El abogado Juan Felipe Amaya, integrante del equipo de defensa de Santiago Uribe Vélez, se pronunció luego de que el Tribunal Superior de Antioquia confirmara en segunda instancia la condena contra el hermano del expresidente Álvaro Uribe por los delitos de homicidio y concierto para delinquir agravado. La decisión judicial, que impone una pena de 28 años de prisión, generó una fuerte reacción por parte de la defensa, que insiste en la inocencia del procesado.
Amaya calificó el fallo como “una injusticia mayúscula” y reiteró que, desde su perspectiva, Santiago Uribe es inocente de los hechos por los cuales fue sentenciado. El abogado señaló que, una vez conocida la decisión del tribunal, revisó la providencia de más de 300 páginas, de las cuales cerca de 160 corresponden a las consideraciones jurídicas que sustentan la condena.
Según explicó, ha estudiado el expediente durante 15 años, tiempo en el que, afirma, ha encontrado que la evidencia recaudada no respalda la acusación hecha en 2016, durante la administración del entonces fiscal general Eduardo Montealegre. De acuerdo con su análisis, la imputación carecería de solidez y se habría construido “sin fundamento y basada en falsos testigos”.
El abogado también recordó la sentencia de primera instancia emitida en 2024 por un juez especializado, quien absolvió a Santiago Uribe después de un estudio que se extendió por casi tres años. En ese fallo inicial, el despacho judicial descartó la credibilidad de los cuatro testigos directos que, según la Fiscalía, vinculaban al procesado con el grupo paramilitar conocido como Los Doce Apóstoles y con un homicidio ocurrido en Yarumal.
Amaya señaló que la decisión del Tribunal Superior de Antioquia se apoya, entre otros elementos, en testimonios de respaldo ofrecidos por exjefes paramilitares, los cuales, afirmó, no constituyen pruebas directas y, en su criterio, no tendrían el peso suficiente para justificar una condena. No obstante, evitó profundizar en detalles específicos del análisis técnico para no interferir en los recursos que presentarán ante las altas cortes.
Para la defensa, el fallo de segunda instancia presenta “banderas rojas” relacionadas con la valoración probatoria. Según Amaya, estas señales reflejarían vacíos o inconsistencias en la lectura de los elementos del proceso, lo que, a su juicio, ameritaría un examen exhaustivo por parte de la Corte Suprema de Justicia. Recalcó, además, que la pena impuesta, debido a la edad del condenado, equivaldría en la práctica a una pena perpetua, razón por la cual —sostiene— el estudio de la sentencia debe ser especialmente riguroso.
El abogado anunció que el equipo jurídico interpondrá los recursos extraordinarios correspondientes para que la Corte Suprema revise la decisión del tribunal. Señaló que confían en que la alta corporación examine minuciosamente cada elemento del expediente y restituya, según dijo, la inocencia de su defendido.
