Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra Lina Garrido para verificar si cumplía los requisitos para dirigir la Agencia Nacional de Tierras

La Procuraduría General de la Nación ha formalizado la apertura de una investigación disciplinaria en contra de Lina Garrido, actual directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). El objetivo central de esta actuación procesal es verificar si las certificaciones laborales presentadas por la exrepresentante a la Cámara para acreditar su experiencia profesional y acceder al cargo corresponden estrictamente a la realidad de sus funciones desempeñadas con anterioridad.

La actuación del Ministerio Público tiene su origen en una queja formal radicada el pasado 13 de octubre por el ciudadano Dumar Eliécer Blanco Ruiz. En dicho documento, el quejoso puso en duda la validez de la experiencia laboral que la funcionaria acreditó para ocupar el cargo de director general de Agencia, el cual se encuentra clasificado bajo el código E3, grado 5, dentro de la estructura administrativa del Estado.

El reparo jurídico y técnico se concentra específicamente en dos soportes documentales que forman parte de la hoja de vida de Garrido. El primero de ellos es una certificación expedida por la Asociación de Ganaderos de la Sabana (Asosabana). El segundo documento bajo la lupa es una certificación emitida por el abogado José Manuel Garcés Castañeda. Según el contenido de la queja, el cargo denominado "Dirección Estratégica, Gestión Institucional y Desarrollo Agrario", que aparece consignado en la constancia de Asosabana, presuntamente no existiría dentro del organigrama de esa organización ganadera.

Adicionalmente, el denunciante sostiene que las funciones descritas en ambos documentos habrían sido redactadas siguiendo de manera literal el manual de funciones de la propia Agencia Nacional de Tierras (ANT). El argumento central de la queja es que estas funciones se habrían consignado en los certificados sin que la funcionaria las hubiera desempeñado necesariamente en la práctica. Es importante precisar que estas afirmaciones forman parte de los argumentos de la queja y no constituyen, hasta el momento, conclusiones definitivas del órgano de control disciplinario.

Para avanzar en el esclarecimiento de los hechos, la Procuraduría General de la Nación ha ordenado una serie de diligencias administrativas y probatorias. En primer lugar, se solicitó a la Agencia Nacional de Tierras la remisión de la certificación laboral completa de la directora. Este requerimiento incluye datos detallados sobre su nombramiento, el acta de posesión, el manual de funciones aplicado a su cargo y la asignación salarial correspondiente. Para el cumplimiento de esta entrega, el ente de control otorgó un plazo de cinco días hábiles.

De igual manera, el Ministerio Público ordenó la realización de inspecciones directas en las instalaciones de la Asociación de Ganaderos de la Sabana (Asosabana) y en la oficina profesional del abogado José Manuel Garcés Castañeda. El propósito de estas visitas es recopilar documentos originales, soportes de vinculación, registros de pagos y cualquier evidencia que permita contrastar si la experiencia certificada se ajusta a las labores efectivamente realizadas por Garrido en dichas entidades.

Dentro del marco del derecho disciplinario en Colombia, la apertura de una investigación es la etapa procesal destinada al recaudo de pruebas. Esta fase busca establecer con certeza si la conducta objeto de reproche ocurrió y si la misma constituye una falta disciplinaria según la normativa vigente. Al finalizar este periodo de instrucción, la Procuraduría cuenta con dos caminos jurídicos: archivar el expediente si no se encuentran méritos suficientes o formular un pliego de cargos.

La formulación de cargos representa la acusación formal contra el servidor público. Solo después de agotarse un juicio disciplinario, donde se garantice el derecho a la defensa, el órgano de control podría imponer una sanción. Bajo este escenario legal, Lina Garrido conserva su cargo actual y se mantiene amparada por la presunción de inocencia mientras no exista un fallo en firme que determine lo contrario.

El nombramiento de Lina Garrido en la Agencia Nacional de Tierras ha estado marcado por diversas controversias desde su anuncio. A finales del mes de julio, se conoció inicialmente que la exrepresentante sería designada como directora del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Sin embargo, dicha posibilidad no se concretó tras una serie de críticas públicas relacionadas con el cumplimiento de los requisitos académicos exigidos para esa entidad específica.

Tras su llegada a la ANT, su perfil profesional también fue objeto de cuestionamientos por parte de la exministra de Agricultura, Jhenifer Mojica. La exfuncionaria manifestó públicamente sus dudas respecto a la experiencia técnica de Garrido en asuntos de carácter agrario, un componente fundamental para la dirección de la agencia encargada de la política de tierras en el país.

En el ámbito judicial, el caso también se tramita ante la Sección Quinta del Consejo de Estado. Allí cursa una demanda de nulidad electoral contra el decreto de su nombramiento, interpuesta por la representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Laura Daniela Beltrán. La demanda sostiene dos puntos principales: que la hoja de vida de la funcionaria no fue publicada durante el tiempo mínimo exigido por la ley antes de su designación y que no cumple con el requisito de experiencia relacionada para el cargo. Aunque el alto tribunal admitió la demanda para su estudio, negó la solicitud de suspender provisionalmente a Garrido de sus funciones mientras se dicta una sentencia de fondo. Por su parte, la directora ha defendido la veracidad y legalidad de su trayectoria profesional en el marco de este proceso.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Por qué la Procuraduría investiga a la directora de la Agencia Nacional de Tierras?

El organismo busca verificar la autenticidad de las certificaciones laborales presentadas por Lina Garrido para su nombramiento, tras una queja que cuestiona si realmente desempeñó las funciones allí descritas.

¿Cuáles son los documentos específicos bajo sospecha?

La investigación se centra en dos certificados: uno de la Asociación de Ganaderos de la Sabana (Asosabana) y otro del abogado José Manuel Garcés Castañeda, cuyas funciones coincidirían literalmente con el manual de la entidad.

¿Qué otras acciones legales enfrenta Lina Garrido por su cargo?

Además del proceso disciplinario, el Consejo de Estado estudia una demanda de nulidad electoral que alega que su hoja de vida no se publicó el tiempo mínimo legal y que no cumple con la experiencia técnica requerida.