Extorsión en Colombia creció un 8% en 2026: Asocapitales y DNP proponen plan nacional de 27 acciones

La seguridad ciudadana en Colombia enfrenta un desafío crítico ante el recrudecimiento de las economías criminales. Un reciente informe titulado “Análisis y caracterización de la extorsión en Colombia”, presentado en la ciudad de Bogotá, ha encendido las alarmas sobre la evolución de este delito en el territorio nacional.

El estudio, elaborado de manera conjunta por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), revela que la extorsión no solo ha mantenido una tendencia al alza, sino que sus modalidades se han sofisticado, migrando con fuerza hacia los entornos digitales y manteniendo su núcleo de operación en los centros penitenciarios.

El análisis técnico se fundamentó en los datos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial y Contravencional (SIEDCO) de la Policía Nacional, revisando un total de 111.186 casos registrados entre los años 2010 y 2025. Los hallazgos son contundentes: las denuncias por extorsión en el país pasaron de 4.902 en el año 2016 a 13.869 en 2024. Este incremento representa un salto del 182,9%, marcando la cifra anual más alta registrada en toda la serie histórica analizada.

Aunque en el año 2025 se observó una ligera disminución del 3,2%, cerrando con 13.428 casos, la tregua fue efímera. Los datos correspondientes al primer cuatrimestre de 2026 confirman que el delito ha retomado su senda de crecimiento. Entre enero y abril de 2026, se contabilizaron 3.936 casos en todo el país, lo que equivale a un aumento del 8% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Este fenómeno afecta con especial rigor a los centros urbanos; las 32 capitales del país concentraron el 54,3% de los casos totales en 2025 (7.291 hechos) y, en lo que va de 2026, ya suman 2.182 reportes, reflejando un incremento del 10,1% en estas jurisdicciones.

El informe detalla comportamientos dispares según la geografía. Mientras ciudades como Tunja, Pasto y Sincelejo figuran entre las capitales con los mayores incrementos porcentuales, urbes como Bogotá, Barranquilla y Cali reportaron descensos en las cifras oficiales.

No obstante, los expertos advierten sobre el fenómeno del subregistro: se estima que menos del 20% de los hechos reales de extorsión llega a ser denunciado ante las autoridades competentes, lo que sugiere que la magnitud real del problema es significativamente mayor.

A pesar del avance tecnológico, la llamada telefónica convencional sigue siendo la herramienta predilecta de los delincuentes en las ciudades capitales, representando el 48,8% de los casos documentados en 2025. La Dirección de Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía estima que aproximadamente el 70% de estas comunicaciones extorsivas se originan dentro de los centros penitenciarios del país. Para evadir el control de las autoridades, los internos utilizan intermediarios, centrales informales de comunicación y realizan cambios frecuentes de tarjetas SIM y líneas telefónicas.

Paralelamente, la extorsión a través de redes sociales y plataformas digitales ha ganado terreno de manera acelerada. Esta modalidad ya representa el 18,6% de los casos (1.354 reportes), una cifra que contrasta drásticamente con el 7,6% registrado en 2016. Entre las tácticas más comunes identificadas por el DNP y Asocapitales se encuentran la suplantación de identidad de grupos armados organizados o de autoridades, las amenazas de difusión de contenido íntimo (sextorsión), la modalidad de falsos domicilios y estafas vinculadas a la oferta de supuestos servicios. Por otro lado, la extorsión directa, conocida popularmente como “vacuna”, mostró un descenso, situándose en el 14,4% de los casos.

Ante la gravedad de la situación, la recomendación central del estudio es que el Gobierno Nacional expida un documento CONPES. Esta herramienta del Consejo Nacional de Política Económica y Social permitiría establecer la lucha contra la extorsión como una política de Estado, garantizando metas claras, asignación presupuestal y un sistema de seguimiento riguroso. En esta estrategia deberían participar de manera articulada el DNP, los ministerios de Justicia, Defensa y TIC, el INPEC, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

El plan de acción propuesto consta de 27 medidas específicas agrupadas en tres ejes fundamentales:

• Prevención y reducción del delito: Incluye la creación de mapas de riesgo detallados por barrios, la mejora en el acceso a la información estadística para la toma de decisiones y el diseño de estrategias pedagógicas dirigidas a sectores vulnerables como comerciantes, transportadores y pequeños empresarios.

• Articulación institucional: Propone el establecimiento de protocolos comunes de actuación entre las secretarías de seguridad locales, la Policía y la Fiscalía. Asimismo, busca fortalecer la coordinación con las autoridades penitenciarias y los operadores de telecomunicaciones para bloquear la señal en las cárceles.

• Atención a víctimas: Se enfoca en la creación de canales de denuncia que garanticen la confidencialidad, así como en brindar orientación jurídica y capacitación para que los ciudadanos sepan cómo reconocer una amenaza y cómo conservar las pruebas necesarias para la judicialización.

Es importante anotar que el documento aclara que estas propuestas no constituyen mandatos obligatorios para los alcaldes o gobernadores, sino que son opciones técnicas que cada administración territorial puede adoptar o adaptar según su contexto particular.

Esta hoja de ruta presentada por Asocapitales coincide con los esfuerzos recientes del Ejecutivo. El pasado 16 de octubre, el ministro de Defensa, general (r) Jorge Eduardo Mora López, y la ministra TIC, Alexandra Falla Zerrate, anunciaron el fortalecimiento de la cooperación institucional.

La medida implica el regreso de un equipo de enlace del sector Defensa a las instalaciones del MinTIC para trabajar de la mano con el ColCERT (equipo nacional de respuesta a incidentes cibernéticos) y el Comando Conjunto Cibernético de las Fuerzas Militares.

Esta alianza estratégica busca robustecer las rutas de atención contra la extorsión digital y combatir otros delitos conexos, como el reclutamiento de menores de edad a través de plataformas digitales, integrando capacidades técnicas y de inteligencia para proteger el ciberespacio colombiano.

Impacto regional: el caso de Antioquia

El departamento de Antioquia no es ajeno a esta problemática. En la subregión del Oriente antioqueño, las denuncias por extorsión han mostrado un incremento preocupante, pasando de 353 casos en 2023 a 550 en 2025. Esta situación motivó al gobernador Andrés Julián Rendón a exigir, el pasado mes de abril, un plan de acción inmediato y contundente a los grupos GAULA de la Policía y el Ejército.

Las autoridades reiteran a la ciudadanía la importancia de no ceder ante las pretensiones de los delincuentes y recuerdan que la extorsión puede denunciarse de manera gratuita y segura a través de la línea 165 de la Policía Nacional, bajo el lema “¡Yo no pago, yo denuncio!”. Asimismo, la línea 123 permanece habilitada para la atención de emergencias inmediatas.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Cuál es la situación actual de la extorsión en Colombia según el informe?

El delito de extorsión ha experimentado un crecimiento del 8% entre enero y abril de 2026, consolidando una tendencia de expansión donde las denuncias prácticamente se triplicaron en el periodo comprendido entre 2016 y 2024. Actualmente, las 32 ciudades capitales del país son el foco principal del problema, concentrando más de la mitad de los reportes nacionales.

¿Cuáles son las modalidades de extorsión más frecuentes identificadas?

La modalidad predominante sigue siendo la llamada telefónica, que representa el 48,8% de los casos, con el agravante de que el 70% de estas comunicaciones se originan desde los centros carcelarios. No obstante, la extorsión digital a través de redes sociales ha escalado rápidamente hasta alcanzar el 18,6% de los reportes actuales.

¿En qué consiste el plan de acción propuesto por Asocapitales y el DNP?

La propuesta integra 27 acciones estratégicas centradas en la prevención social del delito, la articulación operativa entre la Policía y la Fiscalía, y el fortalecimiento de la atención a las víctimas. El pilar de esta iniciativa es la creación de un documento CONPES que defina una política de Estado con recursos y metas claras para reducir el impacto de este crimen en la economía y la tranquilidad de los colombianos.