PAE 2027: Gobierno proyecta $3,1 billones y apunta a alimentar al 88% de los estudiantes de colegios oficiales

Coberturas y metas

De acuerdo con la proyección de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender (UApA), entidad que orienta el programa a nivel nacional, la cobertura llegó al 85% en julio de 2026. Para 2027, la meta es alcanzar el 88% de los estudiantes matriculados en el sector oficial.

“Tenemos que mantener, fortalecer y buscar mecanismos que nos permitan potenciar este gran programa, que se ha constituido en uno de los mecanismos para evitar la deserción escolar e impulsar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo”, afirmó la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos.

Durante la reunión, los territorios expusieron las dificultades para operar el programa en zonas rurales y dispersas, donde la geografía y las condiciones logísticas complican la llegada de los alimentos a las sedes educativas. El Ministerio señaló que atender esos problemas operativos y avanzar en las metas de cobertura son prioridades centrales, y que buscará definir metas verificables con las entidades territoriales.

Lo que muestran los datos independientes

El anuncio coincide con un diagnóstico más crítico publicado en agosto por el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Pontificia Universidad Javeriana. Su Informe No. 145, que analizó los reportes de operación de la UApA entre 2022 y 2025, señala que la cobertura oficial pasó del 76% en 2022 al 81,8% en 2025.

Sin embargo, el LEE advierte que el resultado depende de cómo se cuente la matrícula. Si se toma como base el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), con 7.238.119 estudiantes en el sector oficial, la cobertura de 2025 habría sido del 77% y no cercana al 82%. El informe también registra que el número de beneficiarios bajó de 5.851.769 en 2022 a 5.598.409 en 2025, es decir, 253.360 estudiantes menos.

Las brechas territoriales son otro punto de atención. Al cierre de 2025, solo 16 de los 33 departamentos superaban el promedio nacional, y la distancia entre Chocó (99,2%) y Casanare (48,2%) era de 51 puntos porcentuales. Además, a mayo de 2025, 60 de las 97 ETC no habían demostrado el cumplimiento de la meta de cobertura fijada para 2024. El estudio concluye que la meta de cobertura universal planteada en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 no se alcanzó.

Experiencias regionales

En contraste, algunos territorios reportan avances. La Secretaría de Educación de Arauca informó en septiembre que el programa atiende al 100% de la matrícula oficial de sus siete municipios, con más de 54.000 estudiantes, y que la Asamblea Departamental aprobó vigencias futuras por más de 23.200 millones de pesos para garantizar la alimentación escolar en 2027.

Un programa descentralizado

Desde el Decreto 1852 de 2015, la operación del PAE está a cargo de las entidades territoriales certificadas, que contratan a los operadores con recursos de la Nación y propios. Por esta razón, la continuidad del servicio al inicio del calendario escolar de 2027 dependerá de que gobernaciones y alcaldías adelanten a tiempo sus procesos de contratación. Paralelamente, el Ministerio recordó que las secretarías de Educación deben expedir antes del 1 de noviembre los calendarios académicos de 2027 para los colegios de calendario A, según la Circular 052 de 2026.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Cuál es la meta de cobertura y el presupuesto proyectado para el PAE en 2027?

El Gobierno Nacional busca alcanzar el 88 % de los estudiantes matriculados en colegios oficiales, destinando una inversión de 3,1 billones de pesos para fortalecer la permanencia escolar.

¿Qué disparidades regionales y retos operativos presenta el programa?

Existen brechas críticas entre departamentos como Chocó, con un 99,2 % de cobertura, y Casanare, con solo el 48,2 %, además de dificultades logísticas para llegar a zonas rurales dispersas.

¿Quiénes son los responsables de garantizar que el servicio funcione desde el inicio del año escolar?

La operación está a cargo de las alcaldías y gobernaciones, las cuales deben adelantar los procesos de contratación a tiempo para evitar interrupciones en el suministro de alimentos.