Contraloría de Bogotá emitió fallo por sobrecostos en obras de los humedales Jaboque y Juan Amarillo

La Contraloría de Bogotá ha proferido un fallo de responsabilidad fiscal en primera instancia por una cuantía superior a los $1.410 millones, tras determinar que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) incurrió en pagos injustificados de adiciones y prórrogas en contratos de interventoría.

Según el ente de control, estas irregularidades financieras tuvieron su origen en estudios técnicos defectuosos e incompletos para la construcción de los corredores ambientales en los humedales Jaboque y Juan Amarillo, dos de los ecosistemas más importantes de la capital colombiana.

¿Qué encontró el ente de control?

De acuerdo con la información divulgada por la Contraloría distrital durante el año 2021 la EAAB realizó diversas adiciones presupuestales y prórrogas en los contratos destinados a la interventoría de ambos proyectos ambientales. El organismo de control fiscal fue enfático al señalar que estos mayores costos no fueron fortuitos, sino que se derivaron directamente de estudios y diseños inconclusos o defectuosos que fueron entregados por la firma consultora contratada para tal fin. Esta situación provocó retrasos significativos en el cronograma de las obras y obligó a la administración a extender la supervisión técnica, generando un gasto adicional que hoy es cuestionado.

Las cifras detalladas en el expediente de la Contraloría reportaron los siguientes valores específicos por cada frente de obra:

• Humedal Jaboque: se registró una adición superior a los $390 millones.

• Humedal Juan Amarillo: la adición fue cercana a los $543 millones.

• Total pagado en 2021: la suma de estos sobrecostos superó los $933 millones.

Es importante precisar que, aunque el desembolso original en 2021 fue de $933 millones, el fallo de responsabilidad fiscal se emitió por un monto de $1.410 millones, esta diferencia responde a un procedimiento técnico conocido como indexación, el cual actualiza el valor del dinero a precios de este año, para compensar la pérdida del poder adquisitivo a lo largo del tiempo. Por lo tanto, el fallo refleja el valor real y actualizado del daño patrimonial establecido por los auditores del Distrito.

Según se supo, el fallo fue emitido formalmente por la Dirección de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría de Bogotá. El subdirector de Responsabilidad, Diego Samudio, manifestó que las actuaciones administrativas que son precedidas por una mala planificación o una deficiente ejecución contractual terminan afectando de manera directa y negativa los recursos públicos que pertenecen a todos los bogotanos. La entidad fiscalizadora añadió que mantendrá su vigilancia estricta y continuará adelantando las acciones necesarias para proteger el patrimonio de la ciudadanía frente a este tipo de hallazgos.

¿Qué es un fallo de responsabilidad fiscal?

Para entender el alcance de esta decisión, es necesario aclarar que el proceso de responsabilidad fiscal es la herramienta jurídica mediante la cual las contralorías determinan si los servidores públicos o los particulares que administran recursos del Estado causaron un daño al erario, ya sea por dolo (intención) o por culpa grave (negligencia).

A diferencia de los procesos penales, esta vía no busca imponer penas de cárcel, sino que tiene una finalidad netamente resarcitoria: recuperar el dinero que se perdió o se malgastó. Al tratarse de una decisión de primera instancia, el fallo emitido contra la EAAB aún no se encuentra en firme.

Esto significa que las personas o entidades declaradas responsables tienen el derecho legal de interponer los recursos de ley ante el mismo ente de control para que la decisión sea revisada. Una vez que el fallo quede ejecutoriado, los implicados podrían eventualmente acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para demandar la nulidad de la decisión.

La respuesta del Acueducto

Ante la contundencia del fallo, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) reconoció que existieron deficiencias en la ejecución de los dos contratos mencionados. La empresa aseguró que, de manera proactiva, ha adelantado diversas acciones administrativas, contractuales y judiciales con el objetivo de determinar las responsabilidades internas y externas, y así intentar recuperar los recursos públicos afectados.

En este sentido, la EAAB indicó que ya presentó una demanda de controversias contractuales ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esta acción legal se dirige específicamente contra la firma consultora Inprotekto Ltda., que fue la autora de los diseños técnicos de ambos corredores ambientales, y contra Seguros del Estado S.A., en su calidad de aseguradora del proyecto. En dicha demanda, que aún se encuentra en trámite judicial, la empresa de servicios públicos reclama perjuicios por un valor de $933.422.337, cifra que coincide con los costos adicionales pagados por las interventorías en el año 2021.

Este nuevo fallo por los humedales se suma a una serie de actuaciones recientes que la Contraloría de Bogotá ha liderado frente a la gestión de la EAAB. A finales del mes de octubre, el organismo de control imputó responsabilidad fiscal, también a título de culpa grave, a tres empresas contratistas por una suma superior a los $13.320 millones.

Ese caso se relaciona con un anticipo entregado para las obras de ampliación de la planta de tratamiento Francisco Wiesner, recursos que, según la Contraloría, no fueron ejecutados en la obra ni reintegrados a las arcas de la ciudad. En ambos procesos, las firmas y funcionarios involucrados conservan su derecho fundamental a la defensa y a controvertir las pruebas presentadas por el ente de control antes de que se produzca una decisión de fondo definitiva.

Mientras estos procesos jurídicos avanzan en los despachos oficiales, los humedales Jaboque y Juan Amarillo, elementos vitales de la estructura ecológica principal de Bogotá, continúan a la espera de que los corredores ambientales sean concluidos satisfactoriamente para cumplir su función de preservar la biodiversidad y permitir el disfrute de la ciudadanía.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Por qué la Contraloría de Bogotá emitió este fallo fiscal?

El organismo determinó que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) pagó más de $1.410 millones en sobrecostos debido a estudios técnicos defectuosos en las obras de los humedales Jaboque y Juan Amarillo, lo que derivó en prórrogas y adiciones innecesarias en las interventorías.

¿A cuánto asciende el daño patrimonial y cómo se calculó?

El detrimento patrimonial original fue calculado en $933 millones, correspondientes a los pagos realizados en 2021. Sin embargo, el fallo se emitió por un total de $1.410 millones tras aplicar la indexación a precios de 2026, ajustando el valor a la realidad económica actual.

¿Qué acciones ha tomado el Acueducto de Bogotá frente a este caso?

La EAAB ha iniciado un proceso legal mediante una demanda de controversias contractuales contra la firma consultora Inprotekto Ltda., responsable de los diseños técnicos, y contra la aseguradora Seguros del Estado S.A., buscando recuperar los $933.422.337 pagados por los mayores costos de supervisión.