MinInterior ajustó el estatuto antiterrorista tras los reparos de la Corte Suprema

El proyecto de estatuto antiterrorista impulsado por el Gobierno nacional continúa en revisión luego de recibir observaciones sobre sus implicaciones jurídicas y constitucionales. Aunque el Consejo de Política Criminal emitió un concepto mayoritariamente favorable a la iniciativa, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia advirtió posibles problemas relacionados con la definición de terrorismo, la afectación de bienes y las facultades extraordinarias previstas para el presidente de la República.

La propuesta fue examinada durante una sesión reservada del Consejo el jueves 15 de octubre. Según la información conocida, obtuvo cerca de 11 votos a favor y tres en contra, estos últimos correspondientes a la Sala Penal de la Corte Suprema, la defensora del Pueblo, Iris Marín, y la representante del Pacto Histórico Paola Andrea Quiñónez.

El concepto escrito de la Corte no rechaza la iniciativa y reconoce que persigue una finalidad constitucionalmente legítima. Sin embargo, advierte que algunas disposiciones podrían generar dificultades si permiten imponer consecuencias penales o patrimoniales graves a partir de decisiones administrativas o de definiciones legales imprecisas.

Uno de los principales componentes del proyecto es la creación del Registro Nacional de Organizaciones y Actores Terroristas, una herramienta inspirada en la lista OFAC de Estados Unidos.

La inclusión en ese registro permitiría aplicar medidas como el congelamiento de recursos y bienes, además de restricciones para contratar con el Estado o recibir subsidios públicos.

No obstante, el documento firmado por el presidente de la Sala Penal, Carlos Roberto Solórzano, plantea que la inscripción de una persona u organización no debe utilizarse, por sí sola, como prueba de pertenencia a una estructura criminal ni como demostración de responsabilidad penal.

La Corte también expresó reparos frente a la denominada acción de aprehensión de bienes. Según sus observaciones, esta figura podría convertirse en una confiscación prohibida por el artículo 34 de la Constitución si no exige demostrar una relación entre los bienes afectados y actividades ilícitas.

Otro punto cuestionado corresponde a las facultades extraordinarias que se otorgarían al presidente durante seis meses. El organismo judicial también señaló posibles tensiones con la separación de poderes por la creación de un alto comisionado contra el terrorismo adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

Durante la discusión, el Ministerio del Interior reconoció que la definición de terrorismo incluida en la propuesta era demasiado amplia y manifestó su disposición a incorporar varias recomendaciones.

Entre ellas se encuentran las planteadas por la Defensoría del Pueblo, que pidió excluir de esa categoría conductas como el reclutamiento forzado, con el propósito de evitar que la norma abarque comportamientos que requieren un tratamiento jurídico diferenciado.

El ministro Lara ha explicado que el estatuto contendrá más de 130 artículos y tendrá como eje central debilitar las fuentes de financiación de las organizaciones criminales.

La iniciativa contempla nuevos delitos y circunstancias de agravación punitiva relacionadas con el uso de drones, la minería ilegal y los ataques contra la Fuerza Pública. En determinados casos, las penas podrían aumentar hasta una tercera parte.

También propone un régimen penitenciario especial para los principales cabecillas de estas estructuras y reducciones de hasta el 60 % de las penas para quienes colaboren con el desmantelamiento de las organizaciones, conforme a las condiciones que establezca la normativa.

Aunque inicialmente se esperaba presentar el proyecto durante esta semana, el Ministerio del Interior calcula que la versión definitiva podría estar lista en un plazo de entre 15 días y un mes. El cronograma dependerá del proceso de revisión a cargo de la Secretaría Jurídica de la Presidencia.

El Gobierno pretende articular esta iniciativa con la ley de sometimiento, mediante la cual se busca ofrecer beneficios judiciales a integrantes de grupos armados que decidan desmovilizarse y cumplir las condiciones establecidas para su sometimiento a la justicia.

La estrategia ha sido descrita como una combinación de incentivos judiciales y medidas más severas contra las estructuras criminales.

La ley de sometimiento, que cuenta con mensaje de urgencia, tiene previsto iniciar su discusión en las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara este miércoles 21 de octubre. Por esa razón, su trámite podría avanzar antes de que el estatuto antiterrorista llegue formalmente al Congreso.

Una vez radicado, el proyecto deberá iniciar su recorrido legislativo en la Comisión Primera del Senado. Mientras tanto, las observaciones de los organismos participantes en el Consejo de Política Criminal serán parte de la revisión de una propuesta que busca fortalecer las herramientas del Estado contra las organizaciones criminales, sin desconocer los límites constitucionales que rigen las actuaciones de las autoridades.

Preguntas y respuestas de contexto

¿En qué consiste el ajuste al estatuto antiterrorista?

El Ministerio del Interior precisará la definición de terrorismo y revisará puntos críticos como las facultades presidenciales y la aprehensión de bienes tras las advertencias de la Corte Suprema.

¿Cuáles son las principales preocupaciones de la Corte Suprema?

El alto tribunal advirtió sobre definiciones legales imprecisas, posibles confiscaciones prohibidas por la Constitución y el riesgo de usar el registro de terroristas como prueba penal automática.

¿Qué herramientas nuevas propone este proyecto de ley?

Incluye la creación de un Registro Nacional de Organizaciones Terroristas para congelar bienes, nuevos delitos relacionados con el uso de drones y minería ilegal, y un régimen penitenciario especial para cabecillas.