Corte Constitucional avaló la emergencia económica por el terremoto, pero blindó los recursos: no podrán usarse para tapar el déficit

La Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia emitió un pronunciamiento de gran calado jurídico y económico al declarar exequible el Decreto Legislativo 1261 del 19 de agosto de 2026. A través de esta norma, el Gobierno Nacional, bajo la administración del presidente Abelardo De La Espriella, había formalizado el estado de emergencia económica, social y ecológica con el objetivo de hacer frente a las devastadoras consecuencias derivadas del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto. La decisión del alto tribunal también integró la revisión del Decreto 1348 del 31 de agosto, el cual introdujo modificaciones específicas al ámbito territorial inicialmente contemplado para la aplicación de las medidas excepcionales.

El fallo de la corporación judicial se produjo con una mayoría contundente de siete votos a favor y uno en contra. La ponencia que lideró el debate estuvo a cargo del magistrado Juan Carlos Cortés González. Durante el proceso de deliberación, se registraron posturas particulares entre los togados: el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar optó por salvar parcialmente su voto, mientras que el magistrado Vladimir Fernández Andrade presentó una aclaración de voto respecto a los fundamentos de la decisión final.

La figura del estado de emergencia, consagrada en el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, representa una herramienta de carácter excepcional. Esta disposición faculta al jefe de Estado para emitir decretos con fuerza de ley de manera directa, omitiendo el trámite ordinario en el Congreso de la República, siempre que el fin sea conjurar una crisis de naturaleza grave e inminente que no pueda ser atendida mediante la legislación común. Debido a la potencia de estas facultades, la Corte Constitucional ejerce un control automático y de oficio para garantizar que la declaratoria se ajuste estrictamente a los requisitos de necesidad, proporcionalidad y legalidad.

En este sentido, el tribunal fue enfático al establecer condiciones innegociables para el uso de las herramientas derivadas de la emergencia. La restricción principal dictaminada por la Corte señala que los recursos financieros obtenidos o movilizados al amparo de este estado de excepción no pueden, bajo ninguna circunstancia, ser empleados para financiar el déficit fiscal de la Nación ni para sufragar gastos que no guarden una relación directa y causal con la calamidad pública. De igual manera, se prohibió el uso de estos fondos para intentar resolver problemas de carácter estructural o situaciones que ya existían antes del sismo del 10 de agosto. Entre estos problemas preexistentes, los reportes de prensa destacaron que la Corte hizo mención explícita a las deficiencias del sistema penitenciario y carcelario, las cuales no guardan relación con el evento sísmico.

Respecto a la aplicación geográfica de las medidas, la Corte Constitucional precisó que los beneficios y acciones de emergencia solo tendrán vigencia en aquellos municipios donde se hayan registrado afectaciones reales. Para validar dicha condición, se tomarán como base los reportes oficiales de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) o, en su defecto, aquellos lugares donde se logre demostrar técnicamente un impacto derivado del movimiento telúrico. Actualmente, la declaratoria de emergencia se extiende sobre 16 departamentos del territorio nacional, incluyendo zonas de Antioquia, Valle del Cauca, Chocó, Caldas, Risaralda, Santander y Cundinamarca.

Como parte de las disposiciones de control financiero, el alto tribunal ordenó al Ministerio de Hacienda realizar un recálculo detallado del costo total de la emergencia, así como de las adiciones presupuestales efectuadas. Para cumplir con este requerimiento, el Gobierno dispone de un plazo de 20 días hábiles a partir de la comunicación oficial del fallo. Adicionalmente, cada entidad estatal que haga uso de los recursos deberá emitir un acto administrativo que justifique de manera técnica y jurídica la imposibilidad de acudir a las vías ordinarias de financiación para las tareas de atención.

La Corte también impuso un esquema de transparencia riguroso. Se exigió que todos los recursos destinados a la emergencia sean manejados en una cuenta separada, permitiendo así mecanismos de seguimiento y trazabilidad absoluta. Esta información deberá estar disponible de forma permanente para los organismos de control, específicamente la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación. En el ámbito administrativo, se instó al Ejecutivo a concertar la financiación de las obras con las alcaldías y gobernaciones, manteniendo el respeto por la autonomía territorial y aplicando un enfoque diferencial que considere la edad, el género, la discapacidad y la pertenencia étnica de los ciudadanos damnificados.

Finalmente, el tribunal exhortó al Gobierno Nacional a diseñar y ejecutar un plan de recuperación plurianual para las fases de rehabilitación y reconstrucción. El objetivo de este exhorto es evitar que la recuperación del país dependa exclusivamente de las facultades extraordinarias y se integre en la planeación estatal a largo plazo.

El terremoto, cuyo epicentro se localizó en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, ha dejado un saldo trágico según el último balance de la UNGRD con corte al 10 de octubre. Las cifras oficiales dan cuenta de 335 personas fallecidas, 4.516 heridos y 103 ciudadanos desaparecidos. En cuanto a la infraestructura, se reportan más de 33.000 viviendas destruidas, afectando a cerca de 500 municipios en diversas regiones del país.

En el marco de la emergencia ahora avalada, el Ejecutivo ya ha expedido normas clave como el Decreto 1379, que dio origen al denominado Fondo Milagro, y el Decreto 1412, mediante el cual se adicionaron aproximadamente $624.656 millones al presupuesto general de la nación para la vigencia 2026. Mientras tanto, en el Congreso de la República avanza un proyecto de ley radicado por el Ministerio de Hacienda que busca fortalecer la estructura financiera de dicho fondo para garantizar la sostenibilidad de las ayudas.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué decidió la Corte Constitucional sobre la emergencia económica por el terremoto?

El alto tribunal declaró exequible la declaratoria de emergencia para atender las consecuencias del sismo de agosto de 2026, validando las facultades excepcionales del Gobierno.

¿Qué restricciones impuso la Corte al uso de los recursos?

Los fondos no podrán usarse para cubrir el déficit fiscal ni problemas estructurales previos, como la crisis carcelaria; solo deben destinarse a gastos directamente relacionados con la calamidad.

¿En qué zonas se aplicarán las medidas de emergencia?

Tendrán vigencia únicamente en los municipios de los 16 departamentos afectados donde se demuestren daños reales, según los reportes técnicos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

¿Qué medidas de transparencia se exigieron al Gobierno?

El Ministerio de Hacienda debe recalcular los costos en 20 días y manejar el dinero en cuentas separadas para garantizar el seguimiento de la Contraloría y la Procuraduría.