(OPINIÓN) Manoseando el honor. Por: María Clara Posada

Algunas palabras definen una vida. Para un militar, honor es una de ellas. Se le inculca desde su formación. El uniforme representa una responsabilidad, la palabra compromete su dignidad y sus actos pueden honrar o deshonrar generaciones. El honor termina convertido en conciencia, incluso cuando nadie observa.

Los países necesitan soldados dispuestos a defenderlos, pero también hombres cuyas armas estén gobernadas por principios. El honor distingue la fuerza del abuso, la obediencia de la complicidad y el valor de la crueldad. MacArthur lo resumió: “Deber, honor, patria”. No es casual que la última defensa judicial de Jorge Eliécer Gaitán, horas antes de su asesinato, fuera la del teniente Jesús María Cortés, acusado de matar al periodista Eudoro Galarza. Gaitán construyó su alegato sobre la sensibilidad militar frente a la deshonra. Aquella absolución, discutible desde el derecho contemporáneo, dejó una reflexión perdurable que es que el honor constituye parte esencial de la identidad del soldado. Francia conoció otra tragedia, de la que escribí recientemente, con Alfred Dreyfus. En 1895 le arrancaron las insignias y le quebraron el sable tras condenarlo por traición. Once años después fue rehabilitado. La ceremonia destinada a destruir su honor terminó simbolizando la deshonra de sus juzgadores.

Estas historias adquieren especial significado ante el trato denunciado por militares ante la JEP. Existe una sanción invisible en las sentencias: La degradación simbólica anticipada. Oficiales que conquistaron sus grados durante décadas denuncian que algunos magistrados los llaman únicamente por sus apellidos, negándoles el rango que, en realidad, representa mucho más que un título, con tonos despectivos y con evidente desprecio por el uniforme. Lo que para un civil parece insignificante, para un militar representa una afrenta. Cada grado encierra sacrificios, responsabilidades y una trayectoria de servicio. Pero esa degradación comienza mucho antes del estrado y se alimenta de una cultura política que ha convertido al uniformado en adversario ideológico.

El lenguaje revela esa hostilidad: “milicos” y “tombos”, expresiones que sustituyen al servidor público por una caricatura y convierten el desprecio en una costumbre. La repetición termina naturalizando el prejuicio. Lo más grave sería que quien durante su juventud aprendió a mirar a los militares como “milicos” y a los policías como “tombos”, y posteriormente desarrolló su carrera en la defensa de los derechos humanos, terminara sentado en un tribunal juzgando precisamente a quienes antes despreciaba. No porque la defensa de los derechos humanos implique prejuicio alguno, sino porque ninguna especialización jurídica borra automáticamente las convicciones personales.

El derecho penal exige examinar conductas, pruebas y responsabilidades individuales; la criminalística reconstruye hechos. Ambas disciplinas demandan una disposición distinta de aquella que comienza identificando culpables antes de investigar. Esta preocupación alcanza, claro está, el diseño de la JEP. Su mecanismo de selección abrió espacio a especialistas en derechos humanos sin exigir exclusivamente formación penal y procesal. El enfoque de los derechos humanos privilegia el examen de las obligaciones estatales, pero puede resultar insuficiente si se convierte en la única perspectiva para juzgar un conflicto armado.

Cuando las convicciones juveniles sobreviven intactas bajo la investidura judicial, el prejuicio corre el riesgo de adquirir autoridad institucional. La pregunta es inevitable: ¿se examinó suficientemente la capacidad de los aspirantes para desprenderse de sus antiguas convicciones y juzgar imparcialmente a quienes habían considerado adversarios? La independencia judicial exige más que carecer de compromisos partidistas. Exige también la capacidad de reconocer y controlar los propios prejuicios. La justicia transicional no puede construir una equivalencia moral automática entre quienes atacaron al Estado y quienes tenían el deber constitucional de defenderlo.

Investigar responsabilidades individuales es indispensable; desacreditar colectivamente a las Fuerzas Militares sería una injusticia. El uniforme no concede inmunidad. Quien cometió crímenes debe responder. Pero ninguna responsabilidad puede establecerse mediante humillaciones o presunciones colectivas y mucho menos, mediante risas sarcásticas, burlonas o hasta cómplices.