La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) culminó en Medellín una audiencia pública de verificación en la que revisó el cumplimiento de los compromisos adquiridos por siete máximos responsables que reconocieron su participación en 35 asesinatos y desapariciones forzadas ocurridos entre 1997 y 2007 en Dabeiba y otros municipios del noroccidente antioqueño.

La diligencia hizo parte de la etapa previa a la expedición de la quinta sentencia del tribunal, correspondiente al Caso Conjunto 03 y 04, conocido como Cementerio Las Mercedes de Dabeiba.

Durante las jornadas realizadas los días 25 y 26 de junio, la magistratura evaluó las acciones restaurativas desarrolladas por los comparecientes, así como los aportes de verdad entregados durante el proceso judicial. De acuerdo con la JEP, la información suministrada permitió la recuperación de 77 cuerpos de víctimas de desaparición forzada en el cementerio Las Mercedes, de los cuales 18 ya fueron identificados y entregados de manera digna a sus familiares.

La audiencia también permitió revisar los avances del modelo de Justicia Transicional Restaurativa impulsado por la JEP, entre los resultados destacados figuró la construcción de diez iniciativas restaurativas con la participación de víctimas y comunidades, además de varios proyectos ejecutados de forma anticipada por antiguos integrantes de la Fuerza Pública y de las extintas FARC-EP.

Entre esas iniciativas sobresalieron los proyectos Horizontes Seguros y Abriendo Caminos para la Reconciliación y la Paz, enfocados en labores de Acción Integral contra Minas Antipersonal y Educación en el Riesgo de Minas, con el propósito de beneficiar a miles de habitantes de diferentes municipios antioqueños.

Igualmente, hicieron parte de las acciones el programa ambiental 'Siembras de Vida' y la intervención artística 'Aquí Florece la Búsqueda de la Verdad', desarrollada en Dabeiba y Medellín.

Los magistrados señalaron que estas actividades serían valoradas como aportes tempranos dentro de la futura sentencia, al evidenciar avances concretos en la reparación y restauración del territorio.

Durante la diligencia, los siete comparecientes reiteraron su reconocimiento de responsabilidad y expusieron el proceso de transformación que afirmaron haber experimentado desde su sometimiento a la JEP. En sus intervenciones manifestaron que el contacto directo con las víctimas y la participación en proyectos restaurativos fortalecieron su compromiso con la verdad, la reparación y las garantías de no repetición.

Las víctimas también tuvieron un papel central durante la audiencia. Representantes de familiares de personas desaparecidas resaltaron la importancia de conocer la verdad sobre lo ocurrido y valoraron que el proceso hubiera permitido recuperar e identificar a varias de las personas reportadas como desaparecidas.

Asimismo, integrantes de organizaciones de víctimas destacaron la necesidad de mantener abiertos los espacios de memoria y de continuar promoviendo el esclarecimiento de los hechos ocurridos durante el conflicto armado.

Como resultado del proceso de diálogo desarrollado desde 2024, la Sección de Reconocimiento consolidó diez propuestas que formarían parte de la futura Sanción Propia.

Estas incluyeron proyectos de desminado humanitario, búsqueda de personas desaparecidas, intervención del cementerio Las Mercedes, adecuaciones en la Terminal del Norte de Medellín, obras artísticas de memoria, campañas para recuperar el buen nombre de las víctimas, publicaciones elaboradas con sus testimonios, mejoramiento de vías terciarias, reconstrucción de puentes y fortalecimiento de iniciativas productivas para las comunidades.

La Jurisdicción también anunció que el primer proyecto que sería ejecutado tras la imposición de la sanción correspondería a labores de desminado humanitario en municipios del noroccidente antioqueño, complementadas con iniciativas de memoria y reparación colectiva.

Concluida la audiencia, la Sección de Reconocimiento de Verdad inició el análisis de todos los elementos presentados para posteriormente emitir la sentencia que definirá la sanción correspondiente. Con esa decisión se resolvería la situación jurídica de los comparecientes que aceptaron su responsabilidad por crímenes de guerra y de lesa humanidad, dentro de un proceso orientado a garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

La JEP manifestó disposición de iniciar empalme con el gobierno de Abelardo De La Espriella