JEP solicitó orden de arresto contra Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó el arresto de Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle del Cauca.

De acuerdo con la jurisdicción transicional, la política “pone en riesgo la garantía de los derechos de las víctimas y la materialización del Acuerdo Final para la Paz”.

Tras la solicitud de orden de arresto en contra del gobernador de Caldas y dos alcaldes de este departamento, la JEP también solicitó una orden de captura «inconmutable» en contra de Clara Luz Roldán, gobernadora de Valle del Cauca.

Según la justicia transicional, la orden se ciñe a la ausencia de Roldán a las audiencias de seguimiento de medidas cautelares.

La Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP, SAR, ordenó este arresto de dos días luego de que la mandataria no asistiera a estas audiencias sobre la protección de 36 cementerios de la región en los que reposarían restos de cuerpos de víctimas de desapariciones.

“Si bien la gobernadora del Valle actuó legalmente al delegar el cumplimiento de una orden judicial, falló en su deber de control de dicha delegación mostrando así la falta de cuidado necesario que se exige en el cumplimiento de sus deberes”, detalló la JEP en el auto en el que dio a conocer las medidas.

El caso en particular de Roldán estará dos días privada de la libertad por orden de la JEP, se trata de audiencias entre la jurisdicción y la Gobernación para revisar el cumplimiento de medidas cautelares.

La Gobernación del Valle, así como las de otros departamentos, se habían comprometido con la JEP de adelantar acciones para “la protección de los derechos a la verdad y garantías de satisfacción para las víctimas de desaparición forzada”.

En la medida también se incluyó a William Hernández Arias (subsecretario de Gestión en Convivencia y Seguridad de Valle del Cauca), sin embargo, Hernández tendrá cumplir una pena de cinco días.

Hernández Arias tenía acudir a una audiencia del 29 de noviembre de este año en representación de la gobernación para comparecer ante la SAR pero no lo hizo ya que alegó problemas de salud; lo grave de esto es que en ningún momento presentó la incapacidad médica.

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