«Divorcio exprés»: Compensaciones económicas para víctimas de violencia
La Cámara de Representantes aprobó con 89 votos a favor el proyecto de ley del divorcio exprés, una iniciativa que busca simplificar el proceso de disolución del matrimonio civil en Colombia.
La Cámara de Representantes aprobó con 89 votos a favor el proyecto de ley del divorcio exprés, una iniciativa que busca simplificar el proceso de disolución del matrimonio civil en Colombia.
La propuesta, que ahora espera la sanción presidencial para convertirse en ley, permitirá a los colombianos solicitar el divorcio de manera unilateral, sin necesidad de que ambas partes estén de acuerdo, y sin las restricciones actuales, como la obligatoriedad de demostrar dos años de separación o una causal de violencia intrafamiliar o alcoholismo.

Simplificación del proceso
La principal novedad que introduce esta legislación es la creación de una nueva causal en el Código Civil, basada en la libre voluntad de cualquiera de los cónyuges.
Esto elimina la necesidad de justificar razones como infidelidad, violencia intrafamiliar o el tiempo de separación, lo cual ha sido un obstáculo en muchos casos de divorcio.
Según la representante Katherine Miranda, autora del proyecto, la ley responde a la necesidad de proteger a las personas que permanecen en relaciones dañinas por las barreras legales existentes.
“El periodo de espera de dos años para divorciarse ha generado situaciones graves, incluyendo un incremento en la violencia intrafamiliar. Este nuevo enfoque permitirá a las personas tomar decisiones más rápidamente para su bienestar”, afirmó Miranda.

Trámite más ágil, pero con garantías
Con la aprobación de la ley, los cónyuges podrán presentar su propuesta de acuerdo sobre la distribución de bienes, la custodia de los hijos y otros temas relacionados.
Si ambos están de acuerdo, el divorcio podrá ser realizado ante un notario. En caso de desacuerdo, el proceso se resolverá ante un juez. No obstante, el proceso no se completará hasta que se resuelvan temas cruciales como la repartición de bienes y el bienestar de los niños involucrados.

Uno de los aspectos más destacados de la ley es la protección de las personas vulnerables, en especial las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. En estos casos, el proyecto contempla una indemnización simbólica y económica, que será determinada por un juez. La compensación se aplicaría a víctimas de violencia física, psicológica o económica.
A nivel social, la ley responde a una preocupante realidad: más de 26,000 mujeres y 3,000 niños han sido víctimas de violencia intrafamiliar en lo que va del año, según cifras de Medicina Legal. Muchos de estos casos están relacionados con matrimonios donde las víctimas no pueden acceder al divorcio debido a barreras legales o sociales.

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