Ciudades capitales alertaron colapso nacional del sistema de salud y exigen acciones inmediatas al Gobierno

La crisis de la salud en Colombia alcanzó un punto crítico en las ciudades capitales, que hoy se declaran como el epicentro del deterioro operativo y financiero de la Nueva EPS, la aseguradora más grande del país. Durante una reunión extraordinaria convocada por Asocapitales, los secretarios y secretarias de salud de más de 25 capitales emitieron un fuerte pronunciamiento en el que advierten que la situación configura una “vulneración masiva y continua de derechos fundamentales” y que millones de personas están en riesgo por fallas en la prestación de servicios esenciales. 

El informe técnico presentado detalla cifras alarmantes: la deuda de la Nueva EPS pasó de $5,42 billones en 2022 a $21,37 billones en 2025, existen 22 millones de facturas sin auditar, y ya se evidencia una “ruptura en la cadena de medicamentos” junto con la suspensión y restricción de servicios médicos. Además, la EPS acumula obligaciones superiores a $21 billones, según datos citados por los secretarios. 

Las ciudades capitales, que concentran más del 70 % de los servicios especializados del país, están afrontando la peor parte del colapso. Bogotá reportó 1.943 quejas por fallas en la atención entre enero y septiembre de 2025, mientras la deuda con la red pública saltó de $35.000 millones a más de $90.000 millones. 

Gerson Bermont, secretario de Salud de la capital, calificó la situación como “una irresponsabilidad total” y advirtió que “la siniestralidad está desbordada”. Sostuvo que el incremento en los indicadores financieros de EPS intervenidas, como Famisanar y la Nueva EPS, está golpeando directamente a los pacientes. 

En Valledupar, la secretaria Jaide Medina aseguró que “hoy nuestro sistema está completamente colapsado; la entrega de medicamentos está cerrada en su totalidad”, hecho que anticipa una ola de pacientes más graves y con menor posibilidad de recuperación en las próximas semanas. 

Cali también enfrenta un escenario crítico. Su secretario, Germán Escobar, afirmó que la situación no es aislada, sino una crisis sistémica: “pacientes con interrupciones de tratamientos, hospitales sin recursos y tensiones crecientes en los servicios de urgencias”. 

Puerto Carreño vive uno de los panoramas más dramáticos del país. Su secretaria de Salud, Blanca Mirian Rey, aseguró que “muchos pacientes fallecen antes de poder recibir atención médica oportuna”, pues el acceso es exclusivamente aéreo y los recursos sanitarios son extremadamente limitados. 

No habrá silencio institucional 

En un documento público, los secretarios de salud declararon que “la crisis de la Nueva EPS es un hecho innegable” y que las fallas están generando “interrupción de tratamientos de cáncer, diálisis, enfermedades crónicas y salud mental”, además de riesgo de muerte por falta de atención oportuna, colapso en urgencias y aumento de tutelas. 

Asimismo, exigieron al Gobierno Nacional implementar de inmediato un plan de choque, garantizar el flujo directo de recursos a los prestadores y un cronograma público de pagos antes de finalizar 2025. También solicitaron una revisión integral de la intervención estatal a la Nueva EPS y protección reforzada para los hospitales públicos. 

Las ciudades acordaron dos rutas colectivas: 

1. Adhesión a la acción popular interpuesta por Medellín, ya admitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia y que busca obligar el pago de deudas a hospitales y clínicas. 

1. Presentación de una declaratoria de estado de cosas inconstitucionales en salud, respaldada por un análisis técnico y jurídico. 

En palabras de los secretarios: “No aceptaremos la normalización de la crisis. No permitiremos que la falta de decisiones nacionales ponga en riesgo la vida de los ciudadanos. No seremos espectadores pasivos”. 

Las ciudades capitales insistieron en que el país se encuentra ante una emergencia sanitaria de gran escala y que el Gobierno debe actuar de inmediato para evitar un colapso mayor del sistema de salud.