La CRC advierte a la SIC que los compromisos de Claro no bastan para garantizar el acceso a la red de fibra de Azteca

La red de Azteca incluye la del Proyecto Nacional de Fibra Óptica (PNFO), construida con recursos públicos, y la red propia de la compañía. Funciona como una "autopista" mayorista de datos: Azteca vende capacidad de transporte a otros operadores, que la usan para llevar internet a hogares, empresas y antenas de telefonía móvil.

Según la CRC, la integración sumaría a Comcel cerca de 32.000 kilómetros de fibra con presencia en 893 municipios, y más de 250 operadores dependen hoy de esa infraestructura. De las 874 rutas de Azteca, Comcel quedaría como único proveedor de fibra en 778. El análisis territorial del regulador identifica 582 municipios en los que habría un solo proveedor en la red de transporte y otros 104 con oferta limitada.

La CRC agrupó sus reparos en varios puntos. Primero, que cumplir obligaciones ya existentes —las del contrato del PNFO o la regulación sobre roaming nacional y operadores móviles virtuales— no constituye un remedio nuevo. Segundo, que la vigencia limitada de los compromisos no hace desaparecer el riesgo mientras el dueño de la infraestructura compita al mismo tiempo en el mercado minorista con quienes le compran capacidad.

También cuestionó que la verificación dependa del propio operador y pidió auditorías independientes con datos primarios. Además, consideró que expresiones como "condiciones comercialmente razonables" o "en la medida en que las condiciones técnicas lo permitan" no son estándares exigibles. Sobre el plan de estabilización de 30 meses propuesto por la empresa, advirtió que puede ordenar mejoras progresivas en la red, pero no debe convertirse en un periodo de excepción a las obligaciones de calidad, continuidad y no discriminación.

El regulador subrayó que restringir el acceso no exige negarlo de manera formal. Un competidor puede quedar en desventaja por estudios de factibilidad más lentos, ampliaciones tardías, rutas menos favorables, menor capacidad de respaldo o reparaciones atendidas de últimas. Por eso, recomendó comparar el trato que Comcel da a sus propias operaciones y a terceros con indicadores como latencia (el tiempo que tardan los datos en viajar), pérdida de paquetes, tiempos de reparación y tasas de rechazo.

El director ejecutivo de la CRC, Felipe Augusto Díaz Suaza, describió la red de Azteca como la columna vertebral de la conectividad nacional y señaló que prometer acceso no equivale a garantizarlo, por lo que, de autorizarse la operación, las condiciones deberán verificarse ruta por ruta y con datos reales.

Si la SIC autoriza la operación, la CRC recomienda que las condiciones mantengan la capacidad, rutas, niveles de servicio, tiempos de reparación, precios y descuentos vigentes; cubran tanto la red del PNFO como la red propia de Azteca y los tramos compartidos; garanticen trato equivalente entre Comcel y sus competidores; definan capacidad ruta por ruta, en especial donde no hay alternativa; exijan una oferta mayorista verificable; protejan la información comercial de los competidores, y no expiren automáticamente con el paso del tiempo.

El caso sigue en manos de la SIC, que puede aprobar, condicionar u objetar la integración. De forma separada, la eventual cesión del contrato del PNFO deberá decidirla el Fondo Único TIC. El concepto se suma al del Ministerio TIC, que en septiembre también pidió condiciones "suficientes, efectivas y verificables", y a las inquietudes expresadas en el Congreso por un posible aumento de tarifas para los operadores pequeños y las regiones apartadas.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Por qué la CRC advierte riesgos en la integración de Claro y Azteca?

La entidad señala que la operación daría a Claro el control de una red de fibra óptica clave para 893 municipios, convirtiéndolo en el único proveedor en 778 rutas y afectando la competencia de más de 250 operadores.

¿Qué fallas encontró el regulador en los compromisos propuestos por Claro?

La CRC considera que cumplir obligaciones ya existentes no es una solución real y critica el uso de términos ambiguos, la vigencia limitada de los acuerdos y la falta de auditorías independientes para verificar el acceso a la red.

¿Qué condiciones recomienda la CRC para autorizar la operación?

Sugiere que se garantice un trato igualitario entre Claro y sus competidores, se mantengan los precios y niveles de servicio actuales, y se proteja la información comercial de otros operadores sin que estas medidas expiren automáticamente.