Gobierno levantó la situación de desastre nacional por variabilidad climática, pero mantiene el régimen especial

El presidente Abelardo de la Espriella firmó el Decreto 1776 del 12 de noviembre de 2026, con el que declara el retorno a la normalidad tras casi dos años de situación de desastre nacional por las lluvias y otros fenómenos climáticos. La medida no apaga los programas en marcha, pues las normas especiales seguirán aplicándose hasta completar la rehabilitación y la reconstrucción de las zonas afectadas en todo el territorio nacional.

Dos años bajo declaratoria de desastre

La situación de desastre nacional, que hoy llega a su fin administrativo, fue declarada originalmente el 13 de noviembre de 2024, durante el gobierno de Gustavo Petro, mediante el Decreto 1372 de 2024, por un término inicial de doce meses. Ante la persistencia de las emergencias, un año después, el 12 de noviembre de 2025, la medida fue prorrogada por un periodo igual a través del Decreto 1193 de 2025. Con la expedición del nuevo acto administrativo por parte del presidente De la Espriella, esa figura excepcional llega a su fin justo al cumplirse el ciclo de dos años.

En términos sencillos y legales, la declaratoria de desastre es una herramienta técnica y jurídica prevista en la Ley 1523 de 2012, la cual regula de manera integral la gestión del riesgo en Colombia. Mientras esta condición está vigente, el ordenamiento jurídico permite al Estado actuar con una celeridad superior a la ordinaria.

Esto incluye la facultad de realizar traslados presupuestales directos, contratar bienes y servicios mediante procedimientos mucho más flexibles y activar mecanismos extraordinarios para atender de forma inmediata a la población damnificada. El retorno a la normalidad decretado por el Gobierno Nacional significa que el país deja formalmente esa condición de excepcionalidad.

No obstante, es importante precisar que la misma Ley 1523 autoriza que algunas de esas reglas especiales se mantengan vigentes durante la etapa de recuperación, con el fin de no truncar los procesos de ingeniería y asistencia social que aún se encuentran en ejecución en las regiones más golpeadas por el clima.

Qué sigue vigente y el alcance del Plan de Acción

De acuerdo con el texto oficial divulgado por la Casa de Nariño, el régimen normativo especial habilitado para la emergencia "continuará aplicándose" en la medida en que sea estrictamente necesario para terminar las labores de rehabilitación y reconstrucción. En este escenario de transición, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) conservará la dirección y coordinación estratégica del Plan de Acción Específico (PAE) y del Plan de Recuperación Temprana (PRT).

El PAE, que fue ratificado y aprobado en la misma sesión del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo, posee una cobertura ambiciosa que abarca 778 municipios distribuidos en 31 departamentos del país. El desglose de la afectación muestra que 159 municipios fueron impactados directamente por el frente frío, mientras que otros 619 sufrieron estragos por diversos eventos asociados a la variabilidad climática general.

El costo estimado para la ejecución total de este plan asciende a la suma de $7,71 billones. De este gran total, $7,51 billones corresponden a la financiación de 63 proyectos de gran envergadura diseñados para atender los daños específicos del frente frío.

Los restantes $200.000 millones, aproximadamente, se han destinado a cubrir las contingencias derivadas de los demás eventos climáticos registrados en el periodo. Por su parte, el PRT, aprobado previamente en julio de 2026, mantiene una vigencia de dos años e incluye un portafolio de 70 planes y proyectos adicionales para la estabilización de las comunidades.

Auditoría externa y transparencia en los recursos

Dada la magnitud de los recursos públicos involucrados, el Decreto 1776 también establece un mandato claro de transparencia. La norma ordena que el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD), actuando a través de su sociedad fiduciaria, proceda con la contratación de una auditoría externa, que podrá ser de carácter nacional o internacional. El objetivo primordial es revisar minuciosamente el uso y la destinación de los recursos asignados al PAE.

Esta vigilancia externa se implementará sin perjuicio del control fiscal permanente que ejerce la Contraloría General de la República sobre los dineros del Estado. Cabe recordar que el antecedente más reciente de movilización de recursos extraordinarios se dio con el estado de emergencia económica, social y ecológica declarado en febrero de 2026. Dicha emergencia cobijó a los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, tras el devastador frente frío que golpeó la región Caribe y el noroeste del país entre el 31 de enero y el 6 de febrero.

En desarrollo de esa emergencia específica, el Decreto Legislativo 241 de marzo de 2026 adicionó la suma de $8,68 billones al Presupuesto General de la Nación. De esa partida presupuestal, un total de $6,34 billones se destinaron directamente a la UNGRD para fortalecer el músculo financiero del FNGRD y garantizar la atención de los damnificados en los departamentos mencionados.

La mirada puesta en El Niño y los retos futuros

El cierre formal de la declaratoria de desastre por lluvias coincidió con un cambio drástico en el panorama meteorológico de Colombia, en la misma sesión donde se analizó el Decreto 1776, el Consejo Nacional aprobó la estrategia nacional y el plan de preparación y respuesta ante el fenómeno de El Niño 2026-2027. Este giro implica pasar de la gestión de inundaciones y deslizamientos a la prevención de sequías e incendios.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) declaró oficialmente la llegada de El Niño el pasado 8 de octubre, las previsiones científicas indican que el fenómeno tendrá una intensidad entre fuerte y muy fuerte, extendiéndose al menos hasta marzo de 2027.

Se espera que el mayor impacto se sienta entre los meses de diciembre y marzo, lo que anticipa una temporada crítica de menos lluvias, un incremento sustancial en el riesgo de incendios forestales y una fuerte presión sobre los sistemas de abastecimiento de agua potable y la generación de energía eléctrica en el país.

Preguntas y respuestas de contexto

¿En qué consiste el Decreto 1776 firmado por el Gobierno?

El presidente Abelardo de la Espriella declaró el retorno a la normalidad tras dos años de situación de desastre nacional por lluvias, aunque mantuvo el régimen especial para terminar la reconstrucción en las zonas afectadas.

¿Qué pasará con los municipios que aún están en proceso de recuperación?

Se mantendrán las normas especiales de contratación y ejecución para 778 municipios en 31 departamentos, con un plan de acción que cuenta con una inversión estimada de 7,71 billones de pesos.

¿Cómo se garantizará la transparencia en el uso de estos recursos?

El decreto ordena la contratación de una auditoría externa, nacional o internacional, para vigilar la destinación de los fondos, sumado al control permanente de la Contraloría General de la República.