(OPINIÓN) ¿Los comunistas impondrán sus planes para el Museo Nacional blandiendo el garrote de la JEP? Por: Eduardo Mackenzie

Saben que es una batalla importante, un desafío en el terreno cultural que el gobierno de Abelardo de la Espriella les ha lanzado en buena hora y que temen perder, pues la cultura le pertenece a los mamertos, o eso es lo que ellos creían.

Entonces recurren al manotazo judicial. Quieren mostrar sus músculos y evadir la discusión de fondo. Así, de un juez de asuntos de familia al que habían acudido contra el Museo Nacional este 19 de octubre, pasan ahora a exhibir un peso pesado: la JEP. En otras palabras: de la justicia ordinaria intentan saltar a un aparato judicial impopular, anormal o, como ellos dicen, “especial”.

Han hecho salir a la JEP en defensa, no ya de los monstruosos jefes de las FARC, sino de unos objetos, afiches y retratos de la subversión armada que habían instalado durante el gobierno de Petro en el Museo Nacional y que estaban en vías de vendernos como una parte del patrimonio nacional. Nada menos.

El hecho es que la JEP se inmiscuye y trata de torcerle el brazo al Ministerio de Cultura y al Museo Nacional por el retiro de unas “obras” sobre el llamado “conflicto armado”. Ese pedido de la JEP es insólito y prueba que la ofensiva es desesperada.

La JEP utiliza las palancas que más conoce: el lenguaje, el conjuro y la intimidación. Dice que el Museo Nacional al retirar ciertas “obras”, está insultando “a las víctimas”. Que el museo debe conservar los testimonios, fotografías y objetos vinculados con las “víctimas del conflicto armado en Colombia”. Y decreta que esas “víctimas” han quedado bajo la “estricta revisión” de la JEP. ¿Por qué razón, en virtud de qué norma? De ninguna. Solo por capricho de la JEP.

Hacer frases sobre las víctimas es arriesgado para la JEP. ¿Cuándo las víctimas del narcoterrorismo fueron protegidas por la JEP? Nunca. Ellas fueron abandonadas por la dispendiosa JEP. Pregúntenles a las asociaciones de víctimas.

El magistrado Raúl Eduardo Sánchez, de la JEP, se queja de que el Ministerio de Cultura retiró “piezas museográficas esenciales”, de “personas desaparecidas” y que ese acto “afecta los derechos de las víctimas y de sus familiares” y exige que el Museo y el ministerio redacten informes exhaustivos sobre los “elementos intervenidos”.

El juez de la JEP no indica de qué “personas desaparecidas” se trata. La JEP intenta obligar al Museo Nacional y al Ministerio de Cultura a que confiese su delito, mediante el truco de ordenarle que responda en cuestión de horas a su “requerimiento de información”.

Lo que es muy discutible. Si la JEP acusa de algo al Museo Nacional ella debería disponer de esa información, al menos en su requisitorio, en lugar de ir a la pesca de información. En derecho procesal, la carga de la prueba recae en el ente acusador. La JEP exige lo contrario.

¿Tratan los promotores de esa operación contra el Ministerio de Cultura utilizar al magistrado Sánchez para montar un nuevo caso falso y de largo aliento de “personas desaparecidas” como el que montaron, en noviembre de 2005, los operadores del M-19, con ayuda de una fiscal politizada, contra los militares, como el coronel Alfonso Plazas Vega, que vencieron a los terroristas del M-19 que habían tomado e incendiado el Palacio de Justicia de Bogotá y asesinado a decenas de magistrados?

La JEP, a través de la prensa, dejó ver qué es lo que pretende hacer: “La magistratura analizará transcribe un diario, si las intervenciones en las salas del Museo Nacional cuentan con una justificación técnica válida o si, por el contrario, vulneran la prohibición constitucional de censura y comprometen las garantías de reparación y no repetición.”

No olvidemos que la JEP intentó, en diciembre de 2020, convertirse en el máximo tribunal de justicia de Colombia, por encima de la CSJ y de la Corte Constitucional, mediante una proclama de su presidente, Alejandro Ramelli Arteaga, sobre la imaginaria “prevalencia en el ordenamiento jurídico” de Colombia, aunque el acto legislativo 01 de 2017 nunca dijo eso (1).

El Museo Nacional es un monumento nacional y un bien de interés cultural. Es una Unidad Administrativa Especial sin personería jurídica. Por ende, su actividad (administración, representación legal, contratación y presupuesto) depende directamente del Ministerio de Cultura (2).

El Museo Nacional no puede prosperar si no es sobre esa base legal que protege su libertad. La JEP no puede hacer el papel de sustituto del administrador legal del Museo, con el truco de lanzar órdenes y amenazas penales contra las autoridades de tutela por actos de “censura” imaginarios y no probados.

No le resultó bien a la JEP cuando, impulsada por Iván Cepeda, amenazó, en mayo de 2020, con fuertes sanciones al historiador Darío Acevedo Carmona, director del Centro Nacional de Memoria Histórica en esa época, sentencia que fue quebrada por la Procuraduría Nacional.

Reiteramos: el Museo Nacional no puede ser transformado en instrumento de propaganda sediciosa ni en cátedra desde la que una minoría fanática exalta la violencia.