Fiscalía ocupa bienes atribuidos a Charlie Zaa por presuntos vínculos con las AUC

Medida de extinción de dominio sobre bienes del artista

La Fiscalía General de la Nación informó que adelantó un proceso de ocupación con fines de extinción de dominio sobre varios bienes que, de acuerdo con la investigación, hacen parte del patrimonio del cantante Carlos Alberto Sánchez Ramírez, conocido artísticamente como Charlie Zaa.

Los activos intervenidos fueron avaluados en más de 45.000 millones de pesos e incluyen un centro comercial, dos establecimientos de entretenimiento nocturno y un hotel ubicados en los municipios de Girardot, en Cundinamarca, e Ibagué, en el departamento del Tolima.

Según el ente investigador, estas propiedades estarían relacionadas con una presunta operación de lavado de activos vinculada al extinto Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización armada ilegal que actuó en esa región del país durante el conflicto armado.

La investigación apunta a recursos del Bloque Tolima

De acuerdo con la información suministrada por la Fiscalía, la investigación señala que el exjefe paramilitar Diego José Martínez Goyeneche, conocido con el alias de Daniel, habría diseñado un esquema para ocultar recursos provenientes de actividades ilícitas mediante inversiones en bienes inmuebles.

El objetivo de esa estrategia, según el expediente, habría sido dar apariencia de legalidad a esos capitales y evitar que fueran destinados a los procesos de reparación integral de las víctimas del conflicto armado.

Las autoridades sostienen que para desarrollar esa operación se habrían utilizado intermediarios encargados de movilizar los recursos e incorporarlos al mercado legal mediante distintas inversiones inmobiliarias.

La Fiscalía precisó que estos elementos hacen parte del proceso que actualmente se adelanta dentro de la jurisdicción de Justicia y Paz.

Inspecciones y análisis técnicos respaldan la medida

Para sustentar la solicitud de extinción de dominio, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizó diversas diligencias sobre los bienes objeto de la investigación.

Entre las actuaciones desarrolladas se encuentran inspecciones judiciales, análisis financieros, estudios registrales, peritajes contables y la recolección de testimonios, con el propósito de establecer la trazabilidad de los recursos utilizados para la adquisición de las propiedades.

De acuerdo con la entidad, el conjunto de pruebas recopiladas permitió identificar indicios que, según la investigación, vinculan estos activos con un entramado destinado a ocultar recursos provenientes del paramilitarismo.

La Fiscalía indicó que estas actuaciones buscan esclarecer el origen de los bienes y determinar si efectivamente fueron utilizados para el lavado de activos relacionados con estructuras armadas ilegales.

El proceso continúa en etapa judicial

La medida adoptada corresponde a una decisión de primera instancia emitida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá.

Esto significa que el proceso aún no ha concluido y que las partes involucradas conservan el derecho de presentar los recursos judiciales previstos en la legislación colombiana.

La Fiscalía recordó que las medidas cautelares decretadas pueden ser objeto de apelación y que será la jurisdicción competente la encargada de adoptar una decisión definitiva sobre el futuro de los bienes.

Mientras el proceso avanza, las propiedades permanecerán bajo las medidas de ocupación decretadas por las autoridades judiciales.

Los bienes podrían destinarse a la reparación de víctimas

En caso de que la decisión quede en firme al finalizar el proceso judicial, los inmuebles pasarían a ser administrados por el Estado a través del Fondo para la Reparación de las Víctimas.

Este mecanismo hace parte de las herramientas previstas por la justicia transicional para recuperar bienes que, presuntamente, tuvieron origen en actividades ilegales desarrolladas por grupos armados organizados y destinarlos a la reparación de quienes resultaron afectados por el conflicto.

La Fiscalía reiteró que la actuación conocida corresponde exclusivamente a una medida judicial dentro de un proceso de extinción de dominio y que será la autoridad competente la que determine, una vez agotadas todas las etapas procesales, si los bienes deben incorporarse de manera definitiva al patrimonio destinado a la reparación de las víctimas del conflicto armado colombiano.