidente se volvió viral y ha sido objeto de debate nacional: "Van a saber lo duro que muerde el tigre". Para el demandante, este tipo de expresiones, sumadas a la exhibición física de los capturados, refuerza la estigmatización y anula la presunción de inocencia que debe cobijar a todo procesado en el sistema penal colombiano.

Los argumentos para negar la medida provisional

Al admitir la tutela, la magistrada Adriana Polidura Castillo analizó la solicitud de suspender preventivamente la publicación de los videos. Sin embargo, rechazó la petición al considerar que no se cumplen los requisitos estrictos que la jurisprudencia exige para una intervención urgente del juez constitucional en esta etapa inicial del proceso.

Para que una medida provisional prospere, se requiere acreditar la "apariencia de buen derecho" (que la solicitud tenga un sustento jurídico evidente a primera vista), el riesgo inminente de que la demora en el fallo cause un daño irreparable y la razonabilidad de la medida. En este caso, el despacho consideró que no hay elementos suficientes para frenar la actividad comunicativa de la Presidencia de manera anticipada, por lo que el análisis se posterga para la sentencia definitiva.

Un punto procesal clave que deberá resolver el demandante tiene que ver con la legitimación. La magistrada le solicitó a Juan Carlos Calderón España que aporte pruebas o explicaciones sobre por qué las personas directamente exhibidas en los videos no podrían interponer la tutela por sí mismas.

En el derecho colombiano.la regla general dicta que quien reclama la protección de un derecho debe ser su titular. Solo de manera excepcional un tercero puede actuar en nombre de otro, bajo la figura de la agencia oficiosa, cuando el afectado se encuentra en una imposibilidad física o jurídica de defenderse. Este aspecto es fundamental para que el Consejo de Estado pueda entrar a decidir sobre el fondo de la controversia.

La admisión de la tutela es el inicio del trámite procesal. Esto no significa que el Consejo de Estado ya haya dado la razón al veedor o que haya concluido que existe una violación de derechos. Es el paso formal que permite a la Presidencia de la República y al Dapre presentar sus descargos, aportar pruebas y explicar la base legal de su estrategia de comunicación en materia de seguridad.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Por qué demandaron a la Presidencia de la República ante el Consejo de Estado?

La veeduría Control Social y Efectivo interpuso una tutela alegando que la exhibición pública de capturados en videos oficiales vulnera la presunción de inocencia, la dignidad humana y el debido proceso, al señalarlos como culpables antes de un juicio.

¿Qué decidió el tribunal sobre la difusión de estos videos?

La magistrada ponente admitió la tutela para su estudio detallado, pero negó la medida provisional que buscaba suspender de inmediato la publicación de las imágenes. Esto significa que los videos pueden seguir en línea mientras se dicta el fallo final.

¿Cuáles son los operativos que originaron esta acción judicial?

La demanda se basa en megaoperativos realizados en ciudades como Barranquilla y Medellín, donde el presidente Abelardo de la Espriella increpó a los detenidos y se difundieron piezas audiovisuales con frases de alto impacto como "van a saber lo duro que muerde el tigre".