(OPINIÓN) Del discurso al poder: los diez desafíos del nuevo gobierno. Por: Bernardo Henao Jaramillo

Hasta ayer podían discutirse discursos, promesas y estrategias de campaña. Desde hoy solo habrá un criterio de evaluación: los resultados. Su discurso de posesión dejó, además, una ventaja y una obligación. La ventaja es que el nuevo Presidente no se limitó a fórmulas generales: anunció decisiones concretas en materia fiscal, económica, de seguridad e institucionalidad. La obligación es evidente: desde este momento esas palabras pueden medirse contra los hechos.

Gobernar es infinitamente más complejo que hacer campaña. La oposición encuentra explicaciones; el gobierno está obligado a producir soluciones. Ese será el verdadero examen del nuevo Presidente.

 1. Conocer y ordenar el Estado que recibe

El Presidente afirmó que su primer deber será “poner la casa en orden” y denunció graves irregularidades en el manejo de los recursos públicos durante la administración anterior.

La primera tarea debe ser una auditoría técnica, financiera, presupuestal y contractual que establezca con precisión la situación real de las finanzas públicas, la contratación estatal, las obligaciones adquiridas y los compromisos que recibe la nueva administración. Si existen hechos de corrupción, deberán documentarse y trasladarse a las autoridades competentes. Si existen desequilibrios fiscales, deberán cuantificarse. Gobernar exige partir de cifras y expedientes, no de impresiones.

 2. Recuperar la economía y la confianza

El discurso confirmó una orientación económica clara: respaldo a la empresa privada, recuperación de la inversión, simplificación tributaria, fortalecimiento del sector de hidrocarburos y una política dirigida a devolverle confianza a quienes producen y generan empleo.

No existe política pública sostenible sin recursos. La reactivación económica, la generación de empleo, la estabilidad fiscal y el crecimiento serán el principal termómetro del gobierno. El Presidente prometió que invertir nuevamente en Colombia será una decisión segura y rentable. Ahora deberá demostrarlo con reglas estables, seguridad jurídica y resultados medibles.

También anunció el fortalecimiento de Ecopetrol, la ampliación de la exploración de petróleo y gas y la posibilidad de desarrollar fracking responsable y sostenible.

 3. Reducir el gasto y demostrar que el Estado puede funcionar mejor

Uno de los anuncios más concretos de la posesión fue el congelamiento del gasto público. Es una señal políticamente fuerte en medio de las restricciones fiscales, pero congelar no equivale todavía a reformar.

La promesa de reducir el tamaño del Estado y fusionar o eliminar entidades será una de las primeras pruebas de credibilidad. El país no necesita únicamente un Estado más pequeño; necesita uno más eficiente. Si la reforma administrativa termina siendo un cambio de nombres, una redistribución burocrática o una poda sin criterios técnicos, el objetivo habrá fracasado. La austeridad, por tanto, tendrá que distinguir entre burocracia innecesaria y política social eficaz.

 4. La reforma tributaria ya dejó de ser una hipótesis

 La reforma tributaria no es ya una posibilidad futura: fue anunciada en el discurso de posesión. El Presidente planteó simplificar el régimen tributario, estimular la inversión y eliminar el impuesto al patrimonio.

 Magnífica la noticia de quitar el impuesto al patrimonio. Pero el verdadero examen estará en el conjunto de la reforma. Colombia necesita recaudar sin seguir castigando la inversión, la formalización y la generación de empleo. Tan importante como definir de dónde saldrán los recursos será demostrar que el Estado está dispuesto a gastar mejor.

 La combinación entre congelamiento del gasto, reforma tributaria y estímulos a la inversión deberá ser fiscalmente consistente. No bastará con anunciar alivios: el Gobierno tendrá que explicar cómo cerrará las brechas presupuestales sin trasladar el costo a los mismos contribuyentes de siempre.

 5. Recuperar la seguridad: el desafío más inmediato

En seguridad, el discurso fue inequívoco. El Presidente declaró agotada la etapa de negociación con las estructuras criminales y ordenó a la Fuerza Pública combatirlas. También anunció una ofensiva contra los cultivos ilícitos y el narcotráfico.

Los ciudadanos esperan resultados desde el primer día. La recuperación del control territorial, la reducción de homicidios, extorsiones y secuestros, el fortalecimiento de la Fuerza Pública y la protección efectiva de la población serán probablemente la evaluación más inmediata de esta administración.

La retórica de autoridad puede producir respaldo político, pero la seguridad se mide en territorio. Cada municipio recuperado, cada corredor liberado de estructuras criminales y cada reducción sostenida de delitos tendrá más valor que cualquier discurso. Al mismo tiempo, toda política de seguridad deberá mantenerse dentro de la Constitución y de la ley.

 6. Reconstruir la política exterior alrededor del interés nacional

 El nuevo gobierno empieza a perfilar una política exterior distinta. Durante la posesión anunció la incorporación de Colombia al Escudo de las Américas y planteó una diplomacia orientada a la seguridad, la inversión y la apertura de mercados. También ha insistido en recomponer alianzas deterioradas durante los últimos años.

 La relación con Estados Unidos, el fortalecimiento de los vínculos con Europa, el restablecimiento de relaciones con Israel, el manejo de la crisis venezolana, la integración regional y la atracción de inversión extranjera exigirán equilibrio, prudencia y capacidad de negociación.

 La política internacional no puede responder a simpatías ideológicas ni a confrontaciones personales. Debe convertirse en un instrumento para generar comercio, cooperación, seguridad y desarrollo. El discurso marcó la dirección; ahora corresponde construir una diplomacia profesional capaz de ejecutarla.

 7. Gobernar desde las regiones sin fragmentar el Estado

 La descentralización fue uno de los ejes reiterados de la posesión. De La Espriella prometió gobernar desde las regiones y combatir el denominado “bogocentrismo”, dentro de una visión que pretende dar mayor capacidad de decisión a los territorios.

 La idea puede fortalecer la presencia del Estado y acercar el poder ejecutivo a las regiones. Sin embargo, también plantea interrogantes sobre coordinación institucional. Bogotá no solo es la capital política: allí funcionan el Congreso, las altas cortes, los organismos de control, el cuerpo diplomático y buena parte de la administración nacional.  Descentralizar no puede significar desordenar

 8. La JEP y la justicia: crítica política dentro de límites institucionales

 El discurso despejó una incógnita importante. El Presidente reiteró sus críticas a la Jurisdicción Especial para la Paz y cuestionó que la justicia pueda convertirse en un mecanismo de indulgencia, pero simultáneamente reconoció los límites jurídicos que protegen a esa jurisdicción y prometió respeto por la independencia judicial.

 Ese equilibrio será puesto a prueba muy pronto. Los procesos de la JEP que involucran a altos oficiales en retiro y otros agentes del Estado por hechos relacionados con el conflicto armado continuarán produciendo decisiones de enorme impacto político e institucional.

El Gobierno tiene derecho a promover reformas dentro de los mecanismos constitucionales. Lo que no puede hacer es sustituir a los jueces ni convertir sus decisiones en una confrontación entre poderes. La forma como el Ejecutivo maneje esa tensión será observada tanto en Colombia como en el exterior.

 9. Construir gobernabilidad sin abrir una crisis institucional

 Quizás uno de los mensajes más relevantes del discurso fue el compromiso expreso con la Constitución, la separación de poderes, la independencia judicial y las garantías para la oposición. También descartó abrir el camino a una asamblea constituyente.

 Ese compromiso debe convertirse en método de gobierno. Las reformas estructurales no se aprueban únicamente con legitimidad electoral. El diálogo con el Congreso, los gobernadores, los alcaldes, el sector privado, las altas cortes y los distintos actores sociales será determinante para convertir el programa de gobierno en políticas públicas.

Gobernar implica construir mayorías sin renunciar a los principios, pero también sin transformar cada diferencia en una batalla institucional. Si el Gobierno logra mantener la firmeza de sus convicciones dentro de las reglas democráticas, habrá dado una señal importante de estabilidad.

10. Cambiar definitivamente el discurso por resultados

 Este será, probablemente, el desafío que englobe a todos los demás.

El discurso de posesión fue ambicioso. Habló de orden, autoridad y libertad; de austeridad, inversión y energía; de regiones, meritocracia, lucha contra la corrupción y respeto institucional. Precisamente por eso, desde ahora existe una hoja de comparación mucho más exigente.

 Los ciudadanos no evaluarán este gobierno por la contundencia de sus intervenciones públicas ni por la intensidad de sus debates políticos. Lo harán por la evolución de la economía, la recuperación de la seguridad, la estabilidad institucional, el prestigio internacional del país, la calidad de los servicios públicos y la capacidad de mejorar la vida cotidiana de millones de colombianos.

En política, las palabras sirven para ganar elecciones. En el gobierno, únicamente los resultados construyen legado.

 La historia no juzgará esta administración por lo que prometió durante la campaña ni por lo que proclamó durante la posesión, sino por lo que logre ejecutar. Porque el tiempo de las promesas terminó el 7 de agosto.

 Ahora comienza el tiempo de gobernar.