Con la proximidad de las elecciones presidenciales, nuevamente entra en la conversación ciudadana la Ley 996 de 2005, más conocida como Ley de Garantías Electorales, una norma que impone restricciones a la contratación estatal y al manejo de recursos públicos durante los meses previos a los comicios.

En términos sencillos, la medida tiene como propósito evitar que funcionarios y entidades públicas utilicen recursos del Estado para favorecer campañas políticas o candidatos, garantizando así condiciones de equilibrio en la competencia electoral.

Aunque suele asociarse únicamente con la prohibición de contratar, la Ley de Garantías también contempla limitaciones sobre la nómina pública, el uso de bienes estatales y la participación de servidores públicos en actividades políticas.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente; para el ciclo electoral 2025-2026 habrá dos fechas clave que marcarán el inicio de las restricciones.

La primera comenzó el 8 de noviembre de 2025, día desde el que quedó prohibida la celebración de convenios interadministrativos que impliquen ejecución de recursos públicos entre entidades territoriales y sus entes descentralizados. Cabe aclarar que esta restricción aplicará para gobernaciones, alcaldías, institutos descentralizados y demás entidades territoriales.

Posteriormente, desde el 31 de enero entró en vigor la restricción general a la contratación directa para todas las entidades estatales del país, lo que significa que las entidades públicas no podrán suscribir contratos directos sin convocatoria pública, salvo en los casos expresamente autorizados por la ley.

En ambos casos, las limitaciones se mantendrán hasta el 31 de mayo, fecha en la que se hará la primera vuelta presidencial, pero si la elección requiere segunda vuelta, las restricciones se extenderán hasta el 21 de junio, ambas fechas son claves por eso se deben tener muy en cuenta.

La Misión de Observación Electoral (MOE) explica que la ley busca impedir que el aparato estatal sea utilizado para influir en el voto ciudadano. Por ello, las restricciones no solo recaen sobre la contratación pública, sino también sobre actuaciones administrativas que puedan traducirse en ventajas políticas.

Entre las principales prohibiciones se encuentra la firma de convenios interadministrativos con recursos públicos durante el periodo electoral, pero también quedó restringida la contratación directa, un mecanismo mediante el cual las entidades celebran contratos sin procesos abiertos de competencia.

La norma igualmente prohibió utilizar bienes públicos para actividades proselitistas, inaugurar obras con presencia de candidatos o realizar eventos oficiales que puedan interpretarse como respaldo político.

En materia de empleo público, la Ley de Garantías limitó las modificaciones de nómina para evitar el uso clientelista de cargos estatales, por lo que, durante los periodos de restricción, no se podrán crear, suprimir ni proveer empleos de manera discrecional, salvo en situaciones excepcionales previstas por la ley.

Según la MOE, y esto es muy importante, los funcionarios públicos tampoco podrán presionar a sus subalternos para respaldar campañas políticas ni ofrecer beneficios laborales o administrativos a cambio de apoyos electorales.

Sin embargo, la ley no paraliza completamente la actividad contractual del Estado. En este sentido, Colombia Compra Eficiente recordó en su sitio web que sí podrán adelantarse procesos mediante licitación pública, concursos de méritos, selección abreviada y mínima cuantía.

Asimismo, continúan permitidos los contratos relacionados con defensa y seguridad del Estado, atención de emergencias sanitarias o educativas, desastres naturales y reconstrucción de infraestructura afectada por atentados o situaciones de fuerza mayor.

También se podrán prorrogar, adicionar o modificar contratos celebrados antes de la entrada en vigencia de las restricciones, por último, la MOE advirtió que el incumplimiento de la Ley de Garantías podía generar consecuencias disciplinarias y penales. 

Estas sanciones incluyen multas, inhabilidades para ejercer cargos públicos e incluso penas de prisión contempladas en el Código Penal colombiano, igualmente, la legislación también establece controles sobre medios de comunicación y encuestas electorales. 

Dado que durante las campañas, los medios deberán garantizar pluralismo y equilibrio informativo, mientras que las firmas encuestadoras tienen obligaciones técnicas y restricciones sobre la publicación de sondeos en los días previos a las elecciones.

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