La defensa de la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, solicitó formalmente que la juez que lleva su proceso en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres se apartara del expediente, al considerar que no existían garantías de imparcialidad.

El abogado Mauricio Camacho argumentó que su defendida habría sido sometida a presiones y a un trato que, según su versión, afectó su integridad durante el desarrollo de las audiencias. Sobre el tema, sostuvo que se había evidenciado una “enemistad” por parte de la autoridad judicial, lo que habría derivado en una situación de tensión dentro del proceso.

Como sustento de su solicitud, la defensa señaló episodios ocurridos en audiencia en los que Ortiz habría manifestado sentirse afectada por la forma en que se desarrollaban las diligencias, al punto de expresar frases de angustia durante su intervención, según el abogado, estos hechos reflejaron un nivel de presión que consideró incompatible con un juicio equilibrado.

La defensa también insistió en que la exfuncionaria habría sido “constreñida” en el escenario judicial y que su comportamiento en audiencia evidenció un estado de afectación emocional, razón por la cual consideró necesario que otro despacho asumiera el caso para garantizar transparencia.

Ortiz permanece privada de la libertad desde diciembre de 2023 en una guarnición militar en Bogotá, mientras avanza el proceso en su contra por los hechos relacionados con el escándalo de la UNGRD.

En el mismo expediente, la Fiscalía le imputó los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, señalando su presunta participación en la entrega y gestión de recursos dirigidos a congresistas en el marco de presuntas irregularidades en la entidad. 

De acuerdo con la investigación, estos hechos habrían ocurrido en 2023 y estarían relacionados con el direccionamiento de decisiones legislativas, la defensa, sin embargo, además denunció que Ortiz habría sido objeto de presiones para declarar contra funcionarios del Gobierno, lo que ella interpretó como un posible trasfondo político del proceso, de acuerdo a su versión, se le habría advertido sobre consecuencias judiciales si no aportaba determinados señalamientos o pruebas.

El caso continuó en etapa de audiencias preparatorias, mientras el Tribunal Superior de Bogotá evalúa la recusación presentada, que definirá si la juez se mantiene o no al frente del proceso.

Esta no es la primera vez que Ortiz hace una crítica o pedidos al ente investigador. El pasado 21 de abril, su defensa cuestionó nuevamente el manejo del proceso judicial relacionado con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y solicitó la intervención de la Procuraduría General de la Nación, al advertir posibles irregularidades en los beneficios judiciales otorgados a dos exdirectivos de la entidad.

El abogado de Ortiz envió una carta al procurador Gregorio Eljach en la que pidió que el Ministerio Público se opusiera a la aplicación de principios de oportunidad concedidos al exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y al exsubdirector, Sneyder Pinilla.

Según la defensa, la Fiscalía habría otorgado un trato “exagerado” de credibilidad y protección a ambos exfuncionarios, pese a que ellos mismos habían aceptado su presunta participación en el caso. En ese sentido, se advirtió que sus declaraciones podrían haber influido en decisiones judiciales, incluso ante la Corte Suprema de Justicia.

El documento también cuestionó un preacuerdo entre la Fiscalía y Olmedo López que fue posteriormente rechazado por una Magistrada, quien habría señalado omisiones en la imputación de delitos como el peculado. Para la defensa, esa situación fue calificada de “inusual”.

Asimismo, se hizo referencia a una denuncia por presuntos falsos testimonios y fraude procesal presentada por el abogado Jaime Lombana, en la que se sostiene que informes elaborados por los exdirectivos y peritos contratados habrían contenido información falsa utilizada como prueba en el proceso.

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