Denuncian desmonte de equipos de la Fiscalía que investigaban a las principales estructuras criminales de Medellín

Preocupación por cambios en los equipos de investigación

La concejal de Medellín por el Centro Democrático y exdirectora seccional de Fiscalías en Antioquia, expresó su preocupación por la reestructuración de los equipos de fiscales e investigadores que, según afirmó, estaban a cargo de los procesos contra las principales estructuras del crimen organizado que delinquen en el Valle de Aburrá.

A través de una denuncia pública, la dirigente aseguró que varios funcionarios con amplia experiencia fueron retirados de las investigaciones relacionadas con los principales cabecillas de grupos delincuenciales organizados y otras organizaciones criminales con presencia en Medellín.

Ante esta situación, Carrasquilla solicitó a la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camacho, que explique las razones que motivaron la decisión y aclaró que, a su juicio, los cambios generan inquietud por el impacto que podrían tener sobre investigaciones consideradas estratégicas para la seguridad de la ciudad, más cuando esta decisión parece estar en contravía de la idea del presidente electo, Abelardo de La Espriella, quien anunció a Medellín como sede del Escudo de las Américas.

Las investigaciones estaban dirigidas contra estructuras criminales

De acuerdo con la denuncia de la concejal, siete fiscales que lideraban procesos contra organizaciones criminales fueron apartados de esos casos.

Según lo expuesto por Carrasquilla, estos equipos adelantaban investigaciones relacionadas con integrantes y cabecillas de Grupos Delincuenciales Organizados (GDO), Grupos Delincuenciales Comunes Organizados (GDCO), el Clan del Golfo y otras estructuras armadas ilegales con influencia en Medellín y el departamento de Antioquia.

Asimismo, indicó que las investigaciones también comprendían procesos relacionados con algunos cabecillas de organizaciones criminales recluidos en la cárcel de Itagüí, desde donde, según distintas investigaciones judiciales adelantadas en los últimos años, continúan ejerciendo influencia sobre actividades delictivas.

Hasta el momento, la Fiscalía General de la Nación no se ha pronunciado públicamente sobre los señalamientos realizados ni ha explicado el alcance de las modificaciones denunciadas.

La denuncia coincide con anuncios del Gobierno entrante

El pronunciamiento se conoció pocos días después de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunciara que Medellín hará parte del denominado Escudo de las Américas, una estrategia internacional que, según ha informado el gobierno entrante, estará orientada al fortalecimiento de la lucha contra el crimen organizado transnacional.

Para la concejal, resulta llamativo que mientras se anuncian nuevas estrategias para combatir las organizaciones criminales, se produzcan modificaciones en los equipos que adelantaban investigaciones contra esas estructuras.

En ese contexto, Carrasquilla planteó interrogantes sobre el momento en que se adoptó la decisión y reiteró la necesidad de que la Fiscalía entregue información oficial sobre los cambios administrativos realizados.

Autoridades locales expresan inquietud

De acuerdo con lo manifestado por la concejal, la preocupación también ha sido compartida por distintos sectores de la ciudad debido a la importancia que tienen estas investigaciones para enfrentar las estructuras criminales que operan en Medellín.

Carrasquilla sostuvo que los procesos adelantados por fiscales especializados representan una herramienta fundamental para judicializar a los responsables de delitos relacionados con extorsión, homicidios, narcotráfico y otras actividades del crimen organizado.

En su declaración pública insistió en que la ciudadanía merece conocer si las modificaciones obedecen a decisiones administrativas internas o si existe alguna otra razón que explique la reorganización de los equipos.

No existen pronunciamientos oficiales sobre otras afirmaciones

En el marco de su denuncia, la concejal también planteó interrogantes sobre eventuales motivaciones políticas detrás de la decisión. Sin embargo, hasta el momento no ha presentado pruebas públicas que sustenten esas hipótesis y no existe un pronunciamiento oficial de la Fiscalía General de la Nación que las confirme.

Tampoco hay decisiones judiciales o actuaciones oficiales que establezcan responsabilidad alguna del Gobierno nacional o de personas mencionadas en las declaraciones del concejal en relación con los cambios denunciados.

Mientras se esperan explicaciones institucionales, el caso ha abierto un nuevo debate sobre la continuidad de las investigaciones contra el crimen organizado en Medellín y sobre la importancia de garantizar que los procesos judiciales avancen sin afectar las capacidades del Estado para enfrentar las estructuras delincuenciales que operan en la región.