Gobierno denunció ante Fiscalía, Procuraduría y Contraloría presuntas irregularidades por $62.000 millones en Bomberos

Una investigación impulsada por el Ministerio del Interior puso nuevamente bajo la lupa la contratación de la Dirección Nacional de Bomberos durante el gobierno anterior. El ministro Rodrigo Lara Restrepo anunció la presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría por presuntas irregularidades que, según la administración actual, podrían comprometer recursos públicos por cerca de $62.000 millones.

El anuncio se produce pocos días después de la salida de Germán Miranda de la Dirección Nacional de Bomberos y en medio de una revisión de la gestión contractual de la entidad. La controversia alrededor de Bomberos ya había escalado a comienzos de octubre, cuando el presidente Abelardo De La Espriella ordenó declarar insubsistente al entonces director y Lara señaló que existían elementos que debían ser esclarecidos por las autoridades.

Durante su declaración, Lara aseguró que las denuncias presentadas están sustentadas en documentos oficiales y no únicamente en apreciaciones políticas. “Hoy radicamos una denuncia ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. Lo que voy a decir está en documentos oficiales y no en opiniones”, afirmó.

Uno de los principales casos mencionados por el ministro está relacionado con una emergencia por inundaciones que, según su relato, afectó a ocho departamentos: Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó. El Gobierno sostiene que unas 250.000 personas resultaron afectadas y que, en ese contexto, la administración anterior declaró una emergencia durante 30 días.

Posteriormente, la Dirección Nacional de Bomberos habría declarado una urgencia manifiesta, mecanismo que permite realizar contrataciones directas cuando existen circunstancias excepcionales que requieren una respuesta inmediata. Según Lara, bajo esa figura se contrataron alrededor de $42.000 millones, pero únicamente $313 millones habrían sido destinados directamente a atender la emergencia por inundaciones.

El ministro cuestionó que los recursos restantes fueran destinados a elementos propios de la operación bomberil, como trajes para incendios, equipos de respiración y materiales para el manejo de sustancias peligrosas. “Abusan, instrumentalizan la emergencia para contratar a dedo”, aseguró Lara, aunque recalcó que será la investigación de los organismos competentes la que determine si hubo responsabilidades.

La auditoría forense ordenada por el Ministerio del Interior puso especial atención sobre el contrato 076, celebrado con una empresa identificada en la denuncia como Mackey Soluciones, de Barranquilla. Según la información entregada por Lara, el negocio comenzó por $16.000 millones y posteriormente terminó ascendiendo a $24.000 millones.

El ministro señaló varios hallazgos que, a su juicio, requieren una investigación judicial y fiscal. El primero está relacionado con el momento en que se suscribió el contrato. Según explicó, la urgencia manifiesta había sido declarada semanas antes de la firma, cuando la emergencia ya habría concluido, y los equipos fueron pactados para ser entregados en un plazo de 90 días.

“Pues que la urgencia no fue para nada urgente. El contrato se firmó seis semanas después, seis semanas después de declarada la urgencia, cuando la emergencia ya había terminado”, manifestó.

Otro de los cuestionamientos expuestos está relacionado con las cantidades reportadas en las facturas. Lara aseguró que en una primera cuenta de cobro se registraron 744 equipos, mientras que al almacén de la entidad habrían ingresado solamente 670.

Sin embargo, uno de los puntos que el funcionario calificó como más delicado tiene que ver con un acta suscrita el 20 de junio en Barranquilla. Según la denuncia, ese documento certificó la recepción a satisfacción de cascos, trajes y equipos de respiración, pero simultáneamente habría dejado constancia de que esos mismos elementos permanecerían almacenados en las instalaciones del contratista.

“Es decir, un funcionario de la dirección de bomberos acredita que recibe los cascos y los materiales, pero al mismo tiempo acredita que los deja en la bodega del vendedor”, cuestionó Lara.

El ministro añadió que dos días después se habría facturado una suma cercana a $5.600 millones y que ese valor habría sido pagado. También llamó la atención sobre el contexto electoral en el que se produjeron algunos de los movimientos contractuales y pagos.

De acuerdo con su exposición, las dos facturas de mayor cuantía, superiores a $15.000 millones, habrían sido emitidas el 22 de junio, un día después de la segunda vuelta presidencial. Lara pidió que las autoridades determinen el destino de los recursos y establezcan si existieron irregularidades en el proceso.

“Yo no puedo hacer afirmaciones aquí de lo que todavía no está plenamente probado, pero sí hago una pregunta a la Fiscalía, en nombre de los colombianos, ¿a dónde fue a parar esa plata?”, sostuvo.

El Gobierno también afirmó que, una vez asumió la administración actual, se solicitó al contratista entregar los elementos adquiridos. Según Lara, pese a que el contrato ya había vencido, los bienes reclamados todavía no habrían sido entregados en su totalidad.

A esto se suma, según el ministro, una adición de aproximadamente $8.000 millones al mismo contrato, cifra que habría llevado el negocio prácticamente hasta el límite permitido por la legislación.

Las denuncias no se limitarían a este caso. Lara aseguró que la auditoría en curso contempla otros contratos celebrados bajo modalidades similares y que el monto total bajo revisión podría alcanzar los $62.000 millones. Caracol Radio también reportó que fuentes del Gobierno hablan de posibles irregularidades por una cifra cercana a los $60.000 millones y que una auditoría forense estaría en el centro de la revisión. La emisora advirtió, sin embargo, que tanto la cifra como eventuales vínculos con terceros deben ser contrastados con los documentos de la auditoría y las actuaciones de los organismos competentes.

“Muy pronto llegaremos a los 62 mil millones de pesos”, aseguró Lara, al explicar que el Ministerio continuará con la revisión de los contratos restantes.

El funcionario anunció además que la información será puesta en conocimiento no solo de la Fiscalía y los organismos de control, sino también del Consejo Nacional Electoral y de la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, para que se establezca el recorrido de los recursos si las autoridades encuentran elementos que así lo ameriten.

Mientras avanzan las investigaciones, las denuncias presentadas por el Ministerio del Interior corresponden a señalamientos y hallazgos que deberán ser examinados por las entidades judiciales y de control. No existe, por ahora, una decisión definitiva que determine responsabilidades penales o fiscales por los hechos descritos.

Lara cerró su intervención reivindicando la destinación de los recursos para los cuerpos de socorro y cuestionando que una figura excepcional de contratación pueda ser utilizada para fines distintos a los que justificaron su aplicación.

“Los bomberos de Colombia arriesgan su vida por nosotros. Se merecen que cada peso que es para ellos llegue a ellos y no se quede en una bodega privada”, afirmó.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué denunció el Gobierno ante la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría?

El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, denunció presuntas irregularidades en contratos de la Dirección Nacional de Bomberos de la administración anterior, que podrían comprometer hasta $62.000 millones.

¿Cuál es el principal caso de irregularidad mencionado en la denuncia?

Se destaca el contrato 076, que pasó de $16.000 millones a $24.000 millones, celebrado bajo la figura de urgencia manifiesta para una emergencia por inundaciones. Sin embargo, gran parte de los fondos se habría destinado a equipos bomberiles generales y no a la emergencia específica.

¿Qué hallazgos específicos se encontraron en el contrato 076?

La auditoría forense reveló que el contrato se firmó semanas después de terminada la emergencia, que se certificó la recepción de equipos que quedaron en la bodega del contratista y que no todos los bienes adquiridos han sido entregados.